ALERTA: Este fondo buitre quiere devorarse los bonos de la reforma agraria

Ahí donde hay dinero, hay un buitre.

Acaba de salir la última edición de Carta Abierta y como ya nos tienen acostumbrados, nos traen una historia interesante. Esta vez se trata de los bonos agrarios que tu abuelito-que-odia-a-Velasco guarda en su baúl de antigüedades.

Resulta que desde hace unos años un hombre ha estado comprando estos bonos a precio de ganga. ¿Quién era este hombre? Rafael Trujillo, abogado de un grupo de expropiados de la Reforma Agraria, decidió investigar a esta persona y descubrió que era un representante de Los Fondos Gramercy, una empresa americana que está catalogada como ‘fondo buitre’.

Carta Abierta detalla cuál es la jugada de Gramercy. Ellos compran bonos a un 20% o 30% del valor real del costo y, luego, presionan al Estado para que pague el 100% del valor. Así que si dentro de poco empiezan a ver campañas que piden que se pague el precio total de los bonos agrarios, ya saben por dónde viene el reclamo.

Aquí les dejamos tres extractos del reportaje:

Entrevista a Rafael Trujillo:

¿Cómo te enteras de la existencia de estos fondos?

Porque en marzo del 2006, en pleno gobierno de Alejandro Toledo, un cliente mío, el señor Hugo, me comenta que habían aparecido unos compradores de bonos y que le parecía raro. A mí también me pareció sumamente extraño ya que, paralelamente, se estaba discutiendo el pago de la deuda mediante una ley en el Congreso. No entendía por qué alguien se empeñaría en comprar bonos que la gente no va a vender porque ya les van a pagar. Esto no tenía ni pies ni cabeza.

Entonces, Rafael Trujillo, abogado de un grupo de expropiados de la Reforma Agraria, al darse cuenta que algo estaba ocurriendo, decide investigar el nombre del comprador que representaba a Gramercy. Sorpresa: la empresa estaba catalogada como ‘fondo buitre’.

Los Fondos Gramercy son fondos de inversión del norteamericano Robert Koenigsberger, con sede en Greenwich, Connecticut, Estados Unidos. En el mundo económico son considerados como ‘fondos buitre’; es decir, fondos de inversión libre que suelen comprar títulos de deuda a personas o empresas de países con situación económica difícil. ¿Por qué unos fondos de inversión comprarían deudas que pareciera que no se van a pagar? La jugada reside en comprar la deuda a 20% o 30% de su valor original; es decir, a bajísimo precio. Una vez comprada, lo que hacen es presionar para que se les pague el 100% de este valor.

Línea del tiempo de la reforma agraria. Imagen: Carta Abierta.

Compradores de bonos incluidos en el fallo

Aquí es donde empieza todo. En julio del 2013, el Colegio de Ingenieros (CIP), representado por Mario Seoane Linares, pidió la ejecución de la resolución del TC del 2001 –en la que ordenaban que se pague la deuda a los expropiados–, y logró que se resuelva que el pago de los bonos de la deuda agraria iría a favor de “todos los tenedores de bonos pendientes de pago, en su condición de expropiados, herederos o cesionarios”. Esta última oración es la que incluye a los compradores de bonos en la ejecución de la sentencia. Así, los Fondos Gramercy entrarían en el grupo de ‘cesionarios’.

Cuando el CIP logra la resolución de pago en el 2013, esta es dada por el TC con una fórmula de actualización que convertía el valor del pago de la deuda en un valor diminuto; o sea, la valorización de la deuda era ínfima y eso desanimaba por completo a los acreedores del bono. Para ponerlo más simple: al hacerla más larga, Gramercy podía comprar más bonos ante la desesperanza de los expropiados.

“Si Mario Seoane, siendo abogado del CIP y de Gramercy, logra la resolución de ejecución me parece raro que haya aceptado un valor de actualización que a él mismo le perjudicaba. Si coordinas todo, solucionas todo de una vez. Salvo que no quieras solucionarlo de verdad”, agrega Rafael.

Miren quiénes compraron los bonos.

Existe una diferencia entre el fallo y la ejecución del mismo. Según Rafael, no se puede agregar, en la resolución de la ejecución, actores que no hayan estado estipulados en el fallo original. En este caso, el fallo original era de marzo del 2001, y en él solo se ordenó el pago actualizado de la deuda producida por la Reforma Agraria para la cancelación del justiprecio de la expropiación; o sea, para pagar el valor de los fundos expropiados. Nada más.

Pero Mario Seoane afirma lo contrario: “Procesalmente, Gramercy no tiene por qué aparecer en el fallo original. Este fallo se refiere a los tenedores de bonos, si un bonista me vende un bono, me convierto en tenedor de bonos; y, en consecuencia, tengo derecho a lo que establece la sentencia”, afirma desde su oficina.

César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, contradice a Seoane señalando que esa inclusión no corresponde. “Yo diría que el derecho constitucional surge para velar por los derechos fundamentales, por eso está en función del agraviado original, en este caso los expropiados. En este caso, ha habido una transacción comercial de por medio, por lo que ya no le corresponde al TC exigir el pago a los compradores, solo a los expropiados”, agrega.

Asimismo, Landa explica que los beneficiarios tienen que estar identificados. Con esta fórmula de decir ‘ya, preséntese quien tenga el papel y le pago’ suceden muchas estafas. “De esa forma se ha hecho mucha corrupción en el Perú. Si los beneficiarios afectados tenían un contrato con sus compradores que se arreglen entre ellos, pero el Estado no tiene por qué sustituir la voluntad de quienes han demandado”, puntualiza.

El eslabón perdido

Un año atrás, Mario Seoane armó unos eventos para explicarle a los expropiados cómo iba a ser el proceso del pago de la deuda. Hubo algo que llamó la atención de Rafael cuando fue a este evento: muchas fichas de información de los expropiados. “Parecía un censo, les habían pedido información sobre cuántos bonos tenía cada expropiado y cuánto valían”, afirma Rafael.

Y sí, Seoane admite que hicieron un censo de bonistas porque el Estado había sido muy dejado en ese tema. “Ese censo nos ayudó para poder tener una idea de los casos dramáticos que vivía la gente”, afirma. Cuando le pregunto si es que Gramercy aprovechó esa información para poder comprar bonos a los expropiados, responde tajantemente: “Gramercy compró bonos hace siete años y nunca más volvió a comprar”.

PUEDEN LEER TODO EL REPORTAJE COMPLETO DE PALOMA VERANO AQUÍ.