Finalmente sabemos por qué Keiko le pidió a Vizcarra bajarse los octógonos nutricionales
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Diego Pereira
I'm back, bitches » @algunpereira » diego@utero.peLa cosa es así:
Para la campaña del 2011, el partido de Keiko Fujimori recibió aportes desinteresados por todo lado:
- US$ 1.2 millones de Odebrecht (según Barata),
- US$ 3.6 millones de Credicorp (según Romero),
- US$ 800 mil del fallecido Juan Rassmuss (según Yoshiyama) y
- US$2 millones de la Confiep (varias empresas aportaron pero insisten en que no fue apoyando a Keiko sino apoyando el modelo económico).
Ayer también nos enteramos —por la confesión del empresario Vito Rodríguez, cabeza del Grupo Gloria— que además de hacer chanchita con la Confiep, entregó personalmente US$200,000 en efectivo (en un maletín) para la campaña.
Eso nos da un total de US$7.8 millones
Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) declaró que en esa campaña gastaron un total de S/19 797 863.03. Hicimos los cálculos (considerando que el dólar en esos años estaba alrededor de S/2.75) y resulta que a Keiko le sobraron alrededor de S/1 652 136.97.
(Y es posible que sigan saliendo más aportantes).
Conclusión: Postular a la presidencia y perder es bastante rentable.
Está claro que Keiko mintió. En el 2018, antes de que la caneen, dijo que los aportes a su partido en esa campaña fueron «bancarizados y transparentes«. «No hay dinero que haya entrado de manera ilegal», subrayó la hija del dictador.
Por supuesto, tras saberse que Credicorp le soltó millones, el fujimorismo ha enfatizado que esto NO es un delito. Y es cierto que, recién desde agosto de este año, la ley peruana recién ha tipificado estas acciones. Y todo abogado te dirá que en el derecho penal no hay retroactividad: cuando Keiko recibió estos aportes, no estaba prohibida de hacerlo por ley.
Pero favor con favor se paga
Anoche, el abogado de Dionisio Romero Paoletti, José Ugaz, dijo en entrevista con Mávila Huertas que los aportes del grupo Credicorp no fueron a cambio de algún beneficio por parte del fujimorismo.
Aquí es necesario tener en cuenta que Alicorp, una empresa de la industria alimentaria, es parte del Grupo Romero.
Sin embargo, la defensa de Romero no ha considerado estos hechos:
- En el 2011, Dionisio Romero le suelta US$3.6 millones a Fuerza 2011.
- La norma de alimentación saludable se publica en el 2013, pero se queda sin reglamento (e inaplicable) por varios años.
- En el 2016, Credicorp entrega US$450,000 a la campaña de Fuerza Popular.
- En el 2018, con mayoría en el Congreso, el fujimorismo pretende insertar un sistema alternativo en el reglamento: los semáforos. Estos no beneficiaban al consumidor, sino a las empresas.
- Ese año, Vizcarra revela que Keiko le pidió no aprobar el sistema de octógonos y la cabeza de la entonces ministra de Salud.
Nadie es tan desinteresado y Jhoel Herrera lo sabe:
¿Esa obstaculización de cinco años no es producto de un lobby de la industria alimentaria?, ¿Keiko estaba siendo buena gente, nomás?, ¿no estaba devolviendo el favorcito?
Cerremos esto
Como escribe Alonso Gurmendi, vender caramelos informalmente en la calle tampoco es delito. Sin embargo, al vendedor lo golpean, le confiscan la mercadería y nunca más lo dejan volver a esa misma esquina.
A esto hay que agregar que el tardío y tibio anuncio de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es el ejemplo más claro de cómo la gente que tiene plata en el Perú está por encima de la ley:
Está claro que el sistema no está funcionando. Y si algo sabemos de los Romero es que siempre han estado pegados al poder. Y esa es una particularidad de nuestra clase empresarial. Entonces, al final, ¿qué intereses defienden a quienes escogemos para gobernarnos?
Por menos ardió Chile, amiguitxs.
Más procrastinación
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