denuncia , noticias , sociedad Martes, 11 diciembre 2018

Tiene 93 años y aún espera cobrar una deuda del Banco de la Nación que el Poder Judicial ordenó pagar

Don Víctor en la casa donde alguna vez sirvió y que ahora siente que le da la espalda. Imagen: Útero.Pe

Don Víctor en la casa donde alguna vez sirvió y que ahora siente que le da la espalda. Imagen: Útero.Pe

Víctor Pecho Bernaola tiene 93 años, de los cuales al menos los últimos diez se los pasó asistiendo al Poder Judicial de Ica. Su obligada visita fue para lograr que el Banco de la Nación le pagara un dinero que no recibió cuando laboraba en la institución financiera. Su hija, Marianela Pecho, detalla más sobre la odisea:

“Mi padre no se ha amilanado ni porque estaba aquí, en Ica. Ha ido al Ministerio de Trabajo, al Banco de la Nación, a la Corte Superior, a todos lados a pesar de que nosotros estábamos en una condición muy necesitada. Se iba a la capital con su pasaje de ida y vuelta nada más”.

La historia de don Víctor inicia en 1945, es decir, ¡cuando gobernaba Bustamante y Rivero! En ese entonces empezó a trabajar en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Esta institución se encargaba de administrar “el estanco del tabaco y opio, así como de la recaudación de la totalidad de las rentas de toda la República“. En 1963 fue estatizada y tres años después pasó a ser el Banco de la Nación.

Don Víctor en 1967, junto a sus compañeros del Banco de Nación. Imagen: Útero.Pe

Don Víctor en 1967, junto a sus compañeros del Banco de Nación. Imagen: Útero.Pe

En ese contexto, Víctor Pecho trabajó en la entidad financiera. Lo hizo hasta 1969 y luego fue transferido a la extinta Empresa Nacional del Tabaco (ENATA), donde sus días laborales culminaron un año después. Tras eso, pasó a percibir una pensión de 400 soles, pero no sus bonificaciones por concepto de “costo de vida”.

“Lo que mi padre reclama es un derecho que a él no le ha aparecido en sus bonificaciones por concepto de costo de vida. Eso es un monto de 170 y tantos soles mensuales a la wincha de pago, por todos los años que él trabajó. Ese concepto por costo de vida, a mi padre nunca se lo agregaron a su bonificación mensual”.

Las bonificaciones especiales a las que se refiere Marianela fueron aprobadas mediante tres decretos: 040-96 (del 21 de junio de 1996), 073 – 97 (del 3 de agosto, 1997) y  011-99 (del 14 marzo de 1999). A los montos de esas bonificaciones, don Víctor también pide el pago de intereses.

Imagen: Útero.Pe

Diez años recurriendo al Poder Judicial para alcanzar una justicia que aún no se concreta. Imagen: Útero.Pe

Su reclamo llegó hasta el Poder Judicial gracias a su persistencia y ahí le dieron la razón. No una, sino varias veces:

  • En el 2008 inició la demanda. Dos años después, en mayo del 2010, el Tercer Juzgado Civil de Ica declaró fundada la demanda.
  • Tras las apelaciones del banco, en el 2014, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Ica confirmó la sentencia y ordenó los pagos.
  • En el 2015, el BN emite una resolución (018-2015) en la que ordena la liquidación, pero no considera los años trabajados en ENATA, según don Víctor.
  • Don Víctor hizo un reclamo para que se le pagara lo que le correspondía y el 2 de octubre del 2015, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Ica le dio otra vez la razón.
  • Dos años después, en diciembre del 2017, la Segunda Sala Civil de Ica dio un plazo de veinte días para que el banco emita un pronunciamiento administrativo para pagarle a don Víctor.

El banco incumplió con el plazo, según señala la defensa de don Víctor, y en julio del 2018 le cayó una multa ordenada por la jueza Claudia Cuestas Alvarado del Tercer Juzgado Civil. A pesar de la sanción, don Víctor sigue sin ver el dinero que le corresponde.

“Mi padre ya no tiene que ir a ninguna instancia del Poder Judicial, ya no hay más instancias. Yo como persona civil, no le hubiera pagado a la persona que le debo, ya estaría en la cárcel, sin embargo, el banco no quiere”.

El banco responde

En una comunicación con Útero.Pe, el Banco de la Nación cuestionó que esas bonificaciones le correspondan a su extrabajador:

“El mismo Poder Judicial estableció de forma general, el año 2015 en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional, lo siguiente: ‘En aquellos casos que se trate de empresas con participación estatal, bajo la administración de FONAFE (donde se encuentra el banco), no les corresponde a sus pensionistas el pago de los beneficios otorgados por esos decretos de urgencia’“.

A pesar de ello, la organización estatal reconoce que existe una decisión judicial que deben cumplir. Por eso es que, afirman, enviaron al Poder Judicial una resolución administrativa que contiene “el cálculo de los devengados que le corresponderían al Sr. Pecho”. Sin embargo, el PJ aún no aprueba ese documento para efectuar el pago:

“Entre octubre y noviembre 2018, el banco ha vuelto a presentar al Poder Judicial la resolución administrativa con el cálculo de los devengados (se adjuntan copias de los cargos) y hasta la fecha el Poder Judicial no la ha aprobado”.

Imagen: BN

Resolución enviada al PK solicitando la aprobación para el pago. Imagen: BN

Determinar si el Banco de la Nación es el responsable de esta larga espera o si lo es el Poder Judicial es una discusión infructuosa. Don Víctor tiene 93 años y, a pesar de que dice tener las fuerzas para seguir batallando, el tiempo no pasa en vano y el final apremiante por el que todos pasamos no debería verse empañado por la falta de justicia. Justicia que tarda, no es justicia.