Solo uno de estos tres argumentos aclara un poco el caso de Máxima Acuña luego del informe de Ricardo Uceda

Ayer el periodista Ricardo Uceda presentó un reportaje que afectaba la credibilidad del testimonio de Máxima Acuña. Esta frase lo resume bien:

“Emociona hasta las lágrimas el drama de la campesina indigente a la que desean desalojar Yanacocha y la policía. Hasta que aparecen evidencias de que es dueña de nueve predios por la vía de la ocupación.”

La mención de otros nueves predios son problemáticos porque en múltiples testimonios, Máxima declaró que Tragadero Grande, el predio que tiene en litigio con Yanacocha, era lo único que tenía.

Sus defensores afirman que no es una «ocupadora profesional» y ella misma afirma que estos terrenos le llegaron por medio de una herencia. Asimismo, afirma que pronto mostrará los papeles que lo prueban.

Pero veamos que más se ha dicho sobre el caso:

1. Un argumento débil

Máxima andando. Foto: Ybrahim Luna

La ONG de Marco Arana, GRUFIDES, que está detrás del caso de Máxima Acuña finalmente se pronunció: este fue el comunicado que emitieron y esto es quizás lo más resaltante que dicen:

3. GRUFIDES repudia el intento burdo de la empresa minera Yanacocha de deslegitimar socialmente a Máxima Acuña y su familia haciéndola aparecer como una acaparadora de propiedades. Este argumento ya fue presentado reiteradamente, en principio durante el desarrollo del juicio y luego fue centro de una campaña de desprestigio en medios locales la cual no tuvo éxito. Los predios en cuestión siempre han figurado en la SUNARP y por tanto constituyen información de acceso público, por ello rechazamos rotundamente la tendenciosa versión de que esta información se ocultó.

4. Es evidente que con esta campaña se intenta distraer las cuestiones de fondo de este tema. El problema fundamental no es el número de parcelas que tenga la familia, el asunto de fondo es el evidente abuso cometido por la empresa minera en contra de los derechos de la misma y el uso de la fuerza pública al servicio de sus intereses privados, lo cual ha terminado por mercenarizar las fuerzas policiales.

Siendo lo más sinceros posibles, la respuesta no es satisfactoria porque lo que el informe de Uceda resalta es que el hecho de que Máxima haya omitido cierta información desacredita su testimonio.

Es cierto que los datos sobre sus predios siempre han sido públicos para quien los quiera buscar y que fueron mencionados ante las respectivas instancias judiciales. Pero ese no es el problema. El asunto es que ante la opinión pública, y como era presentada la historia por GRUFIDES, Máxima no tenía nada y el terreno en Tragadero Grande era lo único que la mantenía en pie de lucha.

2. Un argumento confuso

Otra cosa: también está circulando por las redes un video de diciembre del año pasado en el que la abogado de la familia Chaupe «desbarata» los argumentos de Yanacocha ante el juzgado. Aquí puedes ver el momento exacto en el que se toca el tema de estos predios. 

Esta es la pregunta que formula el abogado de Yanacocha: ¿cómo habiendo establecido posesión de esos otros predios pudieron también estar en posesión del terreno en disputa? Sin embargo la pregunta nunca llega a ser resuelta.

Pareciera que el juez no entendió la objeción del abogado y este no se atrevió a defenderla. Conclusión: el video no aporta mucho a esclarecer, solo hace bulla.

3. Un argumento concreto

Máxima responde con pruebas. Foto: LaMula

Pero hemos tenido que pasar por dos malas defensas para encontrar una respuesta mucho más sencilla. Este post de La Mula lo cuenta así:

Ella [Máxima] negó que se haya adueñado de terrenos, por medio de la ocupación, en Sorocucho y Huasmín (Cajarmarca). Indicó que estas propiedades las obtuvo por herencia y compra a familiares: «Esos terrenos los dejó mi abuelo a mi padre y él a nosotros. Otros los he comprado a mis hermanos. También mi suegra le ha dado en herencia a mi esposo».

Agregó que posee los documentos que prueban estas adquisiciones y manifestó que los hará públicos a través de su abogada, Mirtha Vásquez, en su debido momento. De igual manera, explicó que se tratan de pequeñas parcelas que solo pueden sembrarse en invierno debido a la falta de agua. Por eso mismo su cotización es baja.

Para mayor detalle, esta nota de Marisa Glave arroja aún más claridad:

Quisiera añadir, por otro lado, un dato sobre el “modo de apropiación”: Los títulos de propiedad parten del reconocimiento de la posesión, sí. Pero no porque se haya “ocupado” el espacio abruptamente, para conseguir la prescripción. Una parte de las parcelas es producto de una herencia. La madre de Máxima se las dio a ella y a sus hermanos. Y otros terrenos son adquiridos. Pero, ¿por qué la mamá o los vendedores originales no inscribieron la propiedad? Pues, porque en el campo hay un problema – grave – de acreditación de la propiedad. Eso no quiere decir que no exista, quiere decir que no está registrada. Por eso, desde los años 90, en que se empezó a fomentar el mercado de tierras rurales, funcionan programas especiales de titulación, que buscan formalizar la propiedad. Una familia podía ser propietaria de una parcela como consecuencia de la Reforma Agraria, por más de 30 años, pero recién a inicios de este siglo consiguió el título que acredita dicha propiedad. Sí, así es el Perú. Entonces, que el título que otorga el sector Agricultura se base en el reconocimiento de la posesión no quiere decir que los Chaupe sean unos usurpadores profesionales. Quiere decir que, como sucede a decenas de miles de campesinos en el Perú, sus derechos y los de sus familias no estaban reconocidos formalmente, pero sí socialmente por sus vecinos, quienes acreditan la propiedad.

En conclusión: entendemos que Máxima no es dueña de estos otros nueve predios por medio de la ocupación, como dijo Uceda, sino que llegaron a ella por otros medios y que ella tiene la documentación para acreditarlo.

Sin embargo, la omisión original de esta información le ha hecho mucho daño a su caso.

Seguiremos informando.