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Estos fueron los 3 argumentos falsos que usó la comisión del Congreso para archivar el Acuerdo de Escazú

Título Original: Escazú y la Posverdad

Imagen: Congreso

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*Escriben: Mirtha Vásquez y Daniel Olivares

La posverdad es un fenómeno moderno de distorsión de la realidad. Es una forma de contar los hechos en la que las emociones y opiniones tienen más peso que los datos reales, distorsionándolos con el objetivo de torcer la realidad.

¿Qué tiene que ver la posverdad con el Acuerdo de Escazú? Les contamos:

Este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, decidió por mayoría, archivar el Acuerdo de Escazú, uno de los Acuerdos regionales más importantes de los últimos años en materia ambiental. Instrumento firmado por varios países de la región, que desarrolla 3 derechos básicos: derecho a la Información, participación ciudadana y justicia ambiental.

De 148 páginas, el dictamen solo usa 9 para el análisis técnico de la decisión. Además, habiendo recibido casi 70 informes técnicos a favor de la ratificación, obvia los mismos, excluyendo opiniones de instituciones con alta vinculación en la temática, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Justicia o la Defensoría del Pueblo.

Pero el dictamen es escandaloso no solo por su falta de rigurosidad jurídica, sino también por sus fantasiosos argumentos para deslegitimarlo. Los 3 falsos argumentos más resaltantes sobre los que basa su opinión son los siguientes:

Posverdad 1: Lo que dice el Acuerdo ya está legislado en el Perú, así que no es necesario

Falso. Una de las obligaciones más importantes de los Estados en materia de derechos humanos es la “progresividad de los derechos[1], por la que se busca siempre la mejora de los mismos. Por ejemplo, aunque en el Perú ya tenemos incorporado el derecho a la igualdad y no discriminación, a partir de la Declaración Universal de los derechos Humanos, luego se han adoptado otros tratados por la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

El Acuerdo de Escazú trata derechos ambientales reconocidos en nuestra legislación interna, pero que no están desarrollados en el campo ambiental. Por ejemplo, la obligación del Estado a la entrega de información ambiental no está desarrollada de manera específica. Peor aún, la categoría de defensores ambientales no está contemplada en ninguna norma, como falazmente asegura el dictamen. Ahí la importancia de Escazú para hacer efectivos derechos.

Imagen vía: elcamino.pe

Imagen vía: elcamino.pe

Posverdad 2: Con el Acuerdo de Escazú cedemos nuestra soberanía

Falso. El dictamen, en una interpretación sesgada, dice que el Acuerdo, “podría poner en peligro las decisiones internas sobre nuestros recursos naturales, pues las controversias entre Estados terminarían siendo decididas por cortes supranacionales. Dicha interpretación generó que algunos congresistas en el debate usaran incluso argumentos antichilenistas para sostener su posición contra el Acuerdo aduciendo que era entregar recursos al vecino país o a CEPAL que es algo así como un órgano promovido por los “comunistas” chilenos. Es claro que se busca exhaltar sentimientos nacionalistas y anticomunistas como un ejercicio de manipulación sobre creencias y emociones.

El Acuerdo establece claramente en el Artículo 3 que “cada parte se guiará por los siguientes principios[…] i) Principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”. Es decir, la soberanía entendida como el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, está cautelada y de obligatorio cumplimiento.

Lo de las cortes internacionales es muy claro. Hoy el Perú en virtud a los diversos Tratados firmados, puede ser llevado a distintas cortes internacionales y nadie lo cuestiona. Pero al margen de ello, en el artículo 19 textualmente dice que “si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, las Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias”. Solo si las partes deciden otra forma de controversia, entra la opción de ir a la CIJ, por decisión de ellas. Si se diera esa situación, solo sería para resolver desacuerdos en la “interpretación” y no sobre nuestro territorio.

Imagen: Servindi

Imagen: Servindi

Posverdad 3: En el Perú no es tan peligroso ser un defensor ambiental

Falso. Se dice que el Perú “no es tan peligroso como otros países para defensores ambientales” pues de los defensores ambientales asesinados, la mitad son de Colombia y Filipinas. Tal afirmación es el “nosotros matamos menos” de los dictámenes. Lo objetivo es que desde el 2013 han asesinado a 18 líderes ambientales e indígenas en el Perú, 4 de ellos en el presente año, durante la pandemia. Y si fuese solo uno, igual sería demasiado.

Además, las Naciones Unidas ya definieron quién es un defensor ambiental y quién no. En eso no hay controversia. La categoría de “defensores” desarrollada por Naciones Unidas es similar a la de adultos mayores, o personas con discapacidad y su finalidad es realizar medidas positivas para su protección dada su condición social de vulnerabilidad.

En fin, estas y otras afirmaciones han dejado como resultado que el debate termine siendo una confusión entre hechos y opiniones, buscando que afirmaciones que “parecen verdaderas” pero que carecen de base, sean percibidas como hechos objetivos.

La posverdad rechaza el conocimiento científico y la experiencia, por lo que no es casual que las opiniones técnicas que acompañaron y fundamentaron la ratificación del Acuerdo de Escazú, o las estadísticas y las pruebas se rechacen sin más.

La era de la posverdad nos agarra, como humanidad, sumidos en una enorme crisis de desigualdad, con un relativismo elevado en las redes sociales, en donde las mentiras buscan convertirse en certezas por las veces en las que son repetidas. El gran problema es que esas mentiras están costando vidas y nos podrían costar el planeta.

[1] Convención Americana de los Derechos Humanos. Art. 26.

*Mirtha Vásquez y Daniel Olivares son congresistas de la bancada del Frente Amplio y el Partido Morado, respectivamente. Sus bancadas fueron las únicas, junto con Somos Perú, que apoyaron la ratificación del Acuerdo de Escazú.

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