Se viene una grande. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda presentada por un grupo de ONG internacionales (CEDHA, Earthjustice y AIDA, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental) contra el Estado Peruano. ¿El motivo? “La falta de compromiso y acción del Estado peruano para cumplir con los parámetros ambientales mínimos establecidos” en La Oroya (la que, recordarán, es una de las cinco ciudades más contaminadas del mundo, al ladito de Chernobyl).
Dice la CIDH (más tarde subo el documento):
“La Comisión considera las supuestas muertes y/o afectaciones a la salud de las presuntas víctimas como consecuencia de acciones y omisiones estatales frente a la contaminación ambiental derivada del complejo metalúrgico que funciona en La Oroya, de ser probadas podrían caracterizar violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana. Esto, según la mencionada instancia internacional, deberá ser probado en una investigación que determinará la real responsabilidad del Estado peruano por la falta de control y medidas efectivas frente a la contaminación que se ha venido generando en el Complejo Metalúrgico de La Oroya.”
Este pleito judicial se plantea en medio de las duras negociaciones entre el gobierno actual y los conchudazos de Doe Run que están pidiendo que se prorrogue nuevamente el plan ambiental (el famoso PAMA) que debieron haber cumplido hace años. Ojo que Alan acaba de dar unas recientes declaraciones acerca de una “solución realista” para La Oroya, que algunos han leido como una pasadita de mano a la minera. No olvidemos que Del Castillo tuvo una extraña participación en un juicio contra Doe Run planteado en Missouri y luego, de vuelta en Peru, ha asumido el rol de negociador entre la empresa y el Estado.
