Por si no se han dado cuenta, hay una broncaza por la plata en el caso Odebrecht. Aquí los detalles

Hace unos meses, la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht firmaron un acuerdo de colaboración para el caso Lava Jato. O sea, la brasileña iba a echar a todos los coimeados siempre y cuando sus funcionarios no vayan presos, por lo menos aquí en Perú. Así las cosas, el pago de reparación civil se fijó en 610 millones de soles.

Todo el mundo se ha dado cuenta de que el monto no es significativo y que Odebrecht la está sacando barata (inserte aquí el chiste sobre Jorge). Pero no es un pago definitivo. A medida que se vayan descubriendo más casos que involucren a la empresa, esos 610 millones irán creciendo siempre que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato se ponga mosca.

Mientras estábamos terminando de comprender el cálculo de la reparación civil, ocurrió la venta de la hidroeléctrica Chaglla, ubicada en Huánuco, que era propiedad de la coimera.

Y aquí empezaron los problemas

Intervención: Útero.Pe

En abril pasado, Odebrecht y el consorcio China Three Gorges llegaron a un acuerdo para vender Chaglla por US$ 1,400 millones.

• De ese dinero, una parte iba a Cofide, que le prestó para financiar la construcción de la hidroeléctrica,
• otra parte a una deuda adquirida con un banco,
• la otra a la Sunat
• y el resto, se supooone, iba a un fideicomiso.

¿Un qué?

En declaraciones de abril pasado al diario Gestión, Alex Zimmermann, que es gerente general de Cofide, dijo que de todo el dinero, unos US$ 319 millones serán aportados al fideicomiso (o sea una cuenta) que se creó para asegurar los pagos futuros por reparación civil a favor del Estado peruano.

Pero qué pasó, que de esos US$ 319 millones (al cambio son un poco más de mil millones de soles), la Sunat se cobró sus 434.3 millones de soles que Odebrecht debía en impuestos y sobraron en el fideicomiso S/ 520 millones. Todo esto fue en abril.

Pero todo cambió entre abril y junio de este año

Procurador de quién

Las procuradurías son órganos autónomos adscritos al Ministerio de Justicia, creados para participar de procesos judiciales (en casos en los que el Perú sea afectado, como corrupción, lavado de activos o narcotráfico) y velar para que el Estado peruano recupere dinero con las reparaciones civiles. Ahora, continuemos.

Entre abril y junio nos enteramos de que la venta de Chaglla no había sido incluida en la ley de reparación civil «para evitar que Odebrecht se quede sin liquidez y para no poner en riesgo el acuerdo de colaboración», así lo dijo el mismísimo procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez. 

Pero no solo eso

Ramírez aseguró que con la venta de Chaglla, Odebrecht ya había pagado la primera cuota de reparación civil, que es 80 millones de soles. Lo dijo con estas extrañas palabras en abril pasado:

“Permítanme hacerles una revelación. Según me han informado el día de hoy los funcionarios de la empresa Odebrecht, ya se encuentra en la cuenta del Estado peruano el monto para cobrar la primera cuota de reparación civil de 80 millones de soles”.

Y RPP tituló así:

«Funcionarios de Odebrecht le confirmaron». Ya.
Imagen: captura RPP

Lo cierto es que ese dinero estaba en el fideicomiso. Fuentes de este Útero nos dijeron que esos 80 millones no han sido cobrados. O sea, no hay un documento que acredite que Odebrecht ha pagado la cuota. Y este es el primer problema: la Procuraduría ad hoc también espera que Odebrecht solo pague 80 de los más de 500 que hay en el fideicomiso. Ahora, sigamos que esto se pone peor.

Odebrecht quiere dinero y la Fiscalía se lo quiere dar

El tema era cómo hacer para que saquen esos 520 millones de soles del fideicomiso a favor de la coimera.

• La empresa solicitó la devolución por la vía judicial. Su argumento fue básicamente este «oe mis 520 pes toy aguja».

• Una jueza llamada María Camacho le dijo: «ok te lo doy pero antes la Fiscalía debe decir si tienes casos de corrupción que no estén en el acuerdo de colaboración. Si hay casos dile chau a tu billete».

Entonces, el fiscal Rafael Vela, elaboró un informe diciendo lo que Odebrecht quería que diga: no hay casos de corrupción (en investigación preparatoria) contra la empresa que no estén dentro del acuerdo. Este informe fue elevado al Ministerio de Justicia, que es el que debe dar el visto bueno.

Por eso es que le están haciendo roche a Vela y al equipo de fiscales del caso Lava Jato. Y no solo el presidente Martín Vizcarra.

De héroes a ¿villanos? ¿temerosos?

Martín Vizcarra declaró ayer que «‘ta weón no le des nada». Perdón, en realidad lo dijo con estas palabras:

“Yo insisto: mi posición es que, dado el daño que Odebrecht ha hecho al Perú, no solo moral y ético, sino económico […], deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro. […] Entonces, lo que creo es que debería buscarse un mecanismo para que sea un fondo que esté ahí, intangible, mientras se terminen todas las investigaciones”.

Y esto provocó la portada del diario que dirige la siempre creativa Chichi Valenzuela, Perú 21:

Pero qué clase de portada de Útero es esta.
Imagen: Perú 21

Pero Vizcarra no fue el único que ha salido contra lo dispuesto por Vela. Hoy el diario Gestión publicó una entrevista al fiscal Omar Tello, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. La conversación, según el medio, fue antes de que se conozca que el jefe del equipo especial Lava Jato había hecho ese informe favorable a Odebrecht ante el Minjus.

Lo que revela Tello es preocupante:

• Para empezar, el titular: Hay cerca de 13 obras de Odebrecht que se investigan en las regiones.

Ponemos esto porque aún no suben la entrevista a la web.
Imagen: Gestión

• Todas estas pesquisas, entre ellas el caso Chavimochic, no están dentro del acuerdo entre la Fiscalía de Vela y la empresa.

• Si pasan o no al equipo especial será decisión de Vela Barba, quien tiene la facultad de hacerse con más casos, pero hasta ahora ninguna de esas investigaciones han sido trasladadas.

O sea, hay fiscales, que no son del equipo especial Lava Jato, que están investigando a Odebrecht solitos sin que nadie los entreviste y sin que Vela incluya sus casos en el equipo.

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El informe que elevó Rafael Vela al Minjus está siendo evaluado por una oficina llamada «unidad funcional» que, como explica El Comercio, es la encargada de implementar y ejecutar las disposiciones de la Ley 30737, que es la de reparaciones civiles. Si se niega a darle el dinero, empezará otra batalla judicial.