Julio Rosas detrás de un nuevo acoso contra las ONG que defienden derechos reproductivos de la mujer
Laura Grados
@lauletrasNueva ofensiva contra las ONG que defienden los derechos de la mujer
Una campaña desde el Congreso, impulsada por el legislador Julio Rosas para fiscalizar a Promsex, Inppares y otras, utiliza S/. 2.5 millones para contratar a 150 nuevos trabajadores en la APCI. Esta es la historia detrás de cámaras de los lobbies políticos y acosos legales alrededor de la lucha por la despenalización del aborto por violación.
Escribe: Laura Grados
en alianza con La República
La tarde del 14 de agosto pasado, cuatro altos funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) llegaron hasta las instalaciones de Promsex, en el corazón del distrito de Miraflores. Por esos días, en la ONG que defiende los derechos sexuales se vivía un ambiente de tensión permanente. Un mes antes, en julio de este año, se había dado inicio a lo que ellos consideran “un ataque mediático en su contra”.
La reunión se desarrolló en torno a lo que se había conversado al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso: fiscalizar las cuentas de las organizaciones que reciben dinero de la cooperación internacional, con mención especial a aquellas vinculadas a temas de los derechos reproductivos de la mujer.
Los agentes de la APCI llevaban consigo una notificación dirigida a Susana Chávez, directora de Promsex, en la que se le ponía de conocimiento que se estaba dando inicio a una acción de supervisión de oficio al proyecto “Acceso a la atención de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos en el Perú: reduciendo el estigma y fortaleciendo el debate”. Este proyecto es lo que la opinión pública conoció como la campaña “Déjala Decidir”.
Los funcionarios alegaron que el requerimiento de esta información era consecuencia de presiones desde el Congreso.
Dos millones y medio
El 24 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó a la APCI S/. 2.5 millones para la fiscalización de las ONG. Así aparece en una publicación en El Peruano, en donde se autoriza este monto. Según pudo saber Útero.Pe, APCI ha contratado alrededor de 150 funcionarios para esta función fiscalizadora.
Si bien el dinero fue transferido antes de que sesione la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, fue durante la primera reunión de este grupo de trabajo, en la que participó el legislador Julio Rosas como accesitario, en donde se decidió fiscalizar, principalmente, a las ONG enfocadas en aspectos relacionados con los derechos reproductivos de la mujer. Una semana antes, en una sesión de coordinación de temas en la comisión, la congresista Lourdes Alcorta ya había propuesto la fiscalización.
En la primera sesión oficial de la Comisión de RREE, del 18 de agosto pasado, se citó a la directora de APCI, Rosa Lucila Herrera. Hacia ella dirigió Rosas la ametralladora de preguntas sobre el financiamiento y específicamente detalles del trabajo que realizaban las ONG como Promsex o Católicas por el Derecho a Decidir.
Ese día, Herrera precisó que el trabajo de su despacho solo consiste en fiscalizar los proyectos de cooperación de las ONG, mas no a la institución en sí misma. “El Congreso estaba presionando después de que saliera lo que publicó un medio nacional, sobre una estadounidense que traficaba con tejidos de fetos. Por eso es que inmediatamente se mandó notificación a Promsex y a Inppares”, nos confió un funcionario de la APCI que prefiere no identificarse.
Consultamos con la directora de APCI al respecto y declaró que, efectivamente, después del mandato del Congreso, se ha priorizado la fiscalización de las ONG dedicadas a temas de derechos reproductivos. Promsex e Inppares, principalmente. De hecho, este lunes ha sido citada ante la Comisión de RREE para entregar información actualizada del trabajo.
Está prevista la reapertura del debate. Aunque aún no hay fecha.
Foto: La República.
Antecedentes de una guerra
El inicio de este enfrentamiento se remite a setiembre del 2014, cuando se conoció la extraña denuncia de oficio que el Ministerio Público hizo por «Apología al aborto», contra el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, y la directora de Promsex por su participación en la presentación del libro «Hablemos de aborto y Misoprostol». En ese momento, Arbizu denunció que Rosas se encontraba detrás de esta denuncia, que finalmente fue archivada.
Meses después, el 23 de julio de este año, apareció una retahíla de informaciones a partir de la cual se cuestionó a las organizaciones a favor de «Déjala Decidir». Un reporte de ACI Prensa, la web encargada de difundir noticias vinculadas a temas religiosos, desató lo que ahora explica el accionar de la APCI y la supervisión que de oficio efectuaron sobre Promsex y que contamos al principio de este relato.
“Planned Parenthood invirtió 3 millones de dólares para promover aborto en el Perú”, es el titular de esa fecha en la página web de ACI Prensa. El texto detalla que fueron las ONG Promsex, Católicas por el Derecho a Decidir e Inppares las que recibieron, en conjunto, entre el 2013 y 2015, la cantidad que exhiben en el titular.
Pero si bien ello corresponde a la cooperación internacional y no supondría ningún tipo de problema legal, para los sectores conservadores resulta un escándalo después de que Planned Parenthood Federation of America – PPFA (Sucursal estadounidense de la International Planned Parenhood Foundation IPPF de Londres) haya sido cuestionada por comercializar con los tejidos de fetos abortados.
La noticia la dio a conocer la cadena CNN, en donde reproduce un video publicado por un grupo “antiaborto”, en donde se muestra a la Directora Superior de Servicios Médicos de PPFA, Deborah Nucatola, admitiendo abiertamente el uso del aborto para obtener partes intactas de los cuerpos de los fetos abortados, para vender sus órganos. El vocero de la PPFA, Eric Ferrero, defendió la investigación científica. “Las mujeres y familias que donan tejido fetal para salvar vidas debe ser honrado y no atacado y degradado«.
su ferviente y monotemática agenda ocasionó su salida de la bancada fujimorista.
Foto: La República.
El factor extranjero
Los cuestionamientos a la PPFA fueron reproducidos en medios peruanos, como el portal lucidez.pe y en algunas radios. También se encargaron de divulgarlo personalidades del mundo político y periodístico, entre ellos el congresista Julio Rosas, quien declaró en un diario local contra las ONG a las que él llama «abortistas».
“Se debe investigar a las ONG peruanas que promueven el aborto. No es grato para el país que venga dinero del extranjero para imponer una agenda de muerte en el Perú”.
El director de la Oficina para América Latina Population Research Institute (PRI), Carlos Polo, cuestionó la injerencia de la PPFA. “La información confirma que las campañas abortistas en el Perú se originan en Nueva York en la oficina central de Planned Parenthood. Las autoridades deberían controlar estos ingresos porque estas actividades no tienen nada que ver con la cooperación internacional, sino que son intervenciones de reingeniería social”, afirmó a ACI Prensa.
Polo se hizo conocido en el 2014 en una denuncia de corresponsales.pe, en donde se le acusó de cobrar 114 mil soles por gestionar los intereses de las universidades que quieran “bloquear” la nueva ley universitaria.
En la página de Facebook del congresista Jaime Delgado, existe una publicación del 19 de marzo del 2013 con fotos de una reunión en el Parlamento con representantes de la empresa estatal Sedapal. Allí figuran Polo y Sergio Burga Álvarez, ambos con el cargo de “coordinadores parlamentarios de Sedapal”. Ese mismo mes se realizó la Marcha por la Vida, convocada por grupos católico para oponerse a la aprobación del protocolo de aborto terapéutico y auspiciada por la empresa del agua. El congresista Rosas apareció en el estrado junto con los impulsores de la protesta.
Fue iniciativa de la directora de APCI el pedido de presupuesto para fiscalizar 500 ONGs.
Imagen: captura de pantalla.
PPFA no es igual a IPPF
El 18 de agosto pasado, desde la Comisión de Relaciones Exteriores se aprobó tratar como tema de agenda la fiscalización en el trabajo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). A partir de ahí, la APCI ha solicitado, en dos oportunidades, detalles de sus proyectos a Promsex.
Las supervisiones son sobre la base de las donaciones, no de la estadounidense PPFA que ha estado en el ojo de la tormenta, sino de las que llegan desde International Planned Parenthood Federation (IPPF), con matriz en Londres.
La IPPF envía un promedio de 80 mil dólares al año a Promsex, con quien tienen proyectos de educación sexual. En cambio, Inppares es prácticamente la sede de la IPPF en nuestro país, casi la totalidad de sus ingresos proviene directamente de ahí.
A pesar de la posición de los voceros “pro vida” en contra de Promsex, es Inppares la que resulta más afectada ante la disposición del Congreso. Lo más insólito es que no es una de las que impulsa la campaña «Déjala Decidir».
Este medio intentó comunicarse con el congresista Rosas para conocer su opinión; sin embargo, al cierre de esta nota el legislador no contestó.
Más allá de lobbies en el Congreso y fiscalizaciones a organizaciones acusadas de “abortistas”, el debate para la despenalización del aborto en casos de violación debe continuar, en tanto se considere una necesidad de salud pública que vaya más allá de tintes políticos o religiosos.
El dato
La Population Research Institute (PRI) es una organización estadounidense creada en 1989, históricamente contraria a Planned Parenthood Federation of America (PPFA). Se opone a que el gobierno estadounidense derive recursos públicos para la PPFA, a quienes acusa de ser “antivida”. En su web, salta un aviso en contra de su enemigo, alentando a los usuarios a reclamar en contra de los 800 millones que la PPFA va recibiendo de arcas norteamericanas.
Inppares contrata a ex funcionaria de USAID en el gobierno de Bush
Inppares tiene una labor de incidencia directa: posee clínicas en donde se garantiza el cumplimiento de la ley del aborto terapéutico.
Como para enfrentar la corriente fiscalizadora, la médico obstetra Lucy López asumió hace poco la Dirección de Servicios. En el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, López es conocida por su vocación conservadora. Fue ella quien, desde su cargo como Gerente de Programas de Salud de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se encargó de aplicar las disposiciones del gobierno del ex presidente estadounidense George Bush.
Estas medidas del ex mandatario republicano tenían que ver con una especie de veto a las organizaciones que recibían dinero de USAID: estaban prohibidas de hablar del aborto. Las peripecias están documentadas en el libro Las migajas bajo el mantel: la política fundamentalista de USAID y el caso de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en el Perú.
Más procrastinación
