Guía sencilla para entender lo complejo: el Baguazo, cinco años después

Han pasado 5 años desde que 33 personas fueron asesinadas en Bagua y, hasta ahora, no existe ni un solo responsable político. Se trata de un  evento infeliz y complejo, con múltiples aristas, de las que han derivado cuatro procesos judiciales. El más conocido, y uno de los que está centrando la atención de los medios, es el de los 24 nativos acusados de asesinar a 10 policías.

Pero hay otros tres más.

Vamos a verlos, pero primero, hay una pregunta que, 5 años después, sigue sin respuesta:

¿Qué pasó realmente el 5 de junio de 2009?

A estas alturas todos damos por sentado que sabemos qué fue lo que pasó en Bagua. Cuando escuchamos «Baguazo» acuden a nuestra memoria las imágenes de nativos y policías ensangrentados; el sonido de las balas en una Curva del Diablo; la foto del Mayor Bazán capturado por los nativos.

Pero más allá de estos retazos de información, lo ocurrido el 5 de junio del 2009 en Bagua, tuvo un origen: el deseo de la una compañía transnacional de establecerse en una zona protegida legalmente. Durante el gobierno de Alan García, las leyes cambiaron en favor de esta empresa, pasando por encima de los convenios y leyes que protegían a las comunidades nativas que vivían en esa zona. Cuando García hizo oídos sordos a los pedidos de consulta e insinuó que eran ciudadanos de segunda categoría, se desencadenó lo que terminaría siendo la peor catástrofe en la historia de la Policía Nacional.

Esta historia –a la que se le ha prestado poca atención y que originó la masacre de tantos peruanos– es narrada en el documental de Fernando Vílchez: «La Espera». La película ha sido distribuida hoy, gratis, con La República. Aquí les dejamos el trailer.

Lo importante de este documental es que muestra que la historia no se divide entre nativos buenos y policías malos o viceversa. Este último concepto, a veces difícil de entender para los que ven todo en blanco y negro, resulta crucial para poder entender lo que ha venido ocurriendo con el caso desde entonces.

Ahora sí, estos son los caminos judiciales posteriores al Baguazo:

1. El proceso por «La curva del diablo»

En este caso  que recién se inició hace unos días se encuentran acusadas 52 personas. Ningún político ha sido implicado. Eso sí: seis policías han sido incluidos por asesinar y lesionara a civiles. Según el IDL, para fines de este año ya se podría tener una sentencia, aunque hace una advertencia:

Las imputaciones y autoinculpaciones realizadas por los acusados y co-acusados rendidas en sede policial o fiscal sin la presencia de intérpretes que les permitan expresarse en su lengua de origen y sin la presencia de un abogado de su libre elección SON NULAS de pleno derecho y no constituyen medios de prueba para emitir una sentencia condenatoria.

2. El caso “Estación No. 06 de Petroperú”

Los policías asesinados en Bagua

Uno de los hechos más sangrientos ocurrió en este lugar: 10 policías desarmados fueron asesinados por los nativos que ya habían tomado la Estación días antes. La República reseñó lo que pasó ese día.

Los policías de la Estación Nº 6 de Petroperú habían suscrito un acuerdo de no agresión con los indígenas. Sin embargo, el pacto se rompió cuando otro contingente de efectivos, por mandato del general Muguruza, con conocimiento del Ministerio del Interior, emprendió una operación de desalojo de la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto que estaba tomada por los manifestantes.

“Al promediar el mediodía uno de los dirigentes indígenas tomó conocimiento de que tres hermanos nativos habían sido asesinados durante el desalojo de la Curva del Diablo. La noticia de la muerte de los nativos fue el detonante. Los indígenas comenzaron a gritar: ‘¡Hay que matarlos como ellos mataron a nuestros hermanos!’. Seguidamente, la turba empezó a disparar y a atacar con sus lanzas”.

Aquí un video bien fuerte de cuando encontraron el cuerpo del Comandante Miguel Montenegro que estaba a cargo de la Estación.

En este proceso, ya se concluyó la etapa de la investigación judicial y se encuentra expedito para que el Fiscal Superior de Bagua decida la suerte de 24 inculpados indígenas, procesados por la muerte de 10 efectivos policiales y lesiones de otros 28.

Sin embargo, la pregunta queda, ¿quién dio la orden para que se empezara con el desalojo en la Curva del Diablo si se sabía que habían 38 policías secuestrados en la Estación N° 6? Mutis.

3. El caso del Mayor Felipe Bazán

Único registro de los últimos momentos del Mayor Bazán.

Asterio Pujupat Waachapea es quien aparece junto con el Mayor Bazán en la brutal foto que todos recordamos. Él junto con  Feliciano Cahuasa Rolín y Juan Cruz Cotrina son los acusados en este caso. Como se recuerda, el cuerpo del Mayor jamás apareció. Los acusados no han querido o no han podido dar mayores indicios de dónde hallar su cadáver.

Este proceso  ya  se culminó la etapa de la investigación judicial y está pendiente la acusación del Fiscal Superior.

4. El caso contra los generales de la PNP

Aquí los procesados son los oficiales Luis Elías Muguruza Delgado, Javier Uribe Altamirano, Javier Del Carpio Sánchez, Augusto Fernández Guevara, Walter Ascención Chicana Dett y José Armando Sánchez Farfán, ex Director General de la Policía.

Sin embargo, este proceso se encuentra aún en la etapa de la instrucción, y tan solo hace una semana se ha ampliado el plazo por 30 días. El IDL pidió que se incluya a Mercedes Cabanillas como parte de la investigación pero no hubo respuesta. Hasta ahora ella solo se ha presentado en calidad de testigo.

Un punto a tomar en consideración es que, aunque los policías sean encontrados culpables, el pago por concepto de reparación civil no será efectuado porque ya prescribió.

¿Y los responsables políticos?

Una Comisión Investigadora del Congreso, presidida por Güido Lombardi, ahondó en todas las aristas del caso. Lamentablemente, el informe en minoría de Lombardi no fue discutido ni aprobado por el pleno del Legislativo. Allí se señala responsabilidades políticas no solo en Mercedes Cabanillas, sino también en el ex Primer Ministro Yehude Simon y en la entonces Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz.

Como vemos, desde hace cinco años la pita se rompe por el lado más débil. Policías y nativos sí pueden ser responsables. ¿Políticos? No, ellos no. Ellos sí son de primera categoría.