historia , noticias , sociedad Lunes, 17 noviembre 2014

Llegó el fin de la protección del patrimonio histórico en el Perú. Un regalito del gobierno a las inmobiliarias

Diego Pereira

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Callejón del Buque, Barrios Altos, en el 2013. Foto: Peru21

Callejón del Buque, Barrios Altos, en el 2013. Foto: Peru21

¿Te acuerdas de la ley 30230? Fácil no la sacas por nombre, pero sí por su cara: es esa norma que el presidente Ollanta Humala presentó con una sonrisa en el rostro pues supuestamente estimularía la inversión. Es esa norma que apareció con el conocido paquetazo ambiental y que deprimió a nuestro ministro del Ambiente.

Bueno, esa ley creció, decidió formar una familiar y ahora tiene una hija, la Resolución 364, firmada por la ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón y que, según Javier Lizarzaburu, autor del blog Lima Milenaria, marca el fin de la protección al patrimonio histórico de nuestro país.

 

Éste es el problema

Casona histórica del Jirón Huallaga 731, ahora ya no existe. Foto: Miguel Pozo

Casona histórica del Jirón Huallaga 731, ahora ya no existe. Foto: Miguel Pozo

Los edificios históricos ya no tienen protección. Como dice este artículo de El Comercio:

(Lo que hace la mencionada resolución es eliminar) la exigencia de una autorización previa del Ministerio de Cultura para validar la licencia municipal de un obra ejecutada en un inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación

¿Qué significa esto y por qué es un problema? Como explica Alberto Martorell, presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) en ese mismo artículo:

El error que comete el ministerio es aceptar buenamente lo que dice la polémica Ley 30230, de simplificación de procedimientos para promover la inversión del país, en que ampara su resolución. Ahora serán las municipalidades las que tengan la competencia de habilitar obras que signifiquen un potencial peligro para el patrimonio inmueble, ya que los delegados ministeriales no tienen ni voz ni voto en esas comisiones

O sea, que ahora son las municipalidades las que decidirán si vale la pena proteger un Patrimonio Cultural. Un filtro menos para darle cabida al ‘boom inmobiliario‘.

 

Pero lo mejor hubiera sido cambiar el filtro

La norma pasó días antes del terrible incendio en la Plaza Do de Mayo. Foto: Peru21

La norma pasó días antes del terrible incendio en la Plaza Dos de Mayo. Foto: Peru21

La Resolución 364 es el equivalente a tener una llanta pinchada y decidir botar el carro. Como dice Lizarzaburu:

Es cierto que el sistema que existía era deficiente, lento y frustrante. Tan solo para conseguir la autorización se exigían 18 requisitos, y algunos de ellos eran un trámite adicional, como obtener certificados de la municipalidad que tomaban meses.

Una vez ingresados, la solicitud podía tardar más de un año o varios. En ocasiones, el resultado final era negativo, no se autorizaba la obra y al final salían perdiendo el dueño, la empresa y la casona misma.

A todas luces el sistema necesitaba una reforma. Con tantos parámetros y supuestos obstáculos cualquier inversión se tornaba un ejercicio en esquizofrenia burocrática. Claro que había que cambiar eso. ¡¡Pero cambiarlo, mejorarlo. No eliminarlo!!

El procedimiento previo tenía dos etapas: el Ministerio de Cultura evaluaba el proyecto de la empresa y luego, si era aprobado, se lo pasaba a la municipalidad respectiva. Ahora el ministerio no pinta y son las comisiones técnicas de cada municipalidad las que decidirán si el proyecto presentado es viable.

El problema es que las comisiones técnicas no existen en muchas partes de nuestro país. Entonces, ¿qué consecuencias trae consigo esto? El autor de Lima Milenaria dice que esto podría pasar con las casonas, edificios y  bienes históricos:

  • Podrán demoler parcialmente si lo necesitan
  • Podrán demoler completamente, en casos que no sean monumentos
  • Se podrán destinar a usos que el empresario decida darle
  • Se podrán alterar fachadas
  • Usarán distintas alturas
  • Se podrá usar concreto armado, porque es más rápido y barato
  • Podrán hacer prácticamente lo que les dé la gana con bienes históricos, porque no habrá nadie que vea el proyecto antes que lo ejecuten.

Asu…

 

La respuesta del gobierno

Ante todos los cuestionamientos que la resolución causó, el Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo Butters, dio un paso al frente:

Lo que hace dicha norma es modificar el procedimiento de aprobación de los proyectos y expedientes que pudieran afectar el patrimonio unificándolos a través de un solo espacio de discusión y toma de decisiones.

Así, se otorgan más responsabilidades a las municipalidades y colegios profesionales en el proceso. Cuestión que, además, pareciera un justo pedido y ha sido un reclamo constante, sobre todo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Claro, suena bien. Pero, como decíamos a la mitad de este post, “las comisiones técnicas no existen en muchas partes de nuestro país”. El argumento entonces queda inválido porque Lima no es el Perú (un dato que aparentemente aún es difícil de aceptar).

En fin. Sigue el Viceministro:

Es erróneo asumir que las normas que simplifican los procesos de aprobación de intervenciones se dan en provecho de las grandes urbanizadoras. De hecho, la mayoría de expedientes son de propietarios individuales y de modificaciones puntuales o modernizaciones. Por lo tanto, las modificaciones simplifican los procedimientos en beneficio de los ciudadanos. 

Disculpará usted la desconfianza, Señor Viceministro, pero en un país donde las leyes tienen nombres de empresas, uno tiene que andar bastante alerta.

Además, es necesario que, en aquellas áreas que no son competencia del Ministerio de Cultura, las municipalidades cumplan su rol en lo que toca al uso que se pueda dar a los inmuebles históricos, a la definición de su habitabilidad y, en general, a la fiscalización de su cuidado. Por ejemplo, en lo que toca a la fiscalización, las competencias y capacidades del ministerio están restringidas a la atención de denuncias o flagrante afectación al patrimonio.

Ciertamente, sería hermoso que las municipalidades cumplan con todo lo que se espera de ellas, pero sincerémonos: no todas tienen la capacidad para hacerlo.

Si esta norma sigue adelante, esperemos que el gobierno tome las acciones necesarias para empoderar bien a aquellos a quienes le están dando responsabilidades. Si no, disculpando el cliché, será peor el remedio que la enfermedad.

Diego Pereira

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