Lo que nadie te está contando sobre esa ley que «regula» a los taxis de aplicación

Los taxis de aplicación llevan varios años entre nosotros. En su momento (y hasta ahora) los usuarios los abrazaron como una solución al problema de la inseguridad. Pero no arreglaron nada porque seguían siendo informales. Pronto aparecieron los casos de asaltos, acoso, persecución e incluso violaciones y agresiones sexuales. No es que antes no existieran, pero ahora los problemas se complejizaron. Ahora, con la ley de «regulación» que el Congreso ha aprobado, existe una promesa de cambio. Pero no se está atacando otro problema (que es más grave).

Pero empecemos por lo «bueno» (que se ha hecho a medias).

El problema que quieren resolver

Empezamos a usar taxis de aplicación bajo la idea de que —por tener el nombre del conductor, la placa del auto y estrellas como puntaje— era un servicio más seguro. Al tiempo descubrimos que no era cierto, pero nos vino de yapa un agravante: las empresas se exoneraban de las responsabilidades civiles y penales bajo la excusa de ser «intermediarias» del servicio prestado. Decían que si el conductor te hacía algo pues era tu rollo. Ellos solo se dedican a facilitar la conexión entre usuario y chofer. Por supuesto, esto es —perdonen el portugués— una pendejoada: el consumidor contacta con la empresa y la empresa cobra una comisión. ¿Cómo se van a limpiar las manos tan fácilmente?

Infografía: El Comercio

Peor aún, luego descubrimos también que la mayoría es bastante laxa con sus exigencias mínimas: no revisan el historial del conductor, no se piden requisitos mínimos ni tampoco se revisa físicamente la unidad. Los usuarios creían y confiaban en que estas personas que los recogían habían pasado por algún tipo de evaluación o capacitación. Entonces, a estas alturas ya estaba claro que esto estaba necesitaba ser regulado, ¿no?

Bueno, está claro para todos menos para Jaime de Althaus desde su burbuja en Barranco. Foto: Captura / Twitter

Y claro, los taxistas formales de Lima —que, como poema de Vallejo, «son pocos, pero son»— se quejaron: a ellos se les han exigido pasar por revisiones, pagar tasas, cumplir con capacitaciones e incluso portar un carnet (por el que también pagan) para ser regulados por el Servicio de Taxi Metropolitano (Setame). O sea, además de tener empresas que funcionan sin ningún tipo de regulación en favor de la protección de sus usuarios, también les damos una clara ventaja frente a taxistas que han pasado por un proceso de acreditación.

Y no es que nuestro actual sistema de taxis funcione. El punto es ese: no funciona y la llegada de los taxis de aplicación no ayudaron en nada para mejorarlo. Obvio, no era su chamba.

¿Y qué dice la nueva ley?

Estos son los cuatro puntos relevantes de la norma aprobada por el Congreso a la que aún le falta un reglamento (que esperamos se apruebe pronto) para que pueda ser aplicada:

• Registro: Para realizar el servicio de taxi por aplicativo, las empresas —supuestas intermediarias del servicio— deben registrarse ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si no lo hacen, serán sancionadas.

• Responsabilidad: Las empresas serán responsables solidarios de cualquier afectación o perjuicio a los pasajeros, lo que no reemplaza las responsabilidades penales o civiles que correspondan.

• Conductores: Cada nuevo conductor debe ser reportado a un registro en línea del MTC, compartido por el Indecopi y los ministerios del Interior y de Justicia.

• Data: Las empresas y los conductores no pueden usar tu información personal para fines que no sean el servicio de transporte.

El problema es que esto no es suficiente.

¿Qué? ¿Por qué?

Los taxis que no van también protestan. Foto: El Comercio

Porque el proyecto ha legalizado una actividad informal, no la ha formalizado. Nos cuenta Cynthia Yamamoto —amiga de este útero— que en un proyecto inicial se había previsto que el servicio de taxi por aplicativo lo puedan brindar solo empresas que ya están registradas, con vehículos autorizados y conductores inscritos.

Y «conductores inscritos» incluye también que estos tengan una licencia profesional y un seguro de accidentes de tránsito de servicio público por la mayor exposición al riesgo que tiene esta actividad (no son igual que un auto particular). Sin embargo, la norma precisa que será el MTC el que regulará esto a través de un reglamento para implementar un registro:

[Con el registro] las administradoras de las plataformas deberán verificar que sus taxistas afiliados cumplan con los requerimientos básicos que exige la ley para quienes brindan servicio de transporte público, tales como el permiso de operación, licencia de conducir, SOAT, CITV, peso y cilindrada del vehículo. Cualquier dato adicional de los operadores del servicio deberá ser actualizado en el Registro.

Lo que esto quiere decir es que está en manos del MTC que los taxis de aplicación se formalicen y asuman sus responsabilidades frente a eventuales denuncias. Pero TODOS se están olvidando del otro problema.

El verdadero problema

Recuérdenlo: en Lima todo siempre puede estar peor. Composición: Utero.pe

Como ya lo dijeron los amigos de Peruanos De a Pie en su momento, el principal problema de no regular los taxis de aplicación de manera apropiada es que se sobredimensiona la flota de autos que prestan este servicio. Si el servicio de taxi por aplicación es —de un momento a otro— una actividad libre, ¿qué nos protege de la inminente saturación de nuestras vías? Cómo dice Cynthia Yamamoto, se está respondiendo a una lógica de mercado, pero no se está considerando que el espacio público es limitado. No hay espacio para tanto taxi.

Durante la gestión anterior, en el 2012, la municipalidad de Lima los registró por primera vez y cerró el padrón en 150 mil taxistas, disponiendo que ni un vehículo más pueda ser inscrito. Varios choferes se fueron al Callao, dondo les dieron permiso para circular también por Lima. Luego vino Castañeda y retrocedió con las pequeñas iniciativas de reforma del transporte. Para abril de 2016, Lima tenía 5 veces más taxis que cualquier otra capital de Latinoamérica. 21 taxis por cada 1,000 habitantes. Más que en Santiago de Chile, Buenos Aires e incluso que Madrid. De hecho, a la fecha, tenemos 200 mil taxis circulando y solo necesitamos 75 mil.

Esta nueva norma no establece un límite para la flota que debe tener cada empresa. Volvemos a lo que decíamos antes: se está legalizando una actividad sin regularla. Ni el Congreso ni el MTC son conscientes que, por culpa de su lobby en aras del beneficio privado de estas empresas, le hacen daño a la ciudad: más congestión, más contaminación, más propensión a accidentes.

Ahora, ¿la solución es desaparecer taxistas? Pues tampoco. Sabemos que son muchísimas las personas cuyos ingresos dependen de esta actividad, pero no regularla tampoco es la solución porque en este país nada se arregla por si mismo. El problema es la informalidad, venga en forma de aplicación o no. Por eso, lo único que nos queda claro es que la reforma del transporte es cada vez más urgente.