Todo lo que tienes que saber sobre el informe que recomienda investigar a Lucianita, la ahorradora, León
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Martin Hidalgo
Periodista. Salsero. Callejero. Más información, clickea abajo martuhidalgo.wix.com/martinhidalgo
Las investigaciones contra la congresista aprista Luciana León van rindiendo sus primeros frutos. Un informe de la secretaría técnica de la Comisión de Ética Parlamentaria recomienda iniciar una indagación de oficio en su contra por la compra de dos departamentos y cuatro estacionamientos en Barranco por S/. 1’554.179, revelado por el semanario “Hildebrandt en sus Trece”.
El informe de calificación N° 66-2013-2015/CEP-CR, al que tuvo acceso el Útero.pe, detalla que se abre investigación contra Luciana León a fin de esclarecer las inconsistencias y contradicciones que reflejan sus descargos preliminares realizados ante la comisión, en relación a los pagos que realizó por sus adquisiciones inmobiliarias, y para determinar si omitió alguna obligación legal referida a sus declaraciones juradas.
¿A cuáles inconsistencias y contradicciones se refieren? Veamos.
Comision de Etica Luciana Leon by Martín Hidalgo Bustamante
Luciana León compró los dos departamentos y cuatro estacionamientos por la suma de S/. 1’554.179. Para pagarlos constituyó dos hipotecas por S/. 1’814.371 para ser pagadas en un plazo de 25 años. Sin embargo, a los cinco meses, consiguió reducir su deuda a S/. 600.00. Es decir, en menos de medio año desembolsó más de un millón 200 mil soles.
¿Y cómo lo hizo? En una entrevista con Beto Ortiz, la aprista alegó que en sus ocho años como legisladora había conseguido ahorrar la suma de S/. 1’467.526 entre remuneraciones, gratificaciones, CTS, bonificaciones y alquileres de los dos departamentos. Allí nació el famoso hashtag #AhorroComoLuciana
Pero lo que Luciana omitió revelar fueron sus gastos en esos ocho años, como la compra de una camioneta, sus aportes partidarios, sus viajes al extranjero y demás lujos.
Esto es recogido en el acápite e) del punto 2 del informe de la Comisión de Ética, que dice así:
«Una primera inconsistencia que se advierte en los descargos presentados radica en el hecho de que ella justifica el superávit de sus ingresos en relación a sus gastos (…) Sin embargo, en la entrevista que le realizó el periodista Beto Ortiz, cuando este le preguntó por qué no efectuó mayores pagos como cuotas iniciales de los departamentos que adquirió, la congresista respondió que no lo hico porque no tenía posibilidades de hacer mayores de pago. Desprendiéndose de esta afirmación que aparentemente la congresista no tenía mayores ahorros en ese momentos, con lo cual sus anteriores ingresos quedarían excluidos como medio de justificación».
O sea, ¿cómo es que no «tenía mayores posibilidades de pago» al momento de la compra, pero en los próximos cinco meses sacó de sus ahorros para amortiguar más de un millón de soles de la hipoteca?
El informe de la secretaría técnica de la Comisión de Ética también se enfoca en las declaraciones juradas de Luciana, especialmente en la de agosto de 2012. En esta, la aprista declaró como «ahorros» la suma de S/. 164.000, lo cual justificó a la primera cuota mas no la segunda que ascendió a S/. 100.000.
«Asimismo, respecto de la amortización del mes de agosto de 2013, ascendente a S/. 87.294, la congresista refiere que usó un fondo mutuo ascendente a S/. 60.058; sin embargo, dicho ahorro no figuraría en la declaración jurada correspondiente al periodo del 27 de julio de 2012 al 26 de julio de 2013»
Luego se señala la contradicción en la que cayó Luciana al aseverar en sus descargos escritos que usaba el íntegro de su remuneración más su asignación por función congresal para el pago de sus hipotecas. Esto debido a que en la entrevista con Beto Ortiz señaló que solo destinaba su remuneración a las amortiguaciones y que la asignación por función congresal le permitía vivir de lunes a sábado cuando realizaba su trabajo como parlamentaria.
Hasta acá todo bien, pero existe un punto flaco del informe elaborado por la comisión que preside el pastor Humberto Lay. Y está referido precisamente a la asignación por función congresal, donde el documento recomienda que se archive la denuncia por el uso indebido del también llamado bono de representación.
¿Por qué? Pues resulta que Javier Velásquez Quesquén, cuando fue presidente del Congreso en el año 2009, cambió la naturaleza jurídica de los entonces llamados «gastos operativos». El aprista no tuvo mejor idea que hacer que sus colegas paguen impuestos para así ya no tener que rendir cuentas.
«Su abono no está circunscrito a las actividades desarrolladas en la semana de representación (…) Si bien esta asignación tiene como antecedente el pago de gastos operativos y su finalidad es cubrir las necesidades propias del desempeño de las funciones parlamentarias, su naturaleza jurídica es distinta», dice el informe de Lay citando un documento de Oficialía Mayor. Es decir, como pagan impuestos, los legisladores pueden gastar su asignación por función congresal en lo que les dé la gana.
Además, el informe aclara que no podrá investigar el desbalance patrimonial de Luciana León porque no es de su competencia. El documento deberá ser puesto a debate en la sesión del próximo lunes donde, al final, los votos decidirán si se aprueba o no abrir investigación a la aprista. Esperemos que no se repita la tan aclamada frase «otorongo no come otorongo».
Más procrastinación
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