Casi 20 años después, el Estado reconoce a las víctimas de las esterilizaciones forzadas

Diego Castillo

Periodista

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esta noticia no le gusta a los Fujimori Imagen: La República

Tuvieron que pasar 20 largos años para que al fin el Ministerio de Justicia anuncie que se le brindará ayuda a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1996-2001).

Primero, viajemos al pasado para recordar qué son las esterilizaciones forzadas…

¡Vamos, Marty! antes que Fujimori lo vuelva a negar. Imagen: plex.mx.info

En el 2002, el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus ministros de Salud, fueron denunciados por el Congreso tras haber dirigido un plan de esterilizaciones forzadas.

Según consta en la acusación, se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo era que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú.

Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada.

Estas son las pruebas de que sí hubo esterilizaciones

Los médicos se tomaron fotos con las pacientes durante las esterilizaciones. Imagen: Diario16

La denuncia hecha ante la Fiscalía ha mostrado pruebas irrefutables:

Documentos oficiales del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de Salud que señalan las metas mensuales y anuales que debían alcanzar las esterilizaciones

Una carta enviada por Marino Costa Bauer, entonces ministro de Salud, al ex-presidente Fujimori, donde le informa el cumplimiento de las cuotas.

Comunicados regionales donde se insta al personal a llevar pacientes para ser esterilizadas; fijando hasta el número de pacientes que los servidores de Salud debían llevar.
Como explica el periodista César Romero de La República, en el año 2002 el Congreso de la República encontró que Fujimori personalmente estableció una meta de 200 mil esterilizaciones anuales.
Además, Óscar Zúñiga Vargas, ex director de Salud en Huancavelica, ha revelado que el actual congresista Alejandro Aguinaga, por ese entonces viceministro de Salud, era el encargado de tomar las decisiones para el programa de esterilizaciones.
Los médicos se tomaron fotos con las pacientes antes, durante y después de realizar las esterilizaciones.

Las consecuencias de la medida

Imagen: La República

Se aplicó a cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres
Hasta ahora ninguna de estas personas ha recibido reconocimiento o reparación
Solo 83 víctimas han sido registradas por el seguro social de nuestro país
Ninguna de estas 83 ha recibido ayuda sanitaria

Por estas dos razones no se ayudaron las víctimas

Él es Marco Guzmán Baca, el fiscal que decidió archivar el caso. Imagen: Peru21

1. El archivo del caso

Debido principalmente a que el fiscal Marco Guzmán Baca, archivó la investigación contra Fujimori y sus ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, tras encontrar solo una víctima de los 2074 casos que fueron denunciados. Sin embargo, se apeló el archivamiento y se pidió la creación de un registro de víctimas.

Finalmente en mayo de 2015, la queja interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Grupo Demus permitieron la reapertura del caso de esterilizaciones forzadas.

2. Dificultades para la comunicación con las víctimas

En general los afectados provienen de comunidades pobres, algunos son analfabetos, otros son quechua-hablantes, y también viven en lugares remotos donde los medios de comunicación no llegan. Por eso no han podido dar su testimonio.
El documental «Cicatrices del engaño», realizado por Hiperactiva muestra varios testimonios para, al igual que los afectados, jamás olvidar este atentado a los derechos de mujeres y hombres en nuestro país

El Ministerio de Justicia finalmente anuncia la ayuda

La Justicia llega con 20 años de retraso. Imagen: Andina

Gracias al recurso presentado por el Grupo Demus, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró hoy de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1995-2001, y anunció las medidas para ayudarles:

1. Con la ley de asistencia legal a las víctimas

Mediante el Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, se establece un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, realizadas como parte del entonces denominado programa anticoncepción voluntaria quirúrgica (AVQ).

Para su cumplimiento, el sector Justicia brindará asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de que puedan formular denuncias y, de ser el caso, efectuar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente.

2. La creación del Registro de Víctimas

La norma dispone también que el Ministerio de Justicia se encargue de la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), en el marco de la competencia de los servicios de Defensa Pública de las Víctimas.

Así, se identificarán a todos los afectados por este tipo de prácticas, y se garantizará que accedan a los mecanismos de justicia para sus respectivos casos. Respecto a la atención integral de salud, la norma precisa que será en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud (SIS).

3. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables les dará asistencia psicológica

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sea el ente encargado de la atención psicológica y el acompañamiento social correspondiente de quienes integren el registro de víctimas.

4. Coordinaciones para la atención a nivel nacional

En este contexto y con el objetivo de implementar acciones y optimizar los recursos para una mejor atención a las víctimas, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) efectuarán coordinaciones a nivel nacional con las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de las localidades.

5. Ahora se emitirán normas complementarias

Conforme al decreto supremo, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables tienen como plazo 30 días, desde la entrada en vigencia de la ley, para emitir las normas complementarias que sean necesarias para un implementación.