ROCHE: el único súperpoder de esta «avenger» sería desaparecer la mitad del sueldo de sus trabajadores

Hace algunos días, en un noticiero de ATV Noticias, se difundieron dos cartas de renuncia de dos asesores de la congresista fujimorista del bloque kenjista Lizbeth Robles. Estas personas son Sara Milla Abarca (asesora 1) y José Félix Altez Rodriguez (asesor 2).

Estas renuncias no hubieran llamado la atención si no fuera porque ambos indicaron en sus cartas de renuncia que se iban porque habían sido extorsionados sistemáticamente y solo habían cobrado la mitad de su sueldo.

Ambos exasesores denunciaron lo mismo, porsiacasito. Elaboración: Útero.Pe

Esta noticia se hizo pública hace cinco días y por aquellos días, para ser sinceros, todo era muy confuso aún. Las cartas de renuncia de ambos asesores, idénticas en su forma, denunciaban la extorsión y el lucro del 50% de sus sueldos pero no ofrecían más detalles. 

Milagros Leiva, conductora del noticiero de ATV, se contactó con ambos asesores y ninguno quiso ofrecer declaraciones. Pero quien sí se acercó al canal de televisión a contar su versión entre lágrimas y sollozos fue la congresista acusada.

Ella, como suele suceder, negó todas las acusaciones y aseguró ser inocente. También le mandó un mensaje al vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, sugiriendo que él estaba involucrado en el escándalo. 

No ha hecho nada. Todos mienten, menos ella. Imagen: Captura web Youtube Atv Noticias

Pero los asesores que no quisieron contar más detalles aparecieron en un reportaje de Cuarto Poder del último domingo 8 de abril

Y vaya que lo contaron todo.

El reportaje se concentra en las declaraciones de los mencionados asesores, Sara Milla y José Altez, quienes denuncian que el esposo de la congresista kenjista, Edward Roger Rosas Rugel, se quedaba con la mitad de todo: remuneraciones, bonos, gratificaciones y almuerzos.

Milla, asesora 1, trabajaba en el despacho de la congresista kenjista desde hace ocho meses y ganaba un sueldo de S/ 9,489. Por su parte, José Altez, asesor 2, empezó a trabajar en el despacho desde el primer día y cobraba un sueldo de S/7,785. 

Ambos asesores llegaron al despacho por ser amigos del esposo de la congresista y el trato fue sencillo: la mitad iba para los asesores y la otra mitad iba para él. Lo que vuelve este caso aún más vergonzoso es que ambos extrabajadores tienen grabaciones en las que se escucha al marido de la congresista cobrándoles el dinero.

El Congreso es su chacra.

En los audios se escuchan intervenciones como esta: 

«¿Por qué te he puesto a ti? Yo te he puesto por la amistad que tengo contigo porque yo he podido poner a cualquiera con el precio. Al precio que yo le pagase a cualquiera que no reúna los requisitos, yo lo hacía. ¿Y por qué te ofrecí a ese precio que te ofrecí? Porque yo te pregunté cuánto ganas. Ah, ya, te pago tanto. Listo».

Según cuentan los asesores renunciantes, ellos cumplieron con todos los pagos requeridos por Edward Rosas durante el tiempo en que estuvieron trabajando. Rosas, quien hacía y deshacía en el despacho congresal de Robles como si fuera suyo, argumentaba que los pagos servían para cubrir la enorme deuda que había adquirido en campaña.

En diciembre, cuando se entregaron los bonos navideños, el esposo de la congresista también pidió la mitad del dinero entregado y fue ahí cuando los asesores decidieron que había llegado al límite. Como ambos dejaron de pagar lo que habían acordado, Rosas y Robles decidieron cambiarlos. En uno de los audios se escucha a la congresista explicándole a Altez que lo cambiaría por un abogado.

No nos sorprendería que salga a decir que no sabía nada.

De remate, como cereza del pastel, el reportaje muestra los movimientos financieros de los extrabajadores en los que se registra el retiro del dinero que habrían ido a parar a los bolsillos de Rosas ya que el acuerdo fue entregar el dinero en efectivo.

En el 2013, Michael Urtecho, congresista de Solidaridad Nacional (el partido de Lucho Castañeda) fue desaforado del Congreso por las mismas razones: recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho parlamentario. En el 2017, la Fiscalía pidió 24 años de cárcel para él y su esposa por apropiación ilícita y lavado de activos. La Procuraduría también pidió una reparación civil de S/ 3’368,000.

Hoy deberíamos pedir exactamente lo mismo para esta congresista cuyo único súperpoder  habría sido el de aprovecharse de su condición.