noticias Miércoles, 4 marzo 2015

No solo se trata de Hugo Bustíos. Otro caso puede acabar con los sueños presidenciales de Urresti.

Ayer, el exministro del Interior Daniel Urresti publicó en su cuenta de Twitter cómo ha empezado su trabajo como «soldado raso» en las bases del Partido Nacionalista.

Aparentemente muy bonito todo. Se va armando la campaña para el 2016.

Aparentemente muy bonito todo. Se va armando la campaña para el 2016.

Sin embargo, estas podrían ser sus únicas actividades como nuevo representante del nacionalismo. De acuerdo al estatuto de esta organización política, los que tengan procesos judiciales abiertos están impedidos de postular a cargos dirigenciales o públicos.

Es decir, adiós al sueño del exministro. En realidad, después de leer esta entrevista de Diario16 al fiscal Luis Landa, a cargo del caso de Hugo Bustíos, imaginamos que puede estar teniendo pesadillas. Landa pone los puntos sobre las íes y explica por qué acusa a Urresti de ser el autor mediato de este crimen. Además, revela que estaría implicado con otro caso, uno de tentativa de asesinato. Con esto, las aspiraciones presidenciales terminarían y a Urresti solo le quedaría afrontar sus juicios.

 

Las razones del fiscal

Foto: La República

Foto: La República

El fiscal Landa ha pedido 25 años de cárcel para Urresti por «asesinato con gran crueldad y por explosión» en agravio de Hugo Bustíos. Esto, precisa, es considerado como crimen de lesa humanidad. También se suma otro delito: tentativa de asesinato contra Eduardo Yeny Rojas Arce.

Urresti, en entrevista con Lúcar, dijo que no lo podían acusar de algo que no pasó porque como S2, jefe de inteligencia del Batallón Contrasubversivo de Castropampa (Huanta), «no decidía a quién asesinaban». Señaló que si bien era del Estado Mayor, también era el capitán menos antiguo por lo que tenía superiores de los que recibía órdenes.

Landa, sin embargo, precisa:

Era el número dos de esa base militar, después de Víctor La Vera. Era así parte de la élite de la Jefatura del Estado Mayor Operativo; entonces Urresti tuvo pleno conocimiento del execrable asesinato de Bustíos. Él no puede alegar que estuvo encerrado en su oficina y que se enteró al día siguiente del asesinato de Bustíos, porque ninguna patrulla actúa sin orden superior.

Sobre la supuesta venganza de Vidal Sambento -como dijo Urresti con Lúcar-, Landa aclaró que eso es ajeno a su investigación y que los testimonios fueron los que corroboraron y terminaron incriminando al exministro. Además, se ha sumado el hecho que Urresti no investigó la emboscada militar a Bustíos.

 

El caso Bustíos no sería el único

Gulp. Foto: La República

Gulp. Foto: La República

Ahora el exministro deberá un juicio oral que podría durar entre cuatro y cinco meses. El Poder Judicial decidirá cuando empieza.

Pero, cuenta Landa en Diario16, este no sería el único caso por el que Urresti deberá responder a la justicia. Informó que también está implicado en la tentativa de asesinato de Sonia Lizbeth Muñoz Cuadros.

El exministro será llamado como testigo en juicio oral, en que está acusado su propio exjefe Víctor La Vera, por la tentativa de asesinato, en 1988, de la ayacuchana Sonia Muñoz, quien fue torturada. Al final de este juicio podría incluso determinarse que Urresti sea incriminado en este caso.

Las elecciones son el otro año…

 

No necesita la subasta

Mientras tanto, el exministro insiste en su «subasta por juicio» y en su Twitter ha publicado esto:

subasta

Cuidado con los hackers.

Parece que Urresti cree que no estamos algo informados. En su blog, Jose Alejandro Godoy aclara que como exmilitar involucrado en un juicio por derechos humanos, el Estado le paga un abogado.

Como han recordado Jo Marie Burt y Carlos Rivera, desde septiembre de 2006, el Estado paga la defensa de los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. En aquella fecha – no exento de controversia – se promulgó el Decreto Supremo 061-2006-PCM, emitido al inicio del segundo gobierno de Alan García.  Dos años más tarde, esta norma fue reemplazada por el Decreto Supremo 022-2008-DE/SG. La lógica es que el Estado pague por la defensa de quienes sirvieron en su nombre.

Mejor guarde todo.