EXCLUSIVO: La carta con la que congresista fujimorista Lucio Ávila presiona al ministro de Educación
Víctor Caballero
Periodista egresado de YouTubeLa educación en el Perú está en peligro. Los logros alcanzados por la Ley Universitaria comienzan a darse contra los muros impuestos por algunos congresistas fujimoristas y apristas. El listado de parlamentarios que espera con ansias ver cómo la ley es tumbada es largo. Uno de ellos, el más relevante de todos debido a la comisión que preside, es Lucio Ávila.
Este útero tuvo acceso a una carta que evidencia las intenciones que tiene el congresista fujimorista con una universidad a la que le guarda mucho cariño debido a sus más de 40 años de relación: la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Para poder entender qué busca con la carta debemos realizar un breve pero contundente recordatorio.
1. Lucio, el rector universitario
De Lúcio Ávila ya te hemos contado mucho en este útero: es congresista de Fuerza Popular, fue rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno desde el 2010 hasta el 2014 y fue docente de la misma universidad desde 1975 hasta el 2016. Ávila es tan ‘querido’ por esa casa de estudios que, incluso, en el 2014, fue elegido como el personaje del año.
Pero lo más importante en su historia -y que nos compete a todos los peruanos- es que Lucio fue elegido como el presidente de la comisión de Educación del Congreso en agosto de este año. Pese a sus antecedentes de plagios, su sentencia por alimentos y sus roches con el mal uso de los vehículos de la universidad que dirigió, Lucio es la cabeza de la comisión que vela por la educación en el Perú.
Tiene poco más de tres meses al mando de la comisión y desde entonces ha hecho mucho… por tumbarse la Ley Universitaria.
2. Lucio, el presidente de la comisión de Educación
En teoría, la labor del presidente de la comisión de Educación del Congreso se resume en trabajar para que todas las leyes que pasen por sus manos -y salgan de sus manos- sirvan para mejorar el nivel de la educación en el Perú. Esto implica:
- Evitar que algunas universidades se encuentren ubicadas en el segundo piso de cevicherías.
- Evitar que los rectores se aferren a los cargos y que el nivel de la educación sea cada vez mejor.
¿Qué ha hecho Ávila hasta ahora? Lo más relevante ha sido presentar el proyecto de Ley que modifica la Ley N° 30220, Ley universitaria. Este proyecto, presentado en setiembre de este año, busca tumbarse a la Ley Universitaria sin hacer mucho roche:
- Modifica el artículo 17 de la Ley Universitaria y logra que los miembros de la SUNEDU sean rectores. Es decir, convierte a los fiscalizados en fiscalizadores al mismo tiempo.
- Establece que los docentes de las universidades sean elegidos de acuerdo al régimen laboral de la universidad privada y no por lo establecido en la Ley Universitaria.
- Establece que la inversión del 2% del presupuesto, destinado para la responsabilidad social de la universidad, sea únicamente para las universidades públicas. (Es decir, las privadas, que conforman la gran mayoría, no tengan que invertir este monto).
Todos estos cambios (que puedes leer al detalle aquí), sumados a las nueve modificaciones que quiere agregar Javier Velásquez Quesquén y a los cambios prometidos por Mauricio Mulder nos dicen lo evidente: se quieren bajar a la Ley Universitaria y punto.
Oye, bloguerito, no es por ser mala onda, pero todo esto ya lo sabía…
Estos dos puntos fueron la entradita. Ahora pasamos al plato de fondo.
3. Lucio, el rector que ahora es congresista pero piensa como rector
El Sineace (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) es un organismo adscrito al Ministerio de Educación encargado de acreditar y certificar que las escuelas, los institutos y universidades son de calidad.
Según la Ley N° 28740, la acreditación es «el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución o programa educativo, otorgado por el Estado».
«Ante una demanda de Educación Básica, de Educación Superior Universitaria y de Educación Superior No Universitaria surgen los mecanismos de certificación y acreditación, a fin de asegurar la calidad educativa que las instituciones deben brindar».
Para no irnos en floro:
- ¿Para qué sirve la acreditación? El principal objetivo es contribuir con el aseguramiento de la calidad educativa del país.
- ¿Están obligadas todas las universidades a acreditarse? No, es voluntario; pero si acreditas a la universidad la catalogas como una de alta calidad. Esta distinción estatal pesa mucho.
- ¿Cómo se puede acreditar una universidad? Debes cumplir con un largo y exigente listado de requisitos y estándares de calidad establecidos por Sineace. El plazo para la entrega de expedientes de este año venció el 31 de mayo.
Una de las universidades que intentó conseguir esta prestigiosa acreditación fue, justamente, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El plazo para entregar los expedientes con los estudios y estándares establecidos, como indicamos, venció el 31 de mayo. Para ese entonces, Lucio Ávila todavía pertenecía a la plana de la universidad. Sin embargo, la entrega de expedientes resultó un fracaso: la universidad no consiguió la acreditación y para volver a intentarlo tendrá que esperar al próximo año y realizar nuevos estudios.
PERO LUCIO TIENE OTROS PLANES EN MENTE PARA CONSEGUIR LA ACREDITACIÓN
Si no se pudo por las buenas, pues por las malas. El 6 de setiembre, el ya presidente de la comisión de Educación del Congreso de la República, Lucio Ávila, decidió enviarle una carta al ministro de Educación, Jaime Saavedra, exigiéndole que ordene la ejecución de los procesos de evaluación externa para «darle una manito» a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.
El párrafo más importante del documento indica:
«Al respecto, solicitan la incorporación en el proceso de evaluación externa de autoevaluación para fines de lograr su acreditación de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agrícola, de Ciencias Biológicas y de la Faculta de Trabajo Social de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, el mismo que ha demandado un enorme gasto presupuestario y trabajo comprometido de la comunidad universitaria, por lo que mediante el presente SOLICITO A SU DESPACHO ORDENE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS MENCIONADAS ESCUELAS PROFESIONALES, ADEMÁS DE LA CITADA FACULTAD».
Para ponerlo en sencillo:
Como la universidad no pudo conseguir la acreditación, el congresista y presidente de la comisión interfiere para que obtenga una segunda oportunidad. El congresista le pide al ministro que cometa una irregularidad, que salte por sobre la ley, que el proceso ordinario no se cumpla. Más abajo, casi al final de la carta, Ávila pide también que se le extienda el plano al resto de universidades. Pero queda claro que la prioridad es la Universidad del Altiplano.
4. Pero eso no es todo
Fuentes de este útero nos informaron que esta carta no obtuvo respuesta de parte del Ministerio de Educación. Por tal motivo, según otras fuentes en el Congreso, Ávila citó a la presidenta del Sineace, Peregrina Morgan, a su despacho para pedirle personalmente que otorgue de inmediato la acreditación.
Morgan le explicó que no era posible otorgarle la acreditación pues el plazo para aceptar el expediente había vencido en mayo y existen normas y resoluciones que otorgaron el mismo tiempo a todas las casas de estudio. También explicó que esta decisión no le competía en su totalidad ya que Sineace cuenta con un concejo directivo conformado por tres personas: Gisella Orjeda, presidenta de Concytec, Jorge Zegarra, representante del Ministerio de Educación y ella. Tendrían que ser los tres quienes decidieran, fuera del reglamento y en sesión de concejo, si es que otorgan la acreditación.
Como era de esperarse, esta respuesta no fue del agrado del congresista, quien procedió a exaltarse con la jefa del Sineace. Este episodio se llevó a cabo la semana pasada en el despacho de Ávila en el Congreso y fue confirmado por un asistente de dicha reunión. Luego de esto, el parlamentario naranja anunció que la Comisión de Educación evalúa declarar en emergencia el sector.
¿Está bien que un congresista, que ejerce al mismo tiempo el cargo de presidente de la comisión de Educación, interfiera de esta forma en representación de una universidad? El abogado José Alejandro Godoy nos da una pista de la respuesta.
«El problema con el envío de este tipo de comunicaciones es que el señor Ávila es presidente de la Comisión de Educación y ha sido un tenaz opositor a la Ley Universitaria. Parece que, ante la reacción pública contra cualquier proyecto que busque contrariar el espíritu de la Ley, se opta por el lobby para evitar que algunas universidades cumplan con la misma. Esto es bastante grave en términos éticos».
#BONUSTRACK
Este útero intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el congresista Ávila, pero -desde el miércoles 16 hasta hoy- no hemos obtenido respuesta. Quien sí nos respondió fue Guillermo Cáceres, miembro de la comisión de Educación del Congreso. Él nos envió un «ayuda memoria» como respuesta a la carta mostrada anteriormente.
Es necesario realizar algunas precisiones sobre esta respuesta:
- El proceso de autoevaluación no tiene un plazo determinado, puede durar meses o años ya que depende de la propia institución (por eso se llama autoevaluación).
- El plazo para presentar la evaluación externa no fue modificado de manera imprevista en marzo. El proyecto de nuevo modelo o estándares se presentó a la comunidad educativa en talleres que se realizaron en Trujillo, Tacna, Cusco, Lima, Arequipa y otros.
- El plazo hasta el 31 de mayo no era para adecuarse al nuevo modelo, era para que concluyan el proceso y presenten su expediente cumpliendo los primeros estándares.
- Dicen que deben implementar laboratorios y bibliotecas. ¿Cómo una universidad puede funcionar sin laboratorios o bibliotecas?
- Finalmente, nuestra pregunta sobre por qué un congresista y presidente de comisión tendría que intervenir a favor de una institución educativa en particular no obtuvo respuesta.
Todos estamos de acuerdo con que hay que trabajar a favor de la eduación de este país, pero para ello se debe empezar por respetar los plazos, términos y condiciones de aquellas entidades encargadas de supervisarlas.