ecología , internacionales , noticias , politica Martes, 4 noviembre 2014

Tres destapes sobre el negocio de la tala ilegal en el Perú (que no viste en las noticias locales)

Estos últimos días se ha producido una serie de hallazgos en materia ambiental que han pasado desapercibidos pero que deberían llamar nuestra atención. Especialmente, si tenemos en cuenta que Perú es el anfitrión de la COP 20, la ronda de negociaciones internacionales sobre cambio climático. Las tres noticias han sido:

  1. La publicación de los resultados del operativo Amazonas 2014 que realizó Osinfor junto con la SUNAT y la Interpol. Así es, la Interpol, porque el negocio de la madera ilegal de Perú ha cruzado las fronteras hace rato.
  2. Un estudio realizado por el proyecto Munden, donde se revela que el 40% del territorio peruano ha sido concesionado con fines de explotación minera y maderable, lo que ha traído problemas de desplazamientos de las comunidades indígenas.
  3. Un video de la CCTV (la tele china) mostró clarito cómo es que en la selva peruana uno se puede encontrar con el negocio de la tala ilegal solo siguiendo el curso de los ríos.

A continuación, vamos a explicar como para dummies cada una de estas graves noticias:

 

1. Así se «blanquea» la madera

Hace unos meses, la situación de la tala ilegal recién mereció un lugar en la agenda de todos los medios cuando el líder asháninka Edwin Chota junto con otros cuatro dirigentes de la zona fueron asesinados por madereros ilegales. Este lamentable hecho evidenció dos graves problemas. Por un lado, el poder de los madereros ilegales, capaces de asesinar y amedrentar a las comunidades indígenas que por defender su territorio se oponen a ellos; y por otro lado, la inactividad del Estado frente a un delito que va más allá de lo ambiental.

Fotografía realizada por el propio Edwin Chota Valera que denunció tala ilegal en Saweto. En Ucayali, 82 comunidades luchan contra concesionarios forestales y taladores ilegales. Foto: Propurus

Fotografía realizada por el propio Edwin Chota Valera que denunció tala ilegal en Saweto. En Ucayali, 82 comunidades luchan contra concesionarios forestales y taladores ilegales. Foto: Propurus

Como les decíamos al inicio, la semana pasada, OSINFOR, el organismo encargado de supervisar las concesiones forestales y la madera que sale de ellas, hizo un hallazgo espeluznante. Después de sus inspecciones en Loreto, Ucayali, Huánuco y Junín, concluyó que en el 68% de los casos, había “evidencia de información no veraz”. En otras palabras, había más de un indicio que señalaba que los concesionarios «legales» habían mentido sobre el origen verdadero de la madera.

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El modus operandi para blanquear madera es el siguiente. Después de haber extraído madera de una zona prohibida –un parque nacional por ejemplo– el dueño de este cargamento compra los papeles de origen a un concesionario legal y registrado. En estos papeles consta que la madera ha sido extraída de una concesión forestal y que, por tanto, el origen es legal y puede ser comercializado y exportado sin problemas. El delito se comprueba cuando OSINFOR va a la concesión y comprueba que esta jamás ha sido tocada, que todos los árboles están intactos o que la especie que aparentemente salió de allí, es inexistente en la zona.

El volumen de madera ilegal comprometido en los procesos administrativos iniciados por el OSINFOR, asciende 36 millones de pies tablares, de los cuales, 30 millones corresponden a Loreto. Las especies amenazadas ya no solo son el cedro y la caoba, ahora las maderas duras como la virola, el tornillo o el shihuahuaco son el nuevo objetivo de la industria del lavado de madera.

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 Un ejemplo reciente fue el del vicepresidente regional de Ucayali, Carlos Henderson. Osinfor también determinó que la madera que «salía» de la concesión de este señor tenía origen ilegal.

se comprobó que más de 4 mil m3 de madera ilegal salieron de su concesión. Foto: Gaceta Ucayalina

Se comprobó que más de 4 mil m3 de madera ilegal salieron de su concesión. Foto: Gaceta Ucayalina

2. Hace rato nos volvimos internacionales

El tema de la tala ilegal es tan preocupante que ha merecido la atención de las cadenas de televisión extranjeras. El periodista Daniel Collyns de CCTV hizo un recorrido por Loreto y lo que recogió a cada paso fue la evidencia de cómo la tala ilegal convive con las comunidades y las autoridades con plena impunidad. Una de los hallazgos más graves de este reportaje es que casi el 80% de la madera extraída en el Perú, tiene origen ilegal.

Este no ha sido el único informe sobre la tala ilegal a nivel internacional.

Las especies CITES son aquellas que están protegidas en el comercio internacional. En el 2012, la ONG EIA (Environmental Investigation Agency) publicó un informe que daba cuenta de la cantidad de especie CITES de origen ilegal que habían sido exportadas a Estados Unidos gracias al TLC con ese país. El informe de EIA se abocó en rastrear el cedro y la caoba ya que, al ser especies CITES, tienen una reglamentación que permitía rastrear la madera en diferentes etapas. Pero, lamentablemente, hacer el seguimiento del blanqueo de las maderas fuera de la lista CITES es casi imposible.

 

3. El 40% de todo el Perú

Protesta contra Pluspetro. Foto: Lupe Muñoz

Protesta contra Pluspetrol. Foto: Lupe Muñoz

Como mencionamos al inicio, el problema de la tala ilegal excede el aspecto ambiental sino que toca problemas más graves como el de derecho y propiedad de la tierra. Una investigación realizada por el Proyecto Münden, revela que Perú es uno de los países con mayores extensiones de tierra entregada al sector privado para la minería, la explotación forestal, la extracción de petróleo y gas, y la agricultura a gran escala.

Más del 40% de la superficie terrestre del Perú, ha sido entregada para esos fines.

Sí: el 40% de nuestro territorio. Para que comparen: en el caso de Indonesia se ha entregado el 30%.

Aquí se encuentra el origen de los conflictos sociales de nuestro país. La investigación del Proyecto Münden estableció algunos patrones de conflicto. Una de las principales causas está referida a los plazos. De acuerdo a lo investigado, en más del 75% de los casos el conflicto empieza en los primeros momentos del proyecto en cuestión. En lugar de involucrar a los pueblos indígenas y las comunidades locales, los gobiernos y las corporaciones llegan a ellos sólo después de que los planes se han elaborado.

Un ejemplo de esto se vio cuando Perú y Brasil acordaron construir 15 hidroeléctricas que implicaban el éxodo de 24 mil nativos. amazónicos. Aquí fue donde apareció Ruth Buendía, la lideresa que defendió los derechos de los asháninkas en condiciones totalmente adversas. Por su lucha y defensa, Ruth recibió el Premio Goldman.

Ruth Buendía recibiendo el Permio Goldman. Foto: La República

Ruth Buendía recibiendo el Permio Goldman. Foto: La República

Otro de los grandes motivos para el inicio de un conflicto se refiere a la falta de cumplimiento de las leyes sobre recursos naturales. Cuando las comunidades y las ONG locales descubren estos impactos, desafían a los gobiernos y los responsables del sector privado para poner fin a las operaciones y remediar los problemas. Sin ir muy lejos, el derrame de petróleo por Pluspetrol generó la protesta de 13 comunidades en  Loreto.

En síntesis, de seguir entregando más tierra para estas actividades sin que el Estado tenga un papel fiscalizador más activo como para frenar el negocio de la tal ilegal, lo que nos espera es una lista de conflictos donde las comunidades indígenas resultarán como las más afectadas.

Avisados estamos.