¿Qué hacemos con la Lizárraga?
El nombramiento de Carolina Lizárraga como jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) ha desatado una epidemia de cejas levantadas. Hasta Caretas ha dicho algo así como que ser anunciada en Palacio no es exactamente una señal de independencia.
Las críticas más frontales contra la Lizárraga como jueza han venido del toledismo algo que -si el recuerdo del Almeyda, las firmas, el borracho, el violín et al. no fallan- quizás es una mejor señal de lo que uno esperaría.
Sin embargo, más allá de Lizárraga -que es una gran abogada- hay dos problemas básicos con la ONA:
1. Credibilidad. Resumido así por Rosa María Palacios:
El presidente Alan García, que se amparó en la prescripción para no responder a las denuncias en su contra por desbalance patrimonial -no olvidarlo-, tiene que asumir que llegó al poder, en esta ocasión, con la credibilidad en materia anticorrupción muy disminuida por sus propios actos previos. Con estos antecedentes, ¿tiene hoy este gobierno algún propósito de enmienda o voluntad de cambio en las dos cuestiones planteadas? No. Se sigue abusando de las normas de excepción y se sigue manteniendo en sus puestos a los mismos que se dejaron engañar.
2. Duplicidad de funciones. Al toque saltaron la Contraloría y la Fiscalía (que evalúa demandar a Jorgito), que más o menos hacen lo mismo que la ONA (junto con los procuradores anticorrupción, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Fiscalización, Consucode, etcétera). El cargamontón por este lado ha sido tal que la novísima jefa de la ONA, según La República,
…admitió que las investigaciones que realizará su despacho serán solo «incipientes«, y que los casos que llevará adelante tendrán un carácter de procesos administrativos.
O sea…
¿Y, entonces, qué hacemos con la Lizárraga? Me quedo con esta conclusión de Álvarez Rodrich:
El gobierno debería sopesar las críticas a la ONA y, quizá, concluir en que lo mejor sería designar a Lizárraga en un puesto de línea en el que sí cuente con los instrumentos para, aprovechando, sus cualidades, cumplir con mejores posibilidades su propósito.
Así, podría ser la nueva ministra de Justicia o, mejor aún, reemplazar a Moisés Tambini en la jefatura de los procuradores, alguien que hoy desprestigia al gobierno en la lucha anticorrupción.
Francamente, sería perfecto que Carolina remplazara al ex abogado de García. Sobre nuestro engreído Tambini, ojo con este dato de Caretas:
El pasado martes 15, se presentó en la Comisión de Constitución del Congreso para promover un proyecto de ley para crear la Procuraduría General de la Nación, una OPD (Organismo Público Descentralizado) autónoma que tutele a todos los procuradores del Estado.
“Es necesario que este organismo tenga su autonomía, que funcione como el Jurado Nacional de Elecciones o el Ministerio Público, no depender del Ministerio de Justicia”, remató Tambini.
Con gente como Tambini y Matute -que tiene su propio juego- tendrá que convivir Carolina Lizárraga. ¿Sólo para impulsar procesos administrativos?
