#Mémorex ¿Ley universitaria? un poco de historia acerca de la Universidad San Martín y el Apra

Foto: Perú 21

A esta hora es posible que cientos de jóvenes estén marchando en contra de la denominada «Ley Cotillo», que hace referencia al rector actual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Pedro Cotillo, y a la norma que se pretende aprobar en el Congreso y que parte de una modificación a la nueva Ley Universitaria de modo que los rectores -que deberían abandonar sus cargos de manera inmediata- permanezcan en sus puestos hasta culminar su periodo. Esto es importante porque este grupo de rectores manejan un presupuesto para las universidades públicas que supera los 1,500 millones de soles.

1. El Apra está en contra de la Ley Universitaria (y a favor de la Ley Cotillo)

Ya lo dijo el congresista Mauricio Mulder en infinitas ocasiones:

«Es una norma intervencionista que busca que el gobierno y el Poder Ejecutivo dirijan las universidades y establezcan su marcha administrativa. La prueba más clara es que, una vez establecida la ley, se está tratando de cambiar a los rectores a la fuerza para poner a rectores que son incondicionales al Gobierno».

Que alguien le avise que el gobierno está a punto de acabar.

2. El Apra y las universidades

Imagen vía: orientacion.universia.edu.pe

Es conocido que si de control de universidades hablamos, la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) es histórico bastión aprista por excelencia. No nos referimos a sus alumnos, obviamente, sino a sus autoridades. Solo para citar un ejemplo, quien fuera decana de la facultad de Ciencias Sociales, Dolores Tasayco, también fue viceministra de la Mujer durante el gobierno aprista. De hecho, solicitó licencia en la casa de estudios para cumplir cabalmente las funciones que el gobierno de Alan García le encomendaba.

Y otro bastión del Apra que es, digamos, casi contemporáneo, es la Universidad San Martín de Porres, en donde el expremier Antonio Chang es rector y Alan es jefe del Instituto de Gobierno, etc. Esta vez nos detendremos en la USMP.

3. La USMP y Antonio Chang

Imagen: Facebook USMP

Corría el 2001 y una subcomisión del Congreso de la República, presidida por el entonces parlamentario Alcides Chamorro, investigó diversas denuncias que aparecieron durante la época de Fujimori en contra la Universidad de San Martín de Porres, pero nunca fueron atendidas. Estos fueron los cuestionamientos:

a) Chang no cumplía requisitos para ser rector

De acuerdo con las denuncias, José Antonio Chang Escobedo, rector de la USMP desde 1996, no reunía los requisitos para ocupar el cargo. Silvia Cuevas de la (desaparecida) Agencia Perú, descubrió que el ingeniero no tenía los 12 años requeridos por la anterior Ley Universitaria para ser rector, ni tenía el grado más alto en su especialidad.  

El informe Chamorro también cuestionó que su título de Chang como Magíster, era otorgado en la Universidad de Harford (EE.UU.), pero el documento carecería de validez porque no cuenta con los sellos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores ni de los consulados del Perú y de Estados Unidos.

#CHAN
Imagen vía: www.educacionenred.pe

b) Una resolución favorable del Tribunal Constitucional

En una investigación de Marco Sifuentes para la revista Ideele de septiembre de 2007, se registra que en 1996, el abogado Javier Ríos Castillo (magistrado del Tribunal Constitucional por 48 horas) participó en una serie de movidas judiciales que amarraron las manos a la Comisión Reorganizadora de la USMP en la investigación de irregularidades que provenían desde hacía varios años. La Corte Suprema había dispuesto la reorganización de la universidad y el TC rechazó la medida.

En 1997, ya como rector, Chang consiguió un resonante triunfo: la modificación del Estatuto de la Universidad, lo que le permitía tener más poder y, además, sacaba de la Asamblea Universitaria a los dos representantes de los Dominicos, que es la orden religiosa que había fundado la USMP. En la práctica, esto supuso el inicio del control más directo.

c) El nexo con Montesinos

El casi olvidado informe de la Comisión Chamorro del Congreso, habla también de la conexión Chang – Montesinos.

Alberto Venero, hombre fuerte de Montesinos.
Imagen: vía www.serperuano.com

¿Khá?

Según el documento, el testaferro number one de Vladimiro Montesinos, Alberto Venero Garrido, vendió a la USMP el local de Facultad de Hotelería y Turismo, o sea el que está ahí en Tomás Marsano. Este edificio, antes de ser de propiedad de la universidad, perteneció a tres entidades cuyos representantes son, coincidentemente, principales testaferros de las cuentas bancarias del Doc: Financiera del Sur (FINSUR), de la que Juan Valencia fue uno de sus directivos; Constructora Alianza, de propiedad de los hijos de Luis Duthurburu, e Inmobiliaria Malecón Cisneros, representada por Franklin Loayza.

En su momento, Chang dijo que Venero le fue presentado como “alumno de la Facultad de Contabilidad” y que nunca tuvo una amistad con él. Negó también haber acudido al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) o conocer a Montesinos.

Otro nexo es la presencia de Óscar López Meneses como docente en la Facultad de Odontología, durante la segunda mitad del gobierno fujimorista. Algunas versiones cuentan que el padre de OLM, Óscar López Zapata, era decano en esa facultad y su hijo era apodado «el decanito». Tenía tanto poder que incluso mandó poner cámaras de seguridad para controlar los movimientos de los trabajadores. Chang, en su defensa, dice que expulsó a OLM de la universidad.

 4. Los contratos entre la USMP y el Estado en pleno gobierno aprista

Todo es risas.
Imagen vía: IDL Reporteros

Las investigaciones que la Megacomisión hizo sobre el segundo gobierno de Alan García, determinaron que Antonio Chang, cobraba, al mismo tiempo que su sueldo como rector de la USMP, su salario como ministro de Educación y luego como Premier.

Además, durante ese periodo, la USMP contrató con el Estado por más de 10.1 millones de soles, de ese monto, S/. 1.7 millones corresponden a contratos con los sectores de Educación y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Si bien el Apra no es el único opositor a la Ley Universitaria, deberíamos analizar a cada uno de los oponentes a la norma más allá de sus discursos o advertencias repetidas hasta el cansancio que, en la mayoría de casos, evitan mencionar las razones, quizá más precisas, de sus posturas.