corrupción , noticias , politica Lunes, 18 agosto 2014

Cruzamos VERITA con otras 4 bases de datos y encontramos a estos candidatos prontuariados

Candidatos golondrinos, morosos alimentarios y con condenas por terrorismo

“Verita”, el programa que busca en las hojas de vida de los candidatos, esta vez cruzó su información con otras bases de datos del Estado y los resultados son, nuevamente, alarmantes. Además: los problemas de la transparencia.

Escriben Marco Sifuentes, Ernesto Cabral y Aniversario Peru
para La República 

No es sorprendente, por su tamaño, que Lima ocupe el primer lugar. Pero el no tan sorprendente segundo lugar es la convulsionada Ancash.

Por su tamaño, Lima ocupa el primer lugar. Pero no deja de sorprender el segundo puesto de la convulsionada Ancash. Infografía: La República / Utero.Pe

Todo empezó hace exactamente un mes. El 17 de julio, Utero.Pe publicó que 1395 candidatos a regidores, consejeros, alcaldes y presidentes regionales habían sido sentenciados a condenas penales y civiles de los más diversas: 871 por juicios de alimentos y 113 por peculado eran las cifras más escandalosas.

¿Cómo se había detectado esta situación? Gracias a una alianza con la Asociación Civil Transparencia, se pudo acceder a las hojas de vida que habían presentado los candidatos ante el JNE. Así, un pequeño equipo liderado por el hacker conocido como Aniversario Perú se dedicó a limpiar manual y lentamente la información (por ejemplo: incluir bajo “homicidio” las hojas de vida en las que los candidatos habían escrito “omisidio”). Luego, se creó una base de datos capaz de responder todas nuestras interrogantes: Verita.

El trabajo de Verita se centró inicialmente en los antecedentes penales y civiles de los candidatos pero también puede responder preguntas cómo:

  • ¿Quién es el movimiento o partido con más participación de mujeres? (“Movimiento Luchando por un Futuro Mejor”, de Lurín);
  • ¿Cuáles son los departamentos con más postulantes? (Lima, con 13.127 candidatos, seguido por Ancash, con 8.863).
  • También se pueden sacar estadísticas útiles como que el 45.3% de candidatos vienen del sector público y el resto (54.7%) del privado.

Pero Verita concentró su trabajo en la fiscalización de los candidatos sentenciados. Reveló los nombres de los 7 candidatos sentenciados por homicidio, los 13 por narcotráfico, los 5 por terrorismo, etc. Esto sería sólo el inicio.

Ancash ocupa el PRIMER LUGAR en sentencias de alimentos (en empate con Cusco) y nada menos que por peculado (mal uso de recursos del Estado). Infografía: La República / Utero.Pe

Ancash ocupa el PRIMER LUGAR en sentencias de alimentos (en empate con Cusco) y también en, ojo aquí, peculado (mal uso de recursos del Estado). Infografía: La República / Utero.Pe

 

La multiplicación de los datos

La opinión pública reaccionó y en cuestión de días las instancias estatales empezaron a echar sus propias estadísticas. El ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó una lista de 124 candidatos con algún proceso, condena, investigación o requisitoria por tráfico ilícito de drogas. Se reveló que 2.131 postulantes se encuentran en el Registro Nacional de Condenas (RNC). Y, finalmente, el JNE anunció que 345 tienen condenas vigentes y, por tanto, se pedirá que sean retirados de la contienda electoral.

¿Cómo se explica la variedad radical de números? Por la multiplicación de bases de datos. La de Urresti, por ejemplo, considera incluso a los que simplemente están siendo investigados por narcotráfico y bien podrían ser inocentes. Tanto por la honra de personas que podrían resultar inocentes como para no entorpecer las investigaciones es mejor no revelar sus identidades. Pero no se justifica la reserva en otros casos.

Otro ejemplo de la dispersión: los 1395 encontrados por Verita son menos que los 2131 incluidos en el RNC porque Verita sólo trabaja con lo que los candidatos han declarado voluntariamente en sus hojas de vida. Por lo tanto, hay 736 postulantes –la diferencia entre ambas cifras– que no declararon sus condenas en sus hojas de vida.

Dentro de los 2131 del RNC están los 345 candidatos con condena vigente. De esos, sólo 64 la habían consignado en su hoja de vida. Es decir, sólo 64 habían sido detectados por Verita.

Este enredo refleja un problema que se presentó constantemente durante el trabajo de Verita y que resulta crucial para la transparencia estatal: la dispersión de bases de datos.

Esta dispersión originó que algunos datos iniciales de Verita estén incompletos. Lamentablemente, debido a la reglamentación oscurantista de la Ley de Datos Personales, la información sobre condenas del Poder Judicial sólo puede ser revelada por el propio sentenciado. Por ello, Verita no puede acceder a la base de datos del RNC para incorporar a su análisis a los 736 candidatos que no declararon sus condenas. Pero lo que sí puede hacer, es ingresar a otras cuatro bases de datos.

unnamed

Este es el resultado:

 

Al menos 11 condenados por terrorismo

terro

Imagen: La República / Utero.Pe

Hace unas semanas, Verita encontró 5 candidatos que habían purgado sentencia por terrorismo. La lista difundida del RNC permitió hallar 3 más, ya reportados por la prensa. Esta semana Verita se introdujo en la base de datos del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles en Agravio del Estado y encontró 3 nuevos casos. Sumando a estos nuevos tres, entonces, resulta un total de 11 condenados por terrorismo postulando en estas elecciones. Los casos nuevos son:

  • Hugo Fernando Moya Flores. Postula al cargo de regidor en el distrito de Chorrillos, por el partido Perú Posible. Según el Registro de Deudores, debe al Estado Peruano 199 mil 670 soles de reparación civil. Fue sentenciado en el 2005 pero no lo declaró en su hoja de vida ante el JNE.
  • Lidia Victoria Guevara Grandez. De Alianza Para el Progreso, candidata a regidora distrital en Rioja. En su momento, la prensa reportó que era la responsable de la central de radio y cómputo del Frente Norte del MRTA. En Chiclayo, según las mismas informaciones, un arsenal de armas,  municiones, barras de TNT, explosivos, abundante literatura sediciosa, entre otros objetos”. Debe al Estado 39 mil 880 soles. Tampoco declaró su condena ante el  JNE.
  • El de Mario Ocampo Saldaña, postulante a la alcaldía de Mariscal Benavides por el Movimento Regional Fuerza Amazonense, es el caso que matiza estos hallazgos y nos recuerda que una condena no debería ser una estigmatización. Según Aprodeh, que asumió su defensa, Ocampo fue detenido el 14 de febrero de 1992 y sentenciado a 15 años de prisión, “sólo por haber conducido en su motocicleta, sin saberlo, a un militante tupacamarista, que compró un stencil para luego, según la policía, imprimir un folleto subversivo”.

    Su caso llegó hasta Amnistía Internacional en 1994 y fue, eventualmente, liberado. En el 2002 se convirtió en alcalde de su distrito, postulando por el Partido Aprista. Sin embargo, no declaró su condena en su hoja de vida ni reveló que, insólitamente, aún debe 5 mil soles de reparación civil solidaria al Estado.

La situación de Ocampo es probablemente injusta y seguramente no es la única. Como ha señalado Mirko Lauer, “en la medida que existe una campaña electoral, los candidatos tienen la oportunidad de explicar su situación a partir de su hoja de vida. Esto tanto en lo tocante al incidente que los llevó a la cárcel, como en relación al tipo de vida que llevaron luego de recuperar su libertad.”

 

18 no pasan pensión por alimentos

pagamierda

Imagen: La República / Utero.Pe

Las sentencias por alimentos son, de lejos, las más comunes entre los candidatos (ver segundo mapa). Verita detectó 871 candidatos a los que un juez tuvo que obligarles a pasar pensión a sus hijos. La cifra debe ser más grande pero, como ya explicamos, Verita no puede acceder a la base de datos del RNC.

Pero sí puede ingresar al Redam (Registro de Deudores Alimentarios Morosos) del Poder Judicial, que guarda los nombres de las personas que adeudan, como mínimo, tres cuotas de sus obligaciones alimentarias establecidas por mandato judicial.

Encontramos una lista de 18 candidatos que son obligados alimentarios morosos. Cinco de ellos no figuraban en la base de datos de Verita, es decir, no habían declarado sus sentencia ante el JNE.

Hay casos realmente impresionantes, como el de Manuel Velit Flores, candidato a la alcaldía de Chincha por el Perú Patria Segura de Renzo Reggiardo. Debe 14,560.50 soles de pensión y no declaró haber tenido una sentencia por alimentos. Una situación similar es la de Teodomiro Sánchez Ramirez, que postula a la municipalidad de Huánuco por el movimiento Luchemos por Huánuco. Tampoco declaró su situación ante el JNE y debe 13,856 soles de alimentos.

Pero, de lejos, el peor padre de todos es Willy Cuzmar del Castillo, postulante a la alcaldía distrital de Wanchaq, Cusco, por el movimiento Reconstruyamos Wanchaq. No declaró su sentencia en su hoja de vida y debe nada menos que 38,995.60 soles de pensión alimentaria.

 

Los nidos de “golondrinos”

Screen Shot 2014-08-18 at 00.26.55

Imagen: La República / Utero.Pe

Hace un mes, la Reniec anunció que había detectado más de 11 mil votantes “golondrinos” en el Perú. Después de una labor de fiscalización in situ, el organismo electoral publicó una relación de 11.332 ciudadanos no residían en el lugar que habían declarado. Esa base de datos está publicada en línea y Verita accedió a ella para cruzar su información con la de las hojas de vida de los candidatos.

El programa encontró un total de 16 candidatos que declaran ante el JNE residir en una localidad distinta a la que aparece en su DNI. De ellos, el JNE declaró improcedentes la candidatura de seis. Quedan diez.

  • Un caso notable es de La Capilla, en General Sánchez Cerro, Moquegua. Cuatro candidatos: Abdon Arce Carpio, Juana Quicara, Percy Callenueva y Adelaida Coaguila, que postulan en movimientos distintos a cargos distintos en ese distrito. Sin embargo, todos ellos viven en otra provincia, como Arce, o incluso en otro departamento, como Callenueva, Quicara y Coaguila. Sólo Coaguila ha sido tachada por el JNE.
  •  Otro nido de golondrinos es Tahuamanu, en Madre de Dios. Aquí también cuatro candidatos, también de movimientos distintos y postulantes a cargos distintos, han sido detectados viviendo en otras localidades. Son Marcelo Monteza, Frecia Zambrano, Bonnie Odagawa y Martín Heredia. Odagawa y Heredia fueron detectados y tachados. Los otros dos siguen en carrera.

Ambos casos son señales de alerta. Después de todo, Verita sólo ha detectado incompatibilidades entre lo que declararon los candidatos ante el JNE y la alerta que ha lanzado la Reniec sobre votantes golondrinos. En la medida que no pudimos acceder a la base de datos completa de la Reniec, los casos podrían ser muchos más.

 

Rumbo a la Ventanilla Única

Verita también es capaz de husmear en otras bases de datos. Por ejemplo, en la del SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Su ámbito es sólo limeño pero aparecen alertas interesantes. Allí encontramos a Juan Mosquera Shapiama, que actualmente postula a la reelección de su cargo de regidor por Solidaridad Nacional en San Juan de Lurigancho. Verita encontró que Mosquera, en total, debe 4529.63 soles de arbitrios e impuestro predial a la misma municipalidad de la cual es concejal.

PIWXazcM_400x400

El terror de los candidatos

El cruce con bases de datos distintas a la generada por lo que declaran los mismos candidatos es crucial. La Asociación Civil Transparencia ha recordado que los jurados electorales especiales están habilitados para excluir de las listas electorales a los postulantes que hayan ocultado sus antecedentes judiciales al momento de presentar sus hojas de vida, aun cuando se trate de sentencias cumplidas.

El artículo 23 de la Ley de Partidos señala que la “omisión de la relación de las sentencias condenatorias impuestas al candidato por delito doloso, que hubieren quedado firmes, o la incorporación de información falsa, dan lugar al retiro de dicho candidato…”.

La única forma de averiguar si los candidatos han mentido en las hojas de vida es, insistimos, recurrir a las otras bases de datos del Estado. El hacker Aniversario Perú, empeñoso desarrollador del software que permite la existencia de Verita, explica los primeros pasos que debería dar el Estado:

Pide que las entidades gubernamentales no se queden en lo que ya tienen ahora: buscadores de sus datos, que sólo permite al ciudadano buscar uno por uno a sus candidatos. Se necesita acceso total, “que se libere todo el paquete completo en formato ZIP o parecido”, para permitir a iniciativas ciudadanas como Verita armar sus propias estadísticas y realizar sus propias pesquisas. “Así nos ahorrariamos mucho desperdicio de tiempo y recursos”, dice el hacker.

Por su lado, Gerardo Távara, presidente de Transparencia, propone la meta a la que deberíamos apuntar: la integración de las bases de datos en una “ventanilla única” al servicio de los partidos políticos y del sistema electoral. “El Estado en general debe mostrarse más dispuesto a la colaboración de entidades de sociedad civil y prensa que ha desarrollado muy bien medios electrónicos eficientes y rápidos”, señala Távara.

La gran acogida que ha tenido Verita, tanto en prensa como en reacciones de entidades oficiales, demuestra el gran reclamo de la ciudadanía por transparencia en el proceso electoral. Mejor sorprendernos antes de las elecciones que después de ellas.

Mañana, el gran final: ladrones y violadores

Secured By miniOrange