noticias , politica , sociedad , violencia Viernes, 12 diciembre 2014

Marlene Román: “Se dieron casos en que los restos eran entregados en bolsas a sus familiares”

La falta de una cifra oficial de desaparecidos y de una política de búsqueda son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la recuperación de los restos de más de 15 mil personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, afirma Marlene Román, comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, entidad que está a la espera de la presentación y aprobación de un proyecto de ley que ayudaría a revertir esta situación.

Los desaparecidos en el Perú. Fuente: CNDH

Los desaparecidos en el Perú. Fuente: CNDH

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró 8558 personas desaparecidas en 2003; la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) aumentó la cifra a 12 027 cuatro años después; el mismo año, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) junto al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) calcularon 13 271; y actualmente el Registro Único de Víctimas tiene 8221 personas acreditadas. ¿Se cuenta con una cifra oficial?

El primer problema del cual partimos es que no hay una cifra única de personas desaparecidas. El primer compendio fue de la CVR, sin embargo no tuvo tiempo de llegar a todos los lugares. Durante algunos años, la CNDDHH continuó con el recojo de testimonios. La cifra del Consejo de Reparaciones es menor pero aún faltan expedientes por calificar. El número de desaparecidos que maneja el Instituto de Medicina Legal (IML) – aproximadamente 15 mil personas – es el más cercano. Pero no es posible arribar a una cifra oficial porque no tenemos un adecuado sistema de recojo de información.

¿Estamos ante esfuerzos aislados?

Exacto. No hay una política de búsqueda de personas desaparecidas, que trascienda a los gobiernos y se instaure en el Estado como una medida articulada e interinstitucional. Actualmente, la búsqueda de desaparecidos es una herramienta, no un fin. El Ministerio Público cumple una importante labor, pero su finalidad esencial no es buscar desaparecidos para identificarlos y restituirlos a sus seres queridos sino aportar elementos probatorios a un proceso de carácter penal.

Desde la Defensoría del Pueblo hemos saludado las diligencias que van más allá de este fin, como las recientes exhibiciones de prendas de los restos exhumados en el cuartel ‘Los Cabitos’, que probablemente no ayudarán a determinar responsabilidades penales pero sí contribuir a aliviar el dolor e incertidumbre de las familias. Es un ejemplo claro de cómo se puede atender el enfoque humanitario.

Deudos recuperaron los restos identificados de sus familiares desaparecidos por 30 años. Foto: Rodrigo Abd / AP

Hace unos meses, en una conferencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mencionaste lo mismo: es una limitación que la investigación forense esté ligada a la investigación fiscal.

Si una persona conoce el paradero de alguien desaparecido, tiene necesariamente que interponer una denuncia en la Fiscalía para que el sitio de entierro sea exhumado. En muchos casos, las personas tienen miedo de verse involucrados en una investigación de carácter penal, o no tienen los recursos ni las fuerzas para trasladarse desde su comunidad hasta la sede de la fiscalía para que le tomen la manifestación, de repente ni habla español sino quechua.

Sería mucho más fácil si se elabora una campaña de recolección de testimonios, protegiendo la identidad de las fuentes que así lo requieran, para que brinden información sobre el posible paradero de personas desaparecidas; y así establecer un plan a gran escala de intervenciones forenses, para lo cual se asignaría personal especializado y a dedicación exclusiva. Ahora, tienes fiscales que conducen cientos de investigaciones: las fiscalías especializadas – en Ayacucho principalmente – ven casos de terrorismo, ejecuciones extrajudiciales, torturas, entre otras graves violaciones de derechos humanos, con personal y recursos materiales limitados.

En Junín – donde existen muchas fosas con asháninkas asesinados por Sendero Luminoso -, la fiscalía a cargo, que también tiene competencia para delitos comunes, está desbordada. Por eso hemos solicitado desde hace años la creación de una fiscalía especializada para esa región, sin que hasta la fecha se haya concretado.

También mencionaste que, en diez años, se han recuperado 2500 cuerpos; es decir, tomará por lo menos 70 años recuperar los restos de las más de 13 mil víctimas.

El tiempo es el peor enemigo en estos casos porque las evidencias cada vez son menos, los testigos se van muriendo y se dificulta la identificación por medio de ADN, pues los restos óseos ya no tienen la calidad necesaria. En el caso ‘Los Cabitos’, por ejemplo, ha sido imposible extraer el ADN de muchos de los restos, porque se van degradando conforme pasan los años. De nada nos va a servir exhumar y recuperar restos que al final van a tener que ser enterrados como NN porque no fue posible su identificación.

¿Existen otro tipo de limitaciones?

La falta de acompañamiento psicosocial a las familias durante las diligencias, puesto que tampoco es competencia del Ministerio Público. Es necesario que un psicólogo acompañe al familiar a lo largo de un proceso que puede ser muy traumático, porque no solo revives lo que pasó en esos años sino que está la incertidumbre de no saber si esos restos pertenecen a tu pariente o no, la emoción indescriptible de encontrar a tu familiar o la necesidad de prepararte para escuchar quizás que no va a ser posible identificarlo pues la calidad de los huesos no permite extraer el ADN.

La falta de recursos materiales es otra limitación. Una vez que los fiscales identifican un resto, el familiar tiene que conseguir un ataúd y ver como lo traslada a su comunidad, porque el Ministerio Público no tiene recursos para eso. Insisto: porque tampoco es su función. Si bien el CICR y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel facilitan algunos recursos y brindan apoyo en las coordinaciones con las autoridades locales para las misas o para que donen nichos, no existe un presupuesto destinado para ello pues no es parte de un programa. Al comienzo de este proceso, incluso se dieron casos en que los restos eran entregados por el Ministerio Público en bolsas o cajas a sus familiares. Una vez llegó a nuestra oficina defensorial de Huánuco una señora con dos bolsas conteniendo los restos de sus dos hijos.

 

“…no hay una cifra única de personas desaparecidas…”

 

¿Qué se está haciendo para revertir esta situación?

En mayo de este año se aprobó en el seno de una mesa de trabajo – donde participaron el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el IML, el EPAF, la CNDDHH, entre otros actores – un proyecto de ley que declara de interés nacional la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia (1980 – 2000). Desde entonces, no tenemos mayor información, más allá de que ha sido aprobada por el consejo de Viceministro. Como la propuesta será presentada por el Ejecutivo – fue un compromiso anunciado por el Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia en agosto del 2013 – debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y ser remitida al congreso, esperemos con carácter de urgencia. Una vez llegado el momento, esperamos que los congresistas estén a la altura de lo que este tema demanda. A ningún ser humano se le debería privar del derecho de enterrar a sus muertos.

¿Qué contempla este proyecto de ley?

Crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro, y designa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente encargado de la planificación, articulación, implementación y seguimiento de un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Además, contempla el acompañamiento psicosocial y apoyo material a las familias, la creación de sitios de memoria, entre otros

¿Por qué la búsqueda de las personas desaparecidas no ha sido una prioridad de los diferentes gobiernos?

Nosotros lamentamos que no haya habido suficiente voluntad política. Es una oportunidad que se ha perdido porque nada podrá recuperar los años que han transcurrido; no podemos pensar en crecimiento económico, en desarrollo social, cuando cerca de 15 mil familias siguen buscando a sus familiares.

Cuando ocurrió la tragedia de este joven perdido en el Colca, el país entero estuvo en vilo seis meses, compartiendo la angustia de sus familiares por no saber si estaba vivo o muerto. Imaginen ese dolor no por seis meses, sino por diez, quince, veinte o hasta treinta años. Estas familias merecen tener alguna tranquilidad, y si no se pueden recuperar a sus familiares, por lo menos que sepan que se hizo todo lo posible para ello, que el Estado nunca las abandonó.

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