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Durante el fin de semana Hugo Chávez le ha quitado la licencia a 34 radios y ha anunciado que hará lo mismo con doscientas más. ¿Las razones? No importan, al chavismo le da lo mismo cualquier formalidad con tal de restringir la libertad de expresión en Venezuela.
Estos cierres ocurren mientras se debate en el Congreso venezolano una ley sobre “delitos mediáticos”, que Hildebrandt explica muy bien. Un extracto:
¿Qué dice esa propuesta?
Que serán “delitos mediáticos” aquellas informaciones que atenten contra “la paz social, la seguridad y la independencia de la nación, la seguridad de las instituciones del Estado, la salud y la moral pública de los venezolanos”.
O sea que, desde esa óptica, “La Primera” tendría que ser clausurada en Caracas. Y sus periodistas tendrían que terminar encausados y, casi seguramente, encarcelados.
El artículo cuarto del proyecto afirma que también serán considerados delitos punibles “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial…” (…)
¿Y quién decidirá qué es independencia de la nación, atentado contra la paz social, agravio al orden público, amenaza a la salud mental?
Pues Hugo Chávez y su corte de aduladores impávidos, sus fiscales ad hoc, sus jueces al hilo, sus tribunales sin escrúpulos y sus congresistas sin vacunar.
Ojo que lo sucedido acá nomás, con Radio La Voz de Bagua no es muy diferente. El gobierno ha iniciado una investigación a sus periodistas acusándolos de instigar a la violencia, aún cuando ya se ha probado que sus ondas no llegaban hasta la Curva del Diablo ni la Estación 6, donde murieron los policías.
Hace un par de días, ante una pregunta de Luis Jaime Cisneros sobre el caso, el Quemier respondió que la Voz de Bagua incitó a la violencia, que su información atentaba contra la paz, que ponía en peligro la seguridad de la Nación. O sea, igualito que Chávez pero en versión mal menor.
