Más de 4000 mujeres fueron víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado interno

En agosto del año pasado, la abogada Julissa Mantilla, consultora de las Naciones Unidas, subrayó la ausencia del tema de género y violencia sexual durante la semana conmemorativa de los once años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

«No puede ser que haya un aniversario de la comisión de la verdad y no se hable de este tema», reclamó la abogada. 

Siete meses después, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos provoca una fuerte discusión en la opinión pública peruana sobre estos temas. Comparto la nota que no llegué a publicar en ese momento, sobre las más de cuatro mil mujeres que fueron víctimas de violencia sexual. 

Imagen elaborada por Demus

Durante el conflicto armado interno, 4.289 mujeres fueron víctimas de violencia sexual, informó el Estudio para la Defensa de los Derechos Humanos (Demus) el pasado viernes 29 de agosto, citando cifras del Consejo de Reparaciones, encargado de acreditar a los afectados durante este periodo.

Del total de casos, 19 están judicializados y ninguno tiene sentencia, de acuerdo a las cifras presentadas por Demus durante la semana en que se conmemora los once años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en agosto de 2004.

“Tenemos dos casos esperando entrar a etapa de juicio oral hace tres años. El fiscal nos repite una y otra vez que ya denunciará”, reclamó Mariel Távara, coordinadora de la línea psicológica de Demus, en el conversatorio ‘Verdad, reparación y justicia para víctimas de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno’, realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La abogada Julissa Mantilla, ex-integrante de la comisión de la verdad y ponente en el evento junto a la psicóloga clínica Paula Escribens, recordó que el Informe Final de la CVR responsabilizó al Estado por el 83% de los 527 casos de violación sexual contra mujeres que contabilizaron, mientras que el 11% se imputó a los grupos subversivos.

La CVR solo pudo investigar los casos de violación sexual, uno de los delitos agrupados bajo la categoría de violencia sexual, donde se incluye la unión forzada, el embarazo forzado, la esclavitud sexual, entre otros, precisó Mantilla.

Aun así, la Comisión –una de las primeras que incorpora un análisis diferenciado y un capítulo específico sobre violencia sexual– concluye que estos delitos constituyeron una práctica constante durante el conflicto, no hechos aislados.

“Hemos escuchado a una fiscal decir: ‘bueno, pero si en la sierra todas las mujeres son violadas, porque ahora que los militares las hayan violado implica que hayan sufrido, siempre esto sucede’”, aseguró Escribens en el conversatorio que contó con la asistencia del padre Gastón Garatea y la socióloga Sofía Macher, ex-integrantes de la CVR.

El Registro Único de Víctimas, padrón elaborado por el Consejo de Reparaciones, también registra a 129 hijos producto de violaciones sexuales, delito que afectó a 3456 mujeres en particular en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

“Hacer memoria y recordar a estas mujeres, hablar de estas mujeres, pensar que estas mujeres tienen historias, vidas en particular, que merecen que el Estado le preste atención, es en realidad un proceso para pensarnos como país también”, concluyó Távara.