Los 3 congresistas con sentencia judicial todavía trabajan en el Parlamento pero aún queda una esperanza

El Congreso, así como Thanos de Marvel, también reúne sus gemas del infinito y ya consiguió un montón de rocones. Actualmente acumula tres congresistas condenados por la justicia que no pueden ser llevados a prisión gracias a la inmunidad parlamentaria. Pero pronto esto podría cambiar.

Ya van tres sentenciados

Benicio Ríos (Alianza para el Progreso)

En el banquillo. Roche. Imagen: Correo

Este cachorro legislador de Acuña ha sido sentenciado por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Cusco en diciembre del 2017. Se le dictó siete años de prisión efectiva luego de que se le encontrara culpable de la compra sobrevaluada de un terreno para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba.

Para lograr que la sentencia no se hiciera efectiva, el vivazo usó la vieja confiable: la inmunidad parlamentaria.

Composición: Útero.Pe

Sin embargo, el juzgado elevó el caso a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Lima. Aquí se aclaró que la inmunidad no alcanza a las investigaciones que ocurrieron antes de que fueran congresistas. Por eso ordenaron su captura, pero Ríos ha apelado para esperar el resultado en segunda instancia.

Zacarías Lapa Inga (Frente Amplio)

Luchando contra la corrupción del sistema capitalista. Imagen: Congreso

El inmaculado Frente Amplio también tiene su rocón. Lapa Inga fue sentenciado el 27 de marzo del 2018 a cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva. El delito que cometió, según la justicia de Ayacucho, fue el de «aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado»: 

«En junio de 2015, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur formó un comité encargado de evaluar y seleccionar personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios. Dicho comité estaba integrado por Lapa Inga. (…) Los peritajes evidenciaron que Lapa Inga benefició a dos postulantes que no cumplían con los requisitos».  

Gracias a la inmunidad, el parlamentario continúa trabajando en el Legislativo al lado de sus colegas que luchan contra el sistema neoliberal corrupto y hambreador. Marisa Glave, que es del Nuevo Perú, ya pidió que se levante la inmunidad a este legislador de Arana.

Guillermo Martorell (Fuerza Popular)

Con la K de Keiko. Imagen: La República

El fujimorismo no podía faltar en este trío. El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Tacna condenó a Martorell a cinco años de cárcel por el delito de colusión en febrero pasado. Este fue el hecho que cometió, según detalla La República:

«Martorell integraba el directorio de la Zona Franca de Tacna (era vicepresidente) en el 2010, la ladrillera Maxx (propiedad de la familia Martorell) compró un predio de esta institución. Dicha venta era irregular, según las normas de la zona franca y la Ley General del Sistema Estatal, debido a que Martorell integraba el accionariado de la ladrillera».  

Martorell anunció en noviembre del 2016 que le pidió al Congreso que levante su inmunidad parlamentaria. Sin embargo, según la Asociación Transparencia, «solo el Poder Judicial puede solicitar el levantamiento de inmunidad de un congresista». Por eso Martorell aún la mantiene.

Adiós, inmunidad parlamentaria

En los casos de estas tres joyitas solo queda esperar que el Poder Judicial solicite el levantamiento de la impunidad inmunidad. El proceso debería durar un máximo de 60 días. Sin embargo, para evitar que más legisladores condenados se acojan a este beneficio, la congresista de Peruanos Por el Kambio, Patricia Donayre, busca eliminar la inmunidad a través de un referéndum.

No más blindados.
Imagen: Útero.Pe

La inmunidad se podría eliminar mediante dos formas:

• Una reforma de la Constitución que implica una votación aprobada por 87 votos en dos legislaturas seguidas.

• Un referéndum al que se convoca con el pedido de dos millones y medio de personas (firmas).

Donayre, la misma que enfrentó al fujimorismo cuando se hicieron los suecos con la reforma electoral. Imagen: La República

Donayre iniciará la recolección de firmas para que la consulta popular (como la del pago a los fonavistas) se realice en las próximas elecciones municipales y regionales. En su última columna de El Comercio, argumentó:

«Somos los únicos funcionarios que poseemos inmunidad: ni los ministros ni los alcaldes ni los jefes de los organismos constitucionales autónomos la tienen. Con lo cual estos funcionarios, de ser verdad el razonamiento expuesto, también estarían desprotegidos. Y no es así».

Las colas para firmar los planillones de Donayre serán más largas que las que hacen para comprar el álbum del Mundial.