corrupción , libertades , noticias , politica , sociedad Miércoles, 24 abril 2019

Tenemos que hablar sobre el uso de la prisión preventiva en el Perú para que no nos engañen tan fácil

Nadie hablaba de regular la prisión preventiva hasta que alcanzó a los más poderosos

La congresista aprista (ese dato es relevante) Luciana León ha anunciado que prepara un proyecto de ley para modificar las condiciones del uso de la prisión preventiva e incentivar el uso de medidas alternativas (grilletes electrónicos, por ejemplo). El fujimorismo —qué raro— ya dijo que respaldará la iniciativa legislativa.

Mmm oks. Foto: Captura/Twitter

Mmm oks. Foto: Captura/Twitter

Como dice en esta entrevista a El Comercio, Luciana León considera que se está abusando de la prisión preventiva. No es la única, el presidente Vizcarra ha reflexionado al respecto y el premier Salvador del Solar se preguntaba hace unos días si es que “estamos haciendo de la prisión preventiva una moneda corriente”.

Y claro, todo esto llega tras el suicidio de Alan García y la prisión preventiva de tres años dictada contra PPK (que tiene 81 años). Como dice esta editorial de El Comercio:

(…) los dos episodios han llamado la atención sobre la posibilidad de que tales instrumentos se hayan convertido en un recurso automático de los fiscales que investigan a personajes políticos, y que los jueces no dudan en validar.

Entonces, tenemos que hacernos la pregunta…

¿Se está abusando de la prisión preventiva?

Spoiler alert: no, en realidad no. Composición: Utero.pe

Spoiler alert: no, en realidad no. Composición: Útero.Pe

Días antes del anuncio de Luciana León, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, dijo esto en Canal N:

Hay un uso excesivo y en algunos caso hasta abusivo de esta figura. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido dos informes muy importantes, uno del año 2013 y otro del año 2017 […] Yo diría que el Congreso tiene que revisar esta normativa.

Los informes a los que hace referencia Blume los puedes leer aquí (2013) y aquí (2017). Para efectos de no hacer tan largo este post, vamos a enfocarnos en el documento del 2017: Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas. Aquí los puntos más importantes en lo que refiere a nuestro país:

  • La CIDH ve con preocupación el incremento de la duración de la prisión preventiva en delitos de criminalidad organizada. Ojo con la precisión.
  • Recordemos que hace un par de años se modificó el Código Procesal Penal, ampliando el plazo límite de la prisión preventiva a 36 meses (con posibilidad de añadir 12 meses más).
  • Dice la CIDH que “esta modificación resulta contraria a aquellas acciones que buscan racionalizar el uso de la prisión preventiva de conformidad con estándares internacionales en la materia”.

Sin embargo, explicando qué es lo que busca con su proyecto de ley, la congresista Luciana León señala que buscará reducir TODOS los plazos, no solo los de criminalidad organizada. ¿Por qué modificar todo si lo problemático sería solo esos 36 meses?

A ver, vamos con las cifras

La verdad es que —de acuerdo con los números del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)—, de toda la gente que está ahorita en la cárcel (los datos son hasta enero de 2019) solo el 39.36% están todavía siendo procesados. Es decir, poco más de un tercio de la población penitenciaria está ahí por haber recibido prisión preventiva.

Las cifras no mienten. Foto: Captura/Informe INPE

Las cifras no mienten. Foto: Captura/Informe INPE

Suena a un montón de personas, pero en realidad la situación ha mejorado. En enero de 2012 la cifra de procesados metidos en cana era de 58.15%. Las cifras no mienten, de hecho muestran que la aplicación de la prisión preventiva se está reduciendo.

Y ahora vean bien estos datos de la Defensoría del Pueblo (actualizados a marzo de 2018):

  • Las personas que están en cárcel por corrupción representan solo el 1% (543 personas) de la población penal censada.
  • Además, el 49% de estos tiene una sentencia. Casi la mitad.

Ahora un resumen para cerrar el post

  • El número de personas en cárcel por corrupción es bastante pequeño y casi la mitad ya tiene una sentencia (o sea, no están adentro por aplicación de prisión preventiva).
  • Sin embargo, esta situación es suficiente para promover el proyecto de ley aprista respaldado por el fujimorismo (el tema nunca había sido tan relevante para el Congreso).
  • La recomendación de la CIDH (y respaldada por el presidente del Tribunal Constitucional) es disminuir la prisión preventiva de 36 meses que se aplica solo en algunos casos.
  • Como prueba aquí Jeannette Llaja, la aplicación de la prisión preventiva sigue siendo necesaria. Por ello, el debate en torno a su uso debe ser en qué casos se debe aplicar.

Para cerrar, una idea: no hay que arreglar lo que no está roto. Lo apropiado sería modificar la duración de la prisión preventiva en el sentido recomendado por la CIDH. Sin embargo, Luciana León quiere cambiarlo todo y ha demostrado que le faltan argumentos para sustentar su proyecto de ley. 

Y por eso es bastante posible que se lo aprueben.

Diego Pereira

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