David Rivera se despide del área económica de El Comercio con una denuncia que merece harta difusión:
En una reunión internacional de la ONU para fijar una posición sobre los productos transgénicos, se iba a votar un acuerdo para que, ante la imposibilidad científica de determinar los perjuicios del uso de estos, las empresas asuman el costo de cualquier impacto negativo. ¿Sabe quién se opuso? El Perú y Paraguay (al final se sumó Japón). En la Cancillería están furiosos, pues este cambio de posición fue llevado por el representante del ministro de Agricultura Ismael Benavides, el señor Alex Grossman. Le preguntamos a Benavides las razones de esta posición y nos respondió que no estaba al tanto de los detalles. Ministro Benavides, si es cierto que no conoce los detalles de un tema tan importante, ¿no cree que tiene que irse a su casa? Y si lo sabía pero le da temor explicarlo, algo huele mal. ¿A qué empresas estaba protegiendo el señor Grossman? ¿Hay alguna empresa peruana importante en el rubro? ¿Quién es el señor Alex Grossman? El tema merece una investigación del Congreso.
Poco a poco las empresas que experimentan con transgénicos han ido asentando sus reales en el Perú (ver aquí y aquí), lo cual podría no tener nada de malo si viviéramos en una sociedad que proteja a sus ciudadanos de las posibles consecuencias sobre la salud y los cultivos que conllevan las prácticas de estas trasnacionales. Lamentablemente, vivimos en la Era del Hortelano, en la que precisamente los funcionarios que deberían establecer regulaciones para estas empresas son los primeros en regalarséles con lacito y todo.
(post cortesía del comentarista Salvador)
P.S.: Alex Grossman resultó siendo Alexander Grobman Tversqui, “consultor en biotecnología”.
