Estos son tres hechos que muestran la indiferencia del Estado frente a las denuncias de Edwin Chota contra la tala ilegal

La tala ilegal se está convirtiendo en Marca Perú. La ONG Survival ya anunció que por estos madereros peruanos, tribus de no contactos podrían desaparecer. Hasta ha hecho un llamado a los gobiernos de Brasil y de nuestro país a hacer algo para evitar esto. Sin embargo, antes que se lancen campañas internacionales como esta, hubo alguien que pidió hacer algo con esta problemática: Edwin Chota. 

Edwin Chota con su hijo. Foto: Amazon Watch

Luego de conocer el asesinato de este líder asháninka de Saweto y tres hombres de su comunidad, todos los ojos se centraron precisamente en esas mafias de la tala ilegal en Ucayali, contra las que tanto luchaba. No era gratis esta presunción. No solo porque esta actividad ilícita tiene mucha presencia en la Selva, sino porque Chota venía denunciado una serie de amenazas contra su vida desde hace años.

De hecho, en abril del 2013 lo hizo en un vídeo, pidiendo protección para toda su comunidad, una zona olvidada en la frontera con Brasil: decía que los madereros tenían armamentos y que realmente su vida estaba en peligro por su constante lucha por la titulación de sus tierras. Pero esta no fue la única vez que lo hizo, también lo anunció en un informe que publicó The New York Times. Estos son tres datos que debes saber para entender todo lo que está detrás del asesinato de Chota:

1. En junio estuvo en Lima pero ahí quedó

Foto: The New York Times

Cuando se confirma que Edwin Chota y tres asháninkas fueron asesinados en la frontera con Brasil, la Defensoría del Pueblo fue una de las primeras instituciones del Estado en pronunciarse. No solo lamentó la muerte del líder y sus compañeros, sino que recordó que la última semana de junio de este año, Chota estuvo en Lima con un grupo de dirigentes para pedir protección por sus derechos fundamentales y por la extrema ausencia del Estado en esta zona fronteriza.

Frente a ello, la Defensoría del Pueblo convocó el 6 de junio a una reunión en su sede entre dichos dirigentes y los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los Ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores, Agricultura y Riego, Defensa, Desarrollo e Inclusión Social y Ambiente, así como con el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. El objetivo de la cita fue coordinar la atención de las demandas de la dirigencia indígena.

En la reunión, los asháninkas denunciaron las amenazas de los madereros y las autoridades se comprometieron a atender sus principales preocupaciones: la titulación de sus tierras, la superposición con el Bosque de Producción Permanente de Ucayali, la falta de servicios públicos básicos y la tala ilegal de madera dentro de sus territorios comunales.

La misma Defensoría, en su comunicado, ha reconocido que los sectores del Estado mencionados prometieron evaluar este caso y visitar la localidad de Saweto para atender sus demandas. Lamentablemente, solo OSINFOR fue la única entidad que viajó a la zona para investigar las denuncias de tala ilegal.

Es decir, ninguno de los ministerios ni la PCM cumplieron e ignoraron estas denuncias.

2. En Ucayali tampoco lo atendieron

Foto: Captura de video.

Si Edwin Chota fue hasta Lima con la esperanza de que esa sea la forma de solucionar los problemas de su comunidad y recibir protección ante las amenazas, fue porque en su región no lo atendieron.

La periodista Jacqueline Fowks publicó la denuncia que el líder asháninka presentó el 23 de abril de este año a Marcial Pezo, Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali y a Patricia Lucano, fiscal especializada en materia ambiental, contra la tala ilegal en el río Alto Tamaya. El asunto de su documento era claro: tala ilegal. Chota presentó todos los detalles: fotos de los campamentos ilegales, nombres completos de los madereros y ubicación georeferenciada de 67 puntos donde se depredan los bosques.

Denuncia de tala ilegal Saweto 23abril2014 by Jacqueline Fowks

Sin embargo, nadie hizo nada.

3. Un exfiscal ambiental habló y dijo por qué archivaron todo

El exfiscal Berrospi interviniendo a un maderero. Foto: The New York Times.

«Esta madera no tiene documento. Queremos hacer ver al Gobierno que esta madera es ilegal pero no tenemos medios para llevar al Fiscal», decía Chota cuando lo entrevistaron en The New York Times. ¿Cómo era eso de tener que llevar al Fiscal con sus medios?

Francisco Berrospi, exfiscal especializado en materia ambiental en Ucayali contó en Cuarto Poder qué es lo que ocurrió todo el tiempo que estuvo en el Ministerio Público en esta zona. Él acogió una denuncia de Chota y cuando quiso investigar se dio con la sorpresa que quien ponía trabas eran los propios funcionarios de la Dirección Ejecutiva Forestal del Gobierno Regional de Ucayali. Es decir, los que tenían que estar realmente indignados con estas denuncias.

Berrospi fue destituido sin explicaciones y solo estuvo desde diciembre del 2012 hasta agosto del 2013. Sin embargo, ese poco tiempo fue suficiente para descubrir que todas las denuncias de Chota habían sido archivadas en el Ministerio Público de Ucayali.

¿Cuál era la justificación? Pues querían que Edwin les pague la movilidad hasta Saweto para que puedan acreditar sus denuncias contra los madereros ilegales. Como la comunidad asháninka no lo hizo porque no tienen recursos, mandaron el caso al archivo. Berrospi se atrevió a asegurar a Cuarto Poder que fue separado de su cargo por presión de las mafias de tala ilegal en la zona.

La comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto se ha pronunciado y ha exigido la titulación de sus territorios. También pide que investiguen las muertes de sus dirigentes y que apoyen a los deudos. Las cuatro viudas han decidido seguir en la lucha y exigir el castigo de los criminales. No quieren regresar hasta que no encuentren los restos de sus esposos. En entrevista con La República, demandaron protección policial para retornar a Saweto.

Esposas de los asháninkas asesinados esperando en Criminalística de Pucallpa. Foto: La República

Lo que les espera no es fácil. La esposa de Edwin Chota, Julia Pérez tiene dos hijos y siete meses de gestión. Ahora también teme por su vida:

«Yo tengo que volver a mi casa a pesar de las amenazas de los madereros. Ahí daré a luz. Pero en Pucallpa nos quedaremos hasta que se solucione lo que pensamos hacer. Nuestros esposos no son animales para que este asesinato quede así nomás. Al presidente Humala le pido que vele por nuestros hijos, pero lo más necesario es el título de nuestro terreno para poder vivir tranquilos. Que los concesioneros salgan, que los anulen, porque de qué vale que nos titulemos si los concesioneros van a seguir nomás, igual»

Tras la muerte de estos cuatro defensores de la Amazonía, los ojos están puestos (recién) en estas mafias de madera ilegal. Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de firmas para pedirle al Fiscal de la Nación y al ministro Daniel Urresti que empiecen una investigación exhaustiva y que de una vez se protejan a todas las comunidades que viven en peligro por esta actividad ilegal.

Mientras tanto, todos los que aún viven para luchar por los bosques, continúan viviendo en zonas olvidas y pobres.