Todo lo que tienes que saber sobre la nueva Ley Stalker, la nueva amenaza digital contra tu privacidad
Víctor Caballero
Periodista egresado de YouTubeEl 27 de Julio, en pleno feriado puente de Fiestas Patrias, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1182, también conocido como la Ley Stalker. ¿Qué hace esta ley? Permite que los policías sepan dónde estás sin pedirle permiso a nadie, sin ninguna orden judicial. Sí, tal y como suena, bajo la excusa de que «el Poder Judicial la hace muy larga».
Si esta ley se aprueba, además, la policía podrá solicitar a las empresas de telecomunicaciones tu data y ellas estarán obligadas a entregársela. Cualquier individuo puede ser el investigado.
1. ¿Qué busca la ley?
La web especialista en derecho digital, Hiperderecho, publicó en su página web un artículo donde explica detalladamente cuáles son las ventajas y desventajas de esta ley, que para ellos, califica como la más polémica de toda la gestión de Humala.
«El Decreto Legislativo 1182, busca regular el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Aunque introduce también otras modificaciones al Código Penal, la parte más problemática es la de sus nueve artículos principales en la que crea dos nuevos mecanismos de acceso a la información privada de los ciudadanos.»
Aguanta; ¿»equipos de comunicación»? ¿No es sólo celulares?
Exactamente. La ley no especifica qué dispositivos electrónicos móviles. En pocas palabras, estamos hablando de smartphones, tablets, laptops, iPods, etc. De hecho, hasta tu Nokia ladrillo del 98 entra aquí.
«El Decreto Legislativo crea un mecanismo mediante el cual la Policía puede enviar un pedido a cualquier empresa operadora para acceder a los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos. Estos datos son enviados permanentemente por todos los teléfonos móviles conectados a una red de comunicaciones, incluso los que no son smartphones, y constituyen un registro exacto de la circulación de cualquier usuario de estos aparatos».
2. ¿Que harán con la información?
Pero hay más. En una de sus tantas disposiciones complementarias, la Ley Stalker realiza el mayor cambio en cuanto a la protección de la privacidad de la historia: toda nuestra información será almacenada por tres años. (Por si acaso, pues).
«Por primera vez, se aprueba en Perú una norma expresa que obliga a todas las empresas concesionarias de servicios públicos a almacenar por tres años toda la información de los datos derivados de las telecomunicaciones para que pueda ser consultada por la Policía. Esto significa que toda la información sobre los detalles de con quién nos comunicamos, por cuánto tiempo, y desde dónde, entre otros, correspondientes a los últimos tres años serán almacenados por las empresas de telecomunicaciones».
Para acceder a esta información mucho más detallada, el decreto establece que sí es necesario una autorización por parte del Poder Judicial. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que el simple acto de almacenar tanto tiempo este tipo de información viola la privacidad de los ciudadanos. Incluso hay todo un principio internacional sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones.
3. ¿Cuáles son los requisitos para que la policía conozca tus datos personales?
Para que la policía sepa tu ubicación satelital, se necesita el cumplimiento de tres requisitos.
- Se trata de un delito flagrante.
- El delito investigado será sancionado con una pena igual o mayor a los cuatro años de cárcel.
- El acceso a esta información sea un medio fundamentalmente necesario para la investigación.
Pero aquí es donde comienza lo realmente preocupante, el cumplimiento de estos requisitos sólo será revisado cuando la policía ya haya accedido a la información. Luego, la PNP tendrá 24 horas para enviar al Fiscal un informe que sustente el requerimiento y el Fiscal tendrá otras 24 horas para solicitarle al juez la «convalidación de la medida» y el juez tendrá otras 24 horas para pronunciarse sobre la legalidad del pedido y establecer un periodo durante el cual estará vigente. Hay un gráfico que detalla perfectamente este proceso.
¿No entendiste? Fácil. La policía pedirá el acceso a tu ubicación y tu identidad y luego tendrá que explicar por qué la pidió. Pasarán 72 horas hasta que un juez decida si era necesario pedir información y verifique si todos los requisitos han sido respetados. Haya sido necesario o no, igual el policía ya sabrá que tú eres el dueño de la línea y dónde estuviste.
El artículo de Hiperderecho resalta su inmensa diferencia con el esquema actual.
«Bajo el esquema anteriormente vigente, si la Policía quería necesitaba acceder a la geolocalización de cualquier línea telefónica era necesario que sea un Fiscal quien se lo solicite a un Juez. Resultaba responsabilidad del Fiscal convencer al Juez de que existían indicios suficientes como para amparar esta solicitud y era el magistrado quien establecía la forma, oportunidad, periodo y garantías aplicables a la intervención.»
4. El gobierno quiere que confíes en ellos
La respuesta de Jaime Reyes, jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, ha sido realmente lamentable. En un debate en Canal N, le pidió a la población que «confíe en el gobierno». Lamentablemente, ni este gobierno ni ninguno de nuestros políticos se ha ganado la confianza suficiente como para acumular tantos poderes.
5. El espejo norteamericano
A simple vista podemos darnos cuenta de los cuestionamientos sobre esta norma y el riesgo al que se expone nuestro derecho a la privacidad en caso se llegue a aplicar. Este tipo de reformas tienen que ser discutidas en público, en el Congreso, y no publicadas a escondidas en pleno feriado. La exposición de este Decreto al público hace que distintas personas sean partícipes del debate y todo el proceso legislativo sea respetado. Resulta increíble que, como menciona Hiperderecho, «la culpa del Poder Judicial recaiga sobre el ciudadano».
«Peor aún, la norma actual transfiere el costo de la supuesta demora del Poder Judicial al ciudadano y no hace nada por modificar las situaciones de hecho o de derecho que producen esta demora.»
En Estados Unidos se intentó hacer lo mismo con la Ley Patriota después del ataque a las torres gemelas. Esta ley buscaba «dotar de mayor poder de vigilancia contra los delitos de terrorismo» a sus fuerzas de seguridad, dándoles carta blanca a investigaciones y allanamientos para luego ser derogada y declarada inconstitucional.
Si esto pasó en los Estados Unidos, ¿se imaginan qué podría pasar en el Perú? Si ya con este gobierno, la DINI abusó de sus facultades… ¿se imaginan un gobierno fujimorista más autoritario con este poder? Esta ley le da demasiados poderes al régimen de turno y puede ser perfectamente usado contra gente inocente. No puede ser que para solucionar un problema de coordinación entre los poderes del Estado, la respuesta sea atentar contra el derecho a la privacidad de TODOS los peruanos, por si a alguno de nosotros, alguna vez, se le ocurre, quizás, cometer un crimen.