Claudia Pérez Huamaní tenía 24 años y cursaba el último año de la carrera de derecho en la Universidad Católica cuando ingresó a trabajar como practicante en el prestigioso aunque ya desaparecido estudio de abogados Caro, Cortez y Massa.

En mayo del 2005 hubo una reunión informal entre los abogados del estudio. Fueron a cenar al restaurante El Cartujo, ubicado en San Isidro y posteriormente al bar Zuka en Larcomar. Claudia no recuerda mucho lo que pasó al término de la reunión. Lo único que tiene en su memoria es que horas después despertó semidesnuda y sangrando en el cuarto de un hotel. Al lado de ella estaba el abogado, en ese entonces del mismo estudio, José Angulo Portocarrero.

Él es José Angulo Portocarrero, denunciado por violación sexual ante la Fiscalía.
Imagen: Angulo Portocarrero web/Sello: Útero.Pe

Después de eso, Angulo Portocarrero la dejó en la universidad. Claudia trataba de comprender lo que había sucedido. A las nueve de la mañana acudió al centro médico de esa casa de estudios porque su sangrado y el dolor genital continuaban. Al recibir los resultados del médico, la confusión dio paso a un estado de shock : Claudia supo que lo que le había pasado tenía un nombre y se llamaba violación sexual en estado de inconsciencia.

Han pasado 13 años desde ese episodio traumático. Ella se fue del país. A pesar de que era una talentosa abogada y futura especialista en derecho penal, hoy reside en Alemania y se dedica a actividades audiovisuales, alejada del derecho. Claudia abandonó su vida y sus sueños y, aunque suene aún más doloroso, la justicia peruana le ha cerrado las puertas. Útero.Pe conversó con ella para conocer los detalles de esta historia.

Las acciones del acusado

Según consta en los documentos que también están en manos de la Fiscalía y a los que tuvo acceso Útero.Pe de manera exclusiva:

• José Luis Angulo se registró en el hotel denominado «Wimbledon» con el nombre de «Freddy Rojas» y dio un número de DNI que no existe.

• Su camioneta, una RAV 4 de placa RQF 718, cambió de propietario días después de los hechos (6 de julio del 2005). La nueva propietaria era la expareja (o pareja en ese entonces) del acusado.

• Cuando Claudia Pérez renunció al estudio Caro, Cortez y Massa, el denunciado la llamó en 26 oportunidades. Ella no pudo responder porque le habían robado el teléfono días antes.

• En una conversación telefónica entre la denunciante y Angulo Portocarrero, ella le reclama por los hechos y él le pide disculpas y le conmina a reunirse para conversar al respecto.

El brutal informe médico

Los siguientes detalles se desprenden del informe médico al que la denunciante fue sometida horas después de ocurridos los hechos en el hotel Wimbledon. En Útero.Pe consideramos absolutamente necesario y de interés público colocar la crudeza de los resultados puesto que la Fiscalía, a pesar de esto, decidió archivar la denuncia.

• El informe médico realizado el 21 de mayo del 2005 indica que «hay evidencia de dos desgarros genitales de aproximadamente 2 centímetros cada uno con sangrado activo». Es decir, horas después de los hechos, la víctima seguía sangrando.

• Por esa razón, Claudia tuvo que ser sometida a una sutura de los desgarros con anestesia local. Se le recetó también un tratamiento con antibióticos para enfermedades de transmisión sexual.

La actuación de los socios del desaparecido estudio Caro, Cortez y Massa abogados

Según consta en los documentos y en la conversación que Útero.Pe sostuvo con la denunciante, los abogados propietarios de lo que fue el estudio Caro, Cortez y Massa, le pidieron a Claudia Pérez que no denuncie al abogado José Angulo con el fin de que «no afecte su reputación». Así fue lo que la víctima relató a la justicia:

• «Jorge Massa Carrillo de Albornoz trató de apelar a mis convicciones católicas, solicitando que si realmente era creyente entonces la mejor solución era recibir en mi casa al denunciado y que me pida perdón en frente de mis padres siendo esta una mejor solución que la de denunciar».

Increíble que un abogado prefiera la justicia divina a la terrenal.
Imagen: captura Lazo, De Romaña y CMB Abogados

• «Luis Felipe Cortez nunca dio la cara y mandó a uno de sus practicantes a fin de convencerme también para arreglar esto por otros medios distintos a fin de no afectar al abogado referido ‘porque era joven y le malograría su futuro’ y por mi lado ‘a fin de que no afecte mi reputación'».

Según el testimonio de la víctima, que pesa en la carpeta fiscal, el señor Cortez estaba preocupado por el futuro del denunciado por violación sexual.
Imagen: captura web Lazo, De Romaña y CMB Abogados

• Según el informe de la PUCP, Carlos Caro le dijo a la víctima que lo mejor era denunciar. Incluso le ofreció contactarla con alguna feminista. Sin embargo, a pesar de ello, el estudio elevó a la Universidad Católica, un documento que preparó sobre los hechos en el que decían que Claudia Pérez había renunciado «sin motivo alguno». 

Carlos ahora tiene su propio estudio desde julio del 2005.
Imagen: captura TV Perú

Las declaraciones de los demás

Entre los que declararon ante la justicia figura el que en esa época fue practicante del estudio Caro, Cortez y Massa, el abogado Daniel Ramos Yrigoyen. El testimonio de Daniel se centró en descalificar a la denunciante cuando narraba un episodio de una reunión previa a la del bar Zuka en Larcomar:

• «De un la señorita Claudia Pérez se quiso sobrepasar conmigo. En primer lugar se ubicó cerca de mí y estaba frotando su pierna con la mía, ante lo cual yo me alejé un poco. Posteriormente me cogió la pierna y los genitales».

Y luego narró lo que vio en la reunión del bar Zuka, antes de que sucedan los hechos denunciados por Claudia.

• «En la ida a la cochera de Larcomar, Claudia Pérez se le acercaba mucho al doctor Angulo y lo quería besar. Lo abrazaba. Era una situación complicada para el doctor ya que él la esquivaba y le pedía que se calme».

Actualmente el abogado Daniel Ramos Yrigoyen es un caserito de las páginas de Sociales de El Comercio. Y es director del Área Penal en Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU y Uría.

Su testimonio sirvió para descalificar a la denunciante. Clásicos del machista peruano.
Imagen: Linkedin

Luego de estos hechos, Ramos Yrigoyen formó parte del equipo de trabajo de José Angulo Portocarrero.

Asociado en el estudio que fundó el denunciado por violación.
Imagen: captura web

El informe de la PUCP

José Angulo era estudiante de Maestría cuando ocurrieron los hechos. Claudia Pérez era estudiante y Carlos Caro era director de la Maestría en derecho penal de la PUCP. Por eso, la universidad decidió conformar una comisión investigadora sobre lo sucedido. El documento también forma parte de la carpeta de la fiscal Giannina Elizabeth Luna Gamarra, de la Octava Fiscalía Provincial de Lima.

Entre las conclusiones del informe se puede leer lo siguiente:

Machismo en los estudios de abogados más prestigiosos.
Imagen: Útero.Pe

El documento, elaborado por los docentes César Delgado Barreto, María Soledad Fernández Revoredo y Rocío Villanueva Flores, también recomienda que la PUCP no envíe más practicantes al ahora desaparecido estudio de abogados.

La justicia tarda y sigue tardando

A pesar de todo esto, el Ministerio Público archivó el caso. Por eso, la defensa de Claudia Pérez, a cargo de Flora Tristán, acudió al Tribunal Constitucional, que en marzo de este año ordenó que se vuelva a investigar el caso y que se tome en cuenta el informe médico.

Cuando todos pensábamos que se podía encontrar algo de justicia, la fiscal a cargo, Giannina Elizabeth Luna Gamarra volvió a archivar esta denuncia. Por esa razón, la defensa de la agraviada presentó un recurso de queja para que se pueda continuar con el caso.

«Si es necesario, mis abogados llevarán este caso a la Corte IDH», nos recalca Claudia, quien, a pesar del tiempo transcurrido, todavía confía en que en algún momento encontrará al menos un poco de justicia y marcará un antes y un después en ese mundo dominado por hombres de terno y corbata y de actitudes misóginas.

Algunos apuntes:

• Útero.Pe tuvo acceso exclusivo a los documentos que se encuentran también en la carpeta fiscal de la señora Luna Gamarra. La narración de esta historia se ajusta a lo que obra en Fiscalía y también incluyen declaraciones que obtuvimos de la larga conversación que sostuvimos con la denunciante. Este reportaje no incluye documentos puesto que estos continúan siendo parte de la investigación fiscal.

• Hace pocos días se viralizó un testimonio de la también abogada Silvia Bernal quien, animada por la historia de Claudia, su amiga, contó que a ella también le pasó algo parecido pero que nunca se atrevió a denunciar.

Ojalá la justicia actúe como tal y que los implicados en este caso sean investigados sin importar cuánto dinero o cuánta influencia tengan en los pasillos del Ministerio Público. Todo queda en las manos de la fiscal Luna Gamarra.

ACTUALIZACIÓN:

El doctor Carlos Caro Coria envío un escrito a Útero.Pe que copiamos en este espacio:

«Estimados señores:

Por presente me refiero a la nota: http://utero.pe/2018/07/04/indignante-esta-es-la-escalofriante-historia-de-violacion-sexual-que-al-ministerio-publico-no-le-da-la-gana-de-investigar/, publicada ayer y en la que se indica lo siguiente:

1. “En mayo del 2005 hubo una reunión informal entre los abogados del estudio. Fueron a cenar al restaurante El Cartujo, ubicado en San Isidro y posteriormente al bar Zuka en Larcomar. Claudia no recuerda mucho lo que pasó al término de la reunión”. Aclaro que yo no organicé, no fui invitado ni asistí a dicha reunión social, específicamente porque yo renuncié a Caro, Cortez & Massa en febrero de 2005, fundé mi actual firma Caro & Asociados el 1/7/05, en mayo yo trabajaba como abogado independiente por recibos de cuarta categoría, de modo que no compartía desde febrero de 2005 de las reuniones formales o informales de  dicha firma a la que ya había renunciado.

2. En la sección “La actuación de los jefes del desaparecido estudio Caro, Cortez y Massa abogados”, Uds. incluyen de modo no autorizado una foto mía y del logo de mi firma actual, con este texto: “Carlos Caro, al principio le dijo a la víctima que lo mejor era denunciar. Incluso le ofreció contactarla con alguna feminista. Sin embargo, elevó a la Universidad Católica, que preparó un informe sobre los hechos, un documento de su estudio de abogados, en el que decían que Claudia Pérez había renunciado “sin motivo alguno”.

Me alegra sobremanera que pongan de relieve que yo recomendé a la víctima, el mismo día que me narró el hecho conjuntamente con su madre, que interpusiera la denuncia penal, le dije que estos casos son cuesta arriba, son difíciles de ganar, pero que debía denunciar sin más dilación. Y sigo esperando, como todos, que la Srta. Claudia Pérez alcance la justicia que merece en el más breve plazo.

3. De otro lado, sobre el informe a la PUCP en el que se indica que ella renunció sin indicar los motivos, debo indicar que: 1) la Srta. Pérez no renunció ante mí, ni debía hacerlo tampoco porque ella trabajaba para el grupo de abogados de los Dres. Cortez y Massa, yo no asumía el pago de su sueldo de practicante, no era su jefe ni podía serlo, yo no administraba el Estudio porque no ejercía mis derechos de socio desde febrero de 2005, en que renuncié voluntariamente a dicha empresa con el fin de fundar una totalmente propia; 2) el documento no niega la presunta violación, al contrario, en el párrafo inicial se indica EXPRESAMENTE que Claudia Pérez habría denunciado al Dr. Angulo por “presunto delito contra la libertad sexual”; y, 3) la carta indica que el 21 de junio ella “renunció sin mayor explicación”, lo que es cierto, ella nunca me habló de su renuncia sino de su caso penal hasta el 22 de junio (al día siguiente) y yo le recomendé denunciar de inmediato.

4. En la sección “el informe de la PUCP”, Uds. señalan: “José Angulo era estudiante de Maestría cuando ocurrieron los hechos. Claudia Pérez era estudiante y el jefe de ambos, Carlos Caro (..).” Sobre esto, reitero que yo no era jefe de ambos porque en febrero de 2005 ya había renunciado al Estudio, trabajé de modo independiente hasta julio que fundé mi firma actual que, precisamente, acaba de cumplir 13 años el 1/7/2018, como es de público conocimiento. El Sr. José Carlos Angulo y la Srta. Claudia Pérez trabajaban para los colegas Luis Cortez y Jorge Massa, no para mí.

5. Asimismo, debo indicar que el 11 de diciembre de 2006, tras investigar el caso y en base a los mismos argumentos que aquí reitero, el Consejo de la Facultad de Derecho de PUCP concluyó que yo no incurrí en faltas éticas en mi condición de Profesor Universitario de Derecho Penal. Esta decisión fue definitiva y está firme, esta es la parte pertinente:

Imagen: Carlos Caro

6. Aclaro finalmente que nunca he tenido participación alguna, profesional o personal, directa ni indirecta, como abogado o consejero de alguna de las partes, en los procesos penal y constitucional entablados, en ejercicio de sus derechos, por la Srta. Pérez contra el Sr. Angulo.

En este contexto, la difusión por parte de Uds. de estas afirmaciones inexactas, no veraces, se hado sin respetar el deber de veracidad periodística que los obliga a recabar los argumentos de un potencial afectado, como yo, por sus informaciones. Uds. no me han llamado, no me han escrito ni intentado contactar de manera cierta y verosímil, violando con ello el más elemento principio de la práctica y la ética periodística, y en especial el Acuerdo Plenario Vinculante y Obligatorio de la Corte Suprema N° 4-2006/CJ-116, de fecha 13 de octubre de 2006, el mismo que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 29 de diciembre de 2006, y que ha establecido como doctrina legal que constituye precedente vinculante y por tanto obligatorio para todos en general, que:

                “(…) el ejercicio legítimo de la libertad de información requiere la concurrencia de la veracidad de los hechos y de la información que se profiera. (…) Ello significa que la protección constitucional no alcanza cuando el autor es consciente de que no dice o escribe la verdad cuando atribuye a otro una determinada conducta –dolo directo- o cuando, siendo falsa la información en cuestión, no mostró interés o diligencia mínima en la comprobación de la verdad –dolo eventual-.  En este último caso, el autor actúa sin observar los deberes subjetivos de comprobación razonable de la fiabilidad o viabilidad de la información o de la fuente misma, delimitación que debe hacerse desde parámetros subjetivos: se requiere que la información haya sido diligentemente contrastada con datos objetivos e imparciales. (…) No se protege, por tanto, a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúen con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado, comportándose irresponsablemente al transmitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones o insinuaciones insidiosas; las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligencias comprobadas y sustentadas en hechos objetivos, debiendo acreditarse en todo caso la malicia del informador. (…)”

Por todo lo expuesto les pido que, en el término de 48 horas, y a fin de evitar el inicio de acciones legales en defensa de mis derechos constitucionales, lo siguiente:

1. De conformidad con el derecho a la rectificación reconocido en el artículo 2°, numeral 7 de la Constitución Política del Perú, y con el artículo 2° de la Ley N° 26847, Ley de Rectificación, solicito que procedan a realizar la inmediata rectificación de las informaciones incorrectas. Rectificación que deberá ajustarse estrictamente a las exigencias del art. 3 de la citada Ley Nº 26847. Ello a fin de evitar que se siga difundiendo información inexacta, errónea que lesiona mi derecho a gozar del honor y reputación, bienes jurídicos que proteger el Derecho Penal.

2. Asimismo, al amparo del art. 2 numeral 7 de la Constitución y el art. 15 del Código Civil[1], les exijo el retiro de mi imagen (foto) de su publicación porque yo no he autorizado su uso a Uds. y yo soy el único que puede hacerlo, se trata de una foto privada (servicios pagados en 2014 a una fotógrafa profesional, tengo el recibo de honorarios de SUNAT que acredita el servicio), y yo no he autorizado su difusión a Uds., insistir en esta difusión puede acarrear responsabilidades civiles por el uso no autorizado de una imagen personal cuya creación (derechos de autor) no es pública, sino que emana de un contrato de servicios pagados para mis fines personales que no los incluye a Uds.

3. También les exijo que retiren de su publicación el logo no autorizado de mi actual Estudio de abogados, la composición del logo es de mi propiedad según puede verse en el Certificado de Indecopi N° 00100663 del Registro de Propiedad Industrial de la Dirección de Signos Distintivos emitido conforme a la resolución 001240-2017/CSD-Indecopi de 15/7/2017 y que impide el uso no autorizado del logo por terceros como Uds. hasta el 15/7/2027. Así, este uso no autorizado del logo acarrea violaciones flagrantes a la Ley de la Propiedad Industrial y a sus normas penales de protección, con las consecuentes responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Por último, no puedo dejar de reiterar mi compromiso personal, profesional y empresarial con la igualdad y el pleno respeto a la mujer, lo que se condice con el hecho de que en mi práctica he asesorado y defendido a víctimas, incluso menores de edad, frente a graves delitos contra la indemnidad y libertad sexuales. Espero que la justicia atienda muy pronto y de modo efectivo el caso de la Srta. Claudia Pérez y se impongan, de ser el caso, las sanciones previstas por la ley penal.

Respeto de modo supremo la labor periodística, pero esta debe sujetarse a la veracidad que en mi caso Uds. no han respetado, seguramente por error o desinformación, y que espero puedan inmediatamente rectificar.

Atentamente,

Dino Carlos Caro Coria».

Nota de redacción

Útero.Pe ha procedido a atender a la presente en el menor tiempo posible.

• En ningún momento esta publicación afirma que Carlos Caro haya acudido al bar Zuka de Larcomar o a alguna reunión de camaradería del estudio de abogados Caro, Cortez y Massa.

• A pedido expreso del señor Carlos Caro se ha retirado la fotografía con con su imagen y el logo de su marca, siendo reemplazada por una captura de pantalla de una entrevista en un canal de señal abierta.

Sin embargo, queremos aclarar que en julio del 2005, el doctor Carlos Caro Coria firmó un acta de la Junta de Accionistas del desaparecido estudio Caro, Cortez y Massa Abogados. Colocamos el documento que sustenta nuestra afirmación de que cuando sucedieron los hechos el vínculo entre el doctor Caro y el estudio continuaba vigente.

Imagen: Útero.Pe

Para el 11 de julio del 2005 habían pasado casi 2 meses desde los hechos. Imagen: Útero.Pe