Tres razones por las que la #LeyPulpín no funciona

Ya sabemos que la ley de reforma laboral que afecta a los jóvenes de 18 a 24 años ha sido una de las decisiones más impopulares que el gobierno de Ollanta Humala ha tomado. Tanta ha sido la oposición que la convocatoria para la marcha en contra de la ley Pulpín fue masiva. Hoy, algunos analistas políticos dan algunas de las razones por las que esta ley ha sido tan mal recibida.

1. La capacidad de fiscalización es un chiste

Pedro Tenorio, en su columna en Correo, explica lo siguiente:

habría que ser muy obtuso para no entender que el problema principal radica en que mientras la capacidad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral sea un chiste -¡como es ahora!-, los temores de muchos jóvenes y sus allegados están plenamente justificados. Porque a mí también me avisaban, cuando emitía recibos, para no aparecerme por mi oficina porque ya se sabía que, ese día, habría inspección laboral “sorpresa”. Entonces, si hoy se mantienen las condiciones para que cualquier empresario abuse -no todos, por supuesto, pero muchos sí- y le saque la vuelta a la ley (por más negativa en la propia norma, del ministro Alonso Segura y sus voceros, y del presidente de la Confiep), la desconfianza se mantiene y está muy lejos de ceder. Y más cuando no se exhiben indicadores que respalden los estimados del Gobierno sobre nuevos empleos.

2. El gobierno no ha sabido explicar ni comunicar

Augusto Álvarez Rodrich considera que esta ley no es tan mala y que si bien no es la solución para todo, sí ayudará a darle empleo a los jóvenes

no es la panacea del empleo juvenil, pero sí promueve trabajo para los jóvenes y ayuda a avanzar en el tránsito complejo de la informalidad a la formalidad laboral.

El problema, sin embargo, es que la responsabilidad principal de que esto funcione la tendrá el gobierno

Su efectividad dependerá de muchos factores. Desde que el gobierno cree las condiciones efectivas para salir de la desaceleración de la economía –algo en lo que se sigue manejando con torpeza– hasta una rigurosa actuación del regulador laboral para evitar que, como seguramente va a suceder, empleadores inescrupulosos quieran usar la nueva norma para sacarle la vuelta a la ley. 

Y como sabemos, desde el inicio, el gobierno no ha sabido explicarse, ni comunicar, ni siquiera dejarse escuchar

Finalmente, el gobierno del presidente Ollanta Humala ratificó en este debate su imposibilidad de explicar, con sencillez y efectividad, las cosas que hace. Quizá sea porque ni siquiera las entiende bien.

3. La ley Pulpín NO es parte de un conjunto de medidas

Martín Tanaka explica la impopularidad de esta ley desde dos puntos de vista. Desde el consenso popular:

la experiencia cotidiana sugiere que el empleo juvenil está marcado por el abuso y la explotación, y que las metas de la ley (más empleo con beneficios mínimos) no se cumplirán; más todavía considerando las precarias capacidades de control y sanción de instituciones como la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Digamos que los expertos no son suficientemente sensibles a los problemas de implementación, que son los que la gente percibe cotidianamente. 

Luego, está el abordaje desde el punto de vista político:

la ley se aprueba en el Congreso y se promulga por el ejecutivo sin que haya una política de explicación y persuasión, sin voceros capaces de argumentar a favor de esta. Un gobierno desgastado, acosado por múltiples escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales, generó la oportunidad y motivación para la movilización de un sector importante de activistas, que expresa más la escasa credibilidad del gobierno que los problemas de la ley. 

Pero el problema principal, explica Tanaka, es que esta ley está sola y eso es lo que genera tanta desconfianza:

el problema de fondo es que esta ley probablemente no cumpla con sus objetivos, al no ser parte de un conjunto de medidas más amplio que busque mejorar la productividad del trabajo, las capacidades de fiscalización y control, entre otras cosas, pagándose así un costo político innecesario.