Algunas aclaraciones sobre el caso de la niña que murió luego de un aborto clandestino producto de una violación
Escribe: Brenda Álvarez*
El pasado 30 de noviembre, la muerte de una niña (a la que llamaré «M») en Chiclayo nos estremeció. Ella, con tan solo 11 años, tuvo que enfrentar el abandono de su familia, la indiferencia de su escuela, las violaciones sexuales a las que fue sometida por sus familiares, un embarazo producto de la violación y, por último, un aborto inseguro que le produjo una hemorragia que terminó por apagar su vida.
El Ministerio Público viene investigando los hechos por los delitos de violación sexual, aborto y exposición a la persona al peligro. Hasta la fecha, las personas implicadas en la comisión del aborto inseguro son los tíos, quienes habrían estado al cuidado de la niña alrededor de dos años. El primo, de 18 años de edad, hijo de estos últimos, es investigado por el delito de violación sexual.
La defensa legal de los investigados ha ido tentando diversas estrategias para atenuar la responsabilidad penal de las personas implicadas.
- En un primer momento, se negó la existencia del embarazo y la práctica del aborto.
- Seguidamente, y al no tener éxito con sus argumentos, sostuvo que no hubo violación sexual ya que el primo mantenía una relación sentimental con «M» desde enero, cuando ella tenía 10 años
- Además, la niña aparentaba tener más edad de la que en realidad tenía.
Esta última argucia legal fue la que más indignación generó, pues intenta trasladar la responsabilidad a la víctima con el objetivo de encontrarla culpable o participe de los vejámenes que padeció. Estrategia por demás absurda.
Un acto sexual con una niña de 10 años es considerada, siempre, así haya consentimiento, como violación sexual. «M» convivía desde los 9 años con su primo en casa de sus tíos. Él conocía su edad y hacer alusión al desarrollo corporal de «M» no tiene cabida.
El inciso 2 del artículo 173 del Código Penal establece que el mantener relaciones sexuales con una niña de entre 10 a 14 años de edad será sancionado con 30 a 35 años de privación de la libertad, la misma que puede agravarse a cadena perpetua de existir posición de cargo o vínculo familiar que le impulse a depositar confianza entre el agresor y la víctima. En este caso, la sanción que debería imponerse es la más drástica.
Sin embargo, un elemento que no se debe perder de vista es la edad del, hasta ahora, presunto agresor. Quien, a la fecha de la comisión de los hechos de violación sexual, habría tenido 17 años. Este detalle plantea un abordaje judicial diferenciado ya que, en estos casos, la sanción máxima a interponerse de hallarlo culpable es de 10 años según el artículo 236 del Código de Niños y Adolescentes. Es decir, el recuperaría su libertad a los 28 años.
El acusado.: Marcio Núñez Criollo. Imagen: Correo
Hay una pregunta que en Promsex nos hicimos desde que conocimos el caso: ¿La muerte de «M» se pudo evitar? Concluimos que sí. «M» fue una niña, entre muchas, abandonada por su familia y por el Estado. Si la escuela hubiera cumplido un rol protector quizás habría alertado de los hechos de violación sexual y el embarazo de «M», entonces hoy ella estaría con vida.
Si «M» hubiera conocido que podía acceder a un aborto terapéutico, ya que a su edad la gestación y el parto ponían su vida en grave riesgo, quizás habría pedido ayuda y no hubiera perdido la vida debido un aborto inseguro.
Si bien hasta el momento los tres implicados en la comisión de este crimen se encuentran detenidos, lo cierto es que la actuación Fiscal debe realizar una labor más diligente en la investigación de modo que este crimen no quede impune:
Ello implica desterrar los estereotipos que pretende incorporar la defensa de los investigados respecto a «M».
Como sociedad nos enfrentamos a una dolorosa realidad en la que el machismo tiene entre sus principales víctimas a las niñas. Cada vez son más los adolescentes perpetradores de crímenes contra niñas y adolescentes y esto debe llamarnos poderosamente la atención sobre todo en un contexto en el que se discute los contenidos de la política educativa nacional, la cual, sin duda, debe incidir en una educación para la igualdad libre de machismo, para que ninguna niña más sea violentada por alguna persona.
