Esta es la historia completa de las explosiones en la clínica Ricardo Palma

Foto: La República

En el 2011, la señora Victoria Aguirre Oviedo se atendía en la clínica Ricardo Palma por sus constantes dolores de cabeza. Quería saber cuál era el origen de sus migrañas. Tras varios exámenes y pruebas, los doctores descubrieron lo peor: la señora Oviedo tenía un tumor cerebral. Lo recomendable, en este caso, sería someterla a una craneotomía.

Según su esposo, Alejandro Benites, al día siguiente de la operación, a la señora Oviedo «se le hinchó la cabeza, no hablaba y perdió la vista». La paciente tuvo que volver a ser operada ya que, según la denuncia interpuesta por los hijos ante Indecopi, «quedó con un hematoma cerebral y tuvo que ser intervenida por segunda vez». Al poco tiempo, Victoria murió.

La familia de la señora Oviedo, principalmente los hijos, pidió una sanción contra la clínica. Ellos aseguraban que los médicos no habían hecho lo necesario para curar a su madre y que habían cometido negligencia médica. Indecopi les dio la razón y le impuso una multa de S/330,000 a la clínica pero, según el padre, nunca la pagaron. Ellos querían ver presos a los médicos responsables y para ello continuaron con el proceso en el Poder Judicial.

Los años pasaron y la sanción no llegaba. En mayo del 2016, el juez del Segundo Juzgado Penal para Procesos con Reos Libre de la Corte Superior de Lima, Luis Sánchez Gonzales, emplazó a los denunciados José Manuel Américo Drago Silva, Luis Ojeda Medina, Luis Michilot Ramos, Luis Rodriguez Baez y Fernando Veliz Vilcapoma para comparecer en la audiencia por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas graves, en agravio de la señora Aguirre. 

El proceso continuó por varios años sin que nadie fuera sancionado y sin que la multa fuera cancelada. Al final prescribió.

Los hijos, según el padre, intentaron reunirse varias veces con el director de la clínica pero eran rechazados, «basureados» sin permitir ningún tipo de diálogo. El martes 24 de julio del 2018, a las diez de la mañana, Claudia Rocío Benites Aguirre y Lenin Alexander Benites Aguirre fueron a intentar dialogar por última vez con el director de la clínica. Al verse nuevamente impedidos, detonaron dos explosivos: uno en los baños del área del laboratorio clínico y otro en el estacionamiento del segundo sótano.

Las explosiones dejaron al menos 35 heridos, dos de ellos de gravedad, uno de ellos el autor del crimen.

Foto: El Comercio/Hugo Pérez

Los rumores y las hipótesis invadieron las redes sociales y algunas redacciones. Primero se habló de un ajuste de cuentas, luego de la explosión de un balón de gas o de un vehículo estacionado. Simultáneamente a la publicación de sus nuevos audios con César Hinostroza Pariachi, el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, realizó una visita inesperada a la clínica y se adelantó a las investigaciones refiriéndose al hecho como un «aparente atentado terrorista».

| Fiscal Chávarry se refiere como a un “aparente atentado terrorista” a explosión en clínica Ricardo Palma.

Según primeros indicios, un hombre y una mujer han sido intervenidos tras ser los posibles responsables de este atentado. Ambos permanecen custodiados en la clínica. pic.twitter.com/zkW0zGEqWk

— Capital (@Capital967) 24 de julio de 2018

Al día siguiente se comprobó que los autores fueron los hermanos Benites Aguirre. El general PNP, Gastón Rodríguez, informó que todo se trató de «una venganza privada». Los hermanos llevaron chalecos antibalas y explosivos camuflados en mochilas. Lenin, el hermano, detonó un explosivo antes de tiempo, Claudia, la hermana, no se alejó lo suficiente. Actualmente, ambos se encuentran en cuidados intensivos. 

“Tienen heridas en el rostro, cuello y tórax, y la mujer, además de todo eso, también tiene afectadas las piernas. Esta última estaba cerca de donde ocurrió la explosión en el laboratorio y no ha sido reconocida ni como trabajadora ni como paciente de la clínica”, dijo Rodríguez Limo.

Anoche, la clínica Ricardo Palma publicó un comunicado anunciando que ya se encuentran operativos «gracias al esfuerzo y trabajo conjunto de los médicos, colaboradores y autoridades». Sobre el caso de los hermanos Benites Aguirre, la clínica se abstuvo de comentar.

Según el abogado José Alejandro Godoy, los hermanos Benites podrían ser denunciados por exposición al peligro, lesiones graves y tentativa de homicidio, enfrentando una pena de entre 15 a 35 años de cárcel.