El Ministerio de Energía y Minas está creando potencialmente 16 nuevos conflictos sociales y este documento lo confirma

Consulta Previa y el difícil camino de hacerlo real. Foto: Manuel Medina / La República

Una de los primeras cosas que hizo Ollanta Humala cuando asumió la Presidencia fue cumplir su promesa de promulgar la Ley de Consulta Previa. Sin embargo, desde ese lejano setiembre del 2011 y hasta la actualidad, la Consulta Previa se convirtió en letra muerta.

Las comunidades étnicas que tienen derecho a Consulta Previa se encuentran en la Base de Datos de Pueblos Indígenas que creó el Ministerio de Cultura, una lista de 54 pueblos originarios. Aún no está terminada pero es un documento referencial.

Sin embargo, hay que precisar que estas comunidades no están circunscritas a un solo distrito o territorio. Por ejemplo, el caso de los pueblos aimaras que están en esta base, se menciona que se encuentran en departamentos tan dispersos como Moquegua, Tacna y Arequipa. Y, además, para tener información sobre los aimaras (y esto es importante) se usó el Censo de Población y Vivienda 2007.

Es decir, cada vez que el Minem (Ministerio de Energía y Minas) quiere promocionar un proyecto minero (digamos, Tía María o Conga) no solo debería ver la Base de Datos de Pueblos Indígenas, sino también el Censo de Población y Vivienda, porque es ahí donde se encuentra información sobre dónde se encuentran las poblaciones indígenas.

Pero el Minem no lo está haciendo. Esto no es novedad. Se sabe que el Minem es el sector, dentro del gobierno, que sistemáticamente se ha opuesto a reconocerle este derecho a los pueblos indígenas.

Y este Oficio de la Defensoría del Pueblo, que le llama la atención, lo confirma.

La parte central de este documento advierte que la Dirección General de Minería del Minem ha emitido 16 resoluciones directorales que autorizan el inicio de actividades de exploración minera en zonas donde hay población indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2007.

Esto quiere decir que el Minem está creando 16 potenciales conflictos sociales. Más Tías Marías, más Congas.

Pero lo peor han sido la forma en que el Minem lo ha hecho. Presten atención:

1. Las sospechosas renuncias al derecho de Consulta Previa

¿Consulta Previa, la gran mentira? Foto: elcomercio.pe

Una de las primeras publicaciones que había advertido sobre las jugadas del Minem para hacer que las poblaciones indígenas «renuncien» a su derecho a Consulta Previa fue La Revista Agraria. Esta es la modalidad que se estaría usando.

«Ahora, y de manera singular, lo que decide la implementación de este derecho son las actas comunales entregadas al Minem por las mismas empresas mineras. En estas actas, las comunidades supuestamente afirman que las actividades extractivas no afectan su calidad de vida o su desarrollo, sus derechos colectivos ni su identidad cultural.» 

Pero lo más sospechoso de todo viene aquí, la forma en la que estas «actas» estaban redactadas con términos jurídicos impecables.

«Con actas, al parecer redactadas impecablemente y con una técnica jurídica envidiable, varias comunidades campesinas y nativas de Cusco, Puno, Áncash, Cajamarca y Apurímac han declinado su condición de indígenas».

Por supuesto, esto también llamó la atención de la Defensoría del Pueblo que le recordó al Minem que el derecho a la Consulta Previa no se puede renunciar.

«Tanto nuestro ordenamiento jurídico como la jurisprudencia constitucional sobre la materia, prevén expresamente que los derechos fundamentales como la identidad cultural y étnica son irrenunciables y no pueden sufrir limitación voluntaria».

Y, además, la Defensoría se sorprende por la enorme pasividad con la que el Minem acepta estas «actas», cuando su labor también consiste en investigar si las poblaciones indígenas están realmente bien informadas sobre una decisión tan importante como iniciar un proyecto minero.

«Llama la atención que el Ministerio de Energía y Minas no haya realizado una mayor evaluación e investigación de los factores que llevaron a las comunidades a renunciar a su derecho de identidad cultural, teniendo en cuenta el impacto que genera en ellas la desigualdad de poder durante sus negociaciones con la empresa».

En este caso, estamos hablando de cinco comunidades que, según el Minem, habrían «abandonado» su condición de pueblos indígenas: Cancahuani (Cusco), Corani (Puno), Huilcay (Ancash), Los Naranjos (Cajamarca) y Nueva Esperanza de Mollepiña (Apurímac).

2. El documento fantasma del Ministerio de Cultura

Esta es más o menos la imagen de lo que realmente está pasando. Imagen: Genio Carlín.

En este caso, la Defensoría del Pueblo advierte que el Minem ya ha aprobado nueve resoluciones para iniciar actividades de exploración minera en lugares donde sí hay pueblos indígenas.

«Es importante señalar que el Ministerio de Energía y Minas no habría tomado en cuenta sobre su evaluación que, en las zonas donde se desarrollan dichos proyectos mineros, hay presencia de comunidades campesinas con alto porcentaje de población de habla indígena«.

La excusa del Minem, en este caso, es que el Ministerio de Cultura le habría dicho que en estas nueve comunidades no existen poblaciones indígenas. Sin embargo, la Defensoría revisó la información del Minem para justificar estos casos y nunca encontró el supuesto documento del Ministerio de Cultura.

«La Defensoría del Pueblo no ha podido identificar, en los expedientes administrativos que sustentan el otorgamiento de la autorización de inicio de las actividades de exploración minera, copia de los oficios o de la información electrónica remitida, según la cual el Ministerio de Cultura habría sostenido la no existencia de las poblaciones indígenas en las zonas de los referidos proyectos mineros».

Es decir, el Minem está citando un documento fantasma, que no ha acreditado en sus expedientes técnicos. Aquí el Ministerio de Cultura debería responder a esto porque se le está acusando de permitir exploraciones mineras en lugares con poblaciones indígenas.

3. El Minem siempre tiene la razón

Cuando Humala creía en la Consulta Previa. Foto: diariolaprimeraperu.com

E incluso cuando el Ministerio de Cultura le dice claramente al Minem que en otros lugares donde quiere promover actividad minera sí existen poblaciones indígenas, el Minem no le cree. Pero sí le cree a las consultoras de los proyectos mineros que aseguran que ningún derecho colectivo está siendo vulnerando.

«En dos resoluciones directoriales revisadas, se indica que el Ministerio de Energía y Minas habría recibido información oficial por parte del Ministerio de Cultura -ente rector y técnico en materia de interculturalidad- que señala que los proyectos «Antamayo» y «Hierro Aymaraes» hay presencia de población indígena en las comunidades campesinas».

Y para parecer imparcial, el Minem manda a hacer una consultoría técnica para determinar si se está vulnerando algún derecho o no. Y, ¡oh, sorpresa! Estos informes le dan la razón a las consultoras de los proyectos mineros. Cuando, recordemos, el Ministerio de Cultura es el ente rector en estos casos.

Este llamado de atención de la Defensoría del Pueblo ya tiene varios meses y el Minem ni se ha pronunciado. Pero, antes de que comiencen a gritarles antimineros, lentejares a los de la Defensoría, vamos a recordarles un aspecto importante que también dice el oficio de la Defensoría.

«Es válido que, en atención a su libre determinación, un pueblo indígena decida beneficiarse de un proyecto extractivo aprobado por el Estado».

Pero aquí la discusión es otra. Aquí la discusión es si realmente el gobierno de Ollanta –el mismo que aprobó y prometió esta ley– quiere o no quiere que las comunidades decidan sobre su futuro mediante la Ley de Consulta Previa. Con el actuar del Minem, parece que no. Y luego no se quejen por los futuros conflictos sociales que están germinando.