Todo indica que el coronavirus arrasará con una gran parte de la población carcelaria

De todas las acciones que deben tomarse desde el gobierno para evitar que más gente se muera por la enfermedad que provoca el covid-19, proteger a los presos es la más impopular. Sin embargo, aunque no lo crean, aquellas personas que están en la cárcel también tienen derecho a la vida. Por eso, uno de los reclamos que poco ha atendido el gobierno durante esta pandemia es el de los presos y trabajadores penitenciarios.

Qué ha pasao

Todas las vidas importan.
Intervención: Útero.Pe

Motines pues, motines en varios penales del Perú.

• Penal El Milagro en Trujillo: los presos se levantaron el 22 de marzo para exigir mejoras en su alimentación y mejores condiciones para enfrentar la enfermedad del covid-19. La protesta dejó tres muertos.

• Penal de Chimbote: la Policía logró controlar un motín en ese lugar el 15 de abril pasado. Fue uno de las primeras protestas en registrarse en plena pandemia.

• Penal Picsi en Chiclayo: los internos se levantaron exigiendo la atención por un presunto caso de coronavirus dentro de las instalaciones.

• Penal de Huamancaca en Junín. Los presos se amotinaron para exigir que se les haga pruebas de covid-19 a raíz de la muerte de uno de ellos.

• Penal Cristo Rey de Cachiche en Ica.

• Penal Castro Castro: ha sido el más violento registrado hasta el momento para exigir que las autoridades no los dejen morir. Es una de las cárceles con mayor índice de hacinamiento, lo cual agrava la situación de los presos. El resultado de este levantamiento fue la muerte de nueve internos.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que hasta el momento hay 500 contagiados de coronavirus en las cárceles del Perú y 14 fallecidos por esta misma enfermedad. Por supuesto, conociendo la existencia del ahora famoso subregistro de defunciones, esa cifra puede ser mayor.

Esto es aún más grave si tenemos en cuenta

La sobrepoblación de las cárceles

Imagen vía: Paola Rojas

Actualmente hay 96,145 personas presas. Las cifras a continuación han sido recogidos por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) gracias a información del INPE a marzo del 2020.

Unos 17,990 presos son población vulnerable

De esa cantidad:

• 4,824 son mayores de 60 años.
• 2,980 tienen TBC.
• 828 tienen VIH/SIDA.
• 1960 son diabéticos.
• 1,263 tienen discapacidad física o mental.
• 5697 tienen hipertensión arterial.
• 69 tienen cáncer.
• 160 son madres viviendo con sus hijos en los penales.
• 42 están gestando.

En una entrevista con Perú 21, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informó que el hacinamiento en las cárceles es de un promedio del 130%. Sin embargo, a ese número se llega porque algunos penales tienen un hacinamiento de hasta 600%, como Sarita Colonia o el penal Castro Castro; mientras que otros no están llenos, como por ejemplo el penal de Challapalca.

De los 68 penales existentes, 49 están en situación de hacinamiento

La sobrepoblación es de 50 mil presos

Por esta y otras razones, el sistema penitenciario fue declarado en emergencia en el 2017. La exministra tiene claros algunas salidas para mejorar la situación tanto de los presos como la de los trabajadores penitenciarios.

Es cuestión de decisión política

Para los trabajadores penitenciarios:

• Cumplir con la entrega del bono extraordinario prometido a los trabajadores penitenciarios. Lo anunció el 12 de abril pasado.

• Regularizar su situación laboral, algunos están bajo el régimen CAS (el peor de la administración pública).

• Y darle los implementos necesarios para cuidar su vida en este contexto de pandemia. Esto último fue anunciado por el propio presidente del INPE, Gerson Villar.

Ese es el caso de los trabajadores, el de los presos es mucho más complejo. Primero porque reducir el número de reos en cárcel no se puede hacer de un día para otro y segundo porque es una decisión política preocuparse por ellos.

El estudio Arbizu y Gamarra elaboró un cuadro que resume el decreto supremo 004 2020 JUS, en el que toma medidas extraordinarias para excarcelar a reos en situación de riesgo por el covid-19.

No aplican delitos de corrupción, terrorismo, delitos contra la mujer, violación ni delitos contra el patrimonio.
Imagen vía: Estudio Arbizu y Gamarra

Con esta medida se espera excarcelar a unas 3 mil personas que cumplan con los requisitos antes vistos y que estén en situación de riesgo.

“De los 3 000 internos e internas que serían indultados, el grupo de mamás gestantes y madres es un grupo reducido de menos de 100 personas” ministro @FCastanedaP

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) April 23, 2020

Sin embargo, no es lo único que va a tener que hacerse. El Ministerio de Justicia, a través del INPE, tiene la potestad de liberar personas usando herramientas legales como el indulto o la conmutación de la pena. Pero eso solo se puede hacer siempre y cuando el interno o la interna cuenta con una sentencia.

El Ejecutivo está solo

Según Ojo-Público, la Unidad de Registro Penitenciario de la Unidad de Estadística del INPE reportó, hasta el 17 de febrero del 2020, que había un total de 34.879 internos procesados. Más o menos el 36% de los presos en el país.

Pero el Ministerio de Justicia no tiene potestad sobre esa población carcelaria, pues el ente que dicta las prisiones preventivas es el Poder Judicial a pedido de Ministerio Público. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo le pidió al PJ revisar las prisiones preventivas en cumplimiento. Sin embargo, desde ese poder del Estado no ha habido ningún anuncio al respecto.

Una de las propuestas en las que insiste la exministra Pérez Tello para reducir la población en las cárceles, es el uso del grillete electrónico. Durante su gestión se implementó un programa piloto colocando 16 grilletes en el 2017; sin embargo, tres años después este no ha sido continuado por las posteriores gestiones.

Además, la exministra ofrece cifras:

• Un penal para 4 mil personas cuesta 600 millones de soles.
• 4 mil grilletes cuestan 50 millones de soles.

Con el gobierno actuando solo y sin que ninguna institución (Poder Judicial) tome una decisión para evitar que la situación en los penales se agrave, lo más probable es que el covid-19 arrase con varios miles de presos. Y ese sí que será, por lo menos, una muy grave responsabilidad política y a nivel internacional.