Alan vs. Laura

¿Tienen derecho los presidentes a evitar que en el canal del Estado se propague basura lo que sea? ¿El presidente también puede ser programador de televisión? Ésta es la pregunta de fondo en este tema de Correa censurando a la Bozzo y Alan, como de costumbre, a favor del control de los medios.

Dice Fritz du Bois que, con sus declaraciones, García revela que puede convertirse, cuando le dé la gana, en gerente de programación del canal del Estado:

Más aún, para él no parece existir la autonomía editorial o la necesidad de lograr, para justificar su existencia, que el canal tenga algo de credibilidad en la población. ¿Se imaginan si algún británico le creería algo a la BBC, si el primer ministro pudiera decidir su programación?

Hace dos meses, el flamante presidente del IRTP anunció que, finalmente, se le otorgaría autonomía al canal nombrando un directorio compuesto por personalidades independientes. Lamentablemente, esa declaración, que fuera tan bien recibida, hasta hoy no se materializa. Esto nos lleva a sospechar que se está dando marcha atrás, posiblemente para mantener bajo control partidario –durante el periodo electoral– al canal estatal.adsfa

Por otro lado, el Canal 7 es financiado por los contribuyentes y su propiedad no ha sido adquirida ni por el Partido Aprista ni por el presidente García. Así que dicho canal de televisión no es del gobierno de turno, sino que sigue siendo de todos los peruanos.

Ojo con el penúltimo párrafo. Me chismean que, efectivamente, hace varias semanas Ricardo Ghibellini le presentó al presidente una terna de independientes (entre los que estaban Vásquez Kunze -que ya había declinado-, Antonio Zapata, Agustín Figueroa) que hasta ahora no ha sido aprobada. En cambio, la imposición de Apdayc en Radio Nacional, como admitió el propio Massé ante Jorge Bruce, sí tuvo una rápida y directa intervención de García.

Por supuesto que Laura no debería estar en televisión estatal (en ninguna televisión, en realidad). Ése no es el problema. El problema es quién administra los controles de calidad en los medios que todos pagamos. ¿Y si los contribuyentes tampoco queremos a Massé en las ondas estatales, con quién nos quejamos?

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