¿Eres feliz con Movistar o con Claro o con Nextel?

Yo no. Y probablemente tú tampoco. De hecho, no conozco a una sola persona que esté (ya no contenta y mucho menos feliz) siquiera relativamente satisfecha con el servicio que le brinda su operador de telefonía móvil -tenga o no un smartphone- , de telefonía fija, de Internet o de cable TV.

Lo que llama la atención -e indigna- es que no parece que las quejas (los servicios de telecomunicaciones son los terceros con más quejas en Indecopi detrás de bancos y empresas de transportes, –y eso que no matan a nadie) ni los reclamos tengan efecto alguno en la calidad de los servicios, es decir, los operadores no resuelven nada de nada, todo sigue igual.

Y claro, igual también cobran, brindando o no el servicio, se corte o no la línea, con intermitencias o sin ellas, exista o no cobertura de Internet donde dicen que esta debería existir a la velocidad que te ofrecen cuando te venden el paquete, veas o no el partido de fútbol o te hayas quedado con tus amigos y las cervezas heladas escuchándolo por la radio. ¿Y Osiptel? ¿No se supone que esa es la entidad llamada a velar porque el servicio que nos ofrecen y por el que pagamos sea el adecuado y que no abusen de nosotros (¡GUARDA!) sin que haya consecuencias?

Que las cosas estén así tiene y ha tenido varios responsables a lo largo de los años. Entre ellos, el propio Osiptel. Pero eso está cambiando. Por eso, el año pasado, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para fortalecer al supervisor de las telecomunicaciones modificando el marco regulatorio dentro del que este funciona. Y ya era hora: la ley que establece desde las funciones y atribuciones de Osiptel hasta la proporcionalidad de las multas es de cuando no existían los smartphones, había menos de menos de 1 millón de celulares (hoy son más de 30 millones… sí, hay más teléfonos que gente en el Perú) no se habían entregado en concesión las bandas de 1.7 y 2.1 Ghz, no existía la red dorsal de fibra óptica y la cobertura de servicio no alcanzaba, como hoy, a más de 1.800 distritos. Había menos participantes en el mercado y los que había facturaban 700 millones de dólares al año (hoy facturan alrededor de 6.000 millones de dólares). Es como tener un reglamento de tránsito para bicicletas en un país donde solo hay aviones. Más o menos.

Difícil pensar en alguien -además de las operadoras, claro- que pueda estar en desacuerdo con modernizar el marco regulatorio y brindarle al supervisor (en este caso, Osiptel) las herramientas para que pueda hacer a cabalidad aquello que todos le exigimos que haga: que vele porque el servicio que nos ofrecen y venden sea el que nos brinden. Nada más.

Pero resulta que el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso el año pasado y todavía nada de nada. Uno esperaría que, siendo un tema que con toda seguridad tendrá el apoyo de todo el mundo -menos de las operadoras-, este se resolvería inmediatamente. Pero no ha sido así.

¿Por qué? Los principales argumentos en contra de fortalecer a Osiptel van por dos frentes. El proyecto propone tercerizar la labor de supervisión, delegarla en personas jurídicas o naturales especialistas en estos temas para que levanten actas de desperfectos o de mal servicio o similares. El segundo punto tiene que ver con las multas porque, como sostienen algunos congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde y Rolando Reátegui (titular y secretario, respectivamente, de la comisión de Economía, a donde fue a parar el proyecto), ¿para qué le vamos a dar más herramientas si con las que tiene no hace su trabajo y encima le vamos a dar «discrecionalidad» (sic) para que pongan multas más altas? Además, pueden terminar siendo desproporcionadas. Dicen.

Vamos por partes:

Tercerización de la supervisión:

Con este punto, por ejemplo, los congresistas del PPC, Juan Carlos Eguren y Luis Galarreta y Jaime Delgado, del nacionalismo, están de acuerdo. García Belaúnde tiene sus dudas, lo mismo que Reátegui. El congresista Yonhy Lescano, por su parte, tiene un inconveniente más: «¿cómo vamos a poner a estos chiquititos a supervisar a los grandazos como Telefónica o Claro? ¡Se los van a llevar de encuentro pues!».

Veamos. Si Osiptel tuviera que contratar dentro de su planilla al 100% de inspectores que verifiquen que las comunicaciones funcionen adecuadamente en cada distrito del país (al menos dos por cada distrito), se quedaría sin fondos porque debería reclutar a casi 4.000 personas extra (hoy, en Osiptel, trabajan 540 personas) que estarían ociosas la mayor parte del tiempo (no todos los días hay problemas en toooodos los distritos). Es impráctico y caro y, con respecto a la observación de Lescano, otra vez, Osinerming, Sunass y Ositran ya tercerizan la supervisión (OJO, la supervisión, no la fiscalización, tal y como se plantea para Osiptel) con buenos resultados hasta el momento. Y, por cierto, las empresas mineras son infinitamente más grandes que los concesionarios que las supervisan.

Multas:

Algunos congresistas temen que el supervisor multe desproporcionadamente y como le dé la gana a los operadores por faltas que no sean graves y en las que no haya dolo (es decir, que no están burlando las normas a propósito para obtener un beneficio); lo que podría engrosar la burocracia y la carga procesal, además de desincentivar la inversión que realizan las empresas para ampliar coberturas y mejorar servicios, por ejemplo. En palabras de Eguren, «hay que ser tolerante con las faltas leves y muy drástico con las muy graves».

No obstante, la mayoría de los congresistas y especialistas consultados -incluyendo a Eguren- reconoce que la escala de multas actual está desfasada y ha dejado de ser todo lo disuasiva que debería ser. Por eso, en algunos casos, las empresas incurren en inconductas porque les sale más barato que corregir la práctica perniciosa. Es decir que, si cometer una falta las hace ganar S/.5.000, está muy bien que la multa sea de por lo menos el triple de ese monto para que no les sea rentable cometerla incluso pagando la multa.

Osiptel tiene las multas más baratas. Una UIT -Unidad Impositiva Tributaria- es de S/.3.800 y se ajusta todos los años.

Entonces, ¿por qué los congresistas no se ponen de acuerdo y aprueban la modificación? Las explicaciones que acabamos de leer no son tan contundentes, ¿o sí? ¿Por qué no querría el Congreso votar a favor de una medida que beneficiará a los usuarios (que están -estamos- hartos del mal servicio) y que además le granjearía algo de popularidad en tiempos en que son percibidos tan mal por la población en general? ¿Qué puede estar haciendo que el proyecto se retrase de la manera en la que viene sucediendo?

En los pasillos del Congreso se dice que hay alguien del Ejecutivo que no quiere que pase la norma, o aún no o no como está a la fecha. Recortarla sería nefasto. Entre los congresistas con partidos políticos que van a participar en las próximas elecciones regionales y municipales (el nacionalismo no lo hará) van a necesitar sponsors, lo que podría explicar algunas ausencias, pero de ningún modo todo el retraso.

La bancada oficialista tiene los números suficientes para pasarla y este es un proyecto enviado por el gobierno nacionalista. De hecho, luego de ser discutida una primera vez en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, pasó al Pleno sin apuntes ni modificaciones y, luego de dos cuestiones previas, se decidió que pasara a las comisiones de Defensa del Consumidor y de Economía, en donde aún no es debatida o porque no ha habido el quorum suficiente o porque los congresistas han pedido más tiempo para leer la norma y entender sus alcances.

Pero sí tuvieron tiempo para ponerle nombre al cielo y homenajear a los emolienteros regalándoles un día en el calendario nacional. Total, los casi 30 millones de usuarios de las telecomunicaciones en el país pueden esperar.